Lucha contra las drogas: “Las penas en Argentina son un desorden total”

Redacción de La Nueva.

[email protected]

Audionota: Juan Ignacio Zelaya

Fallos de la justicia federal bahiense en juicios por narcotráfico, con absoluciones o montos de penas bajos en comparación con las características y gravedad de los hechos, generan desde hace tiempo reprobación e interrogantes en gran parte de la sociedad bahiense, especialmente en el ámbito jurídico.

El caso más reciente es la condena a parte de una banda que intentó traficar casi 200 kilos de cocaína, pero por motivos desconocidos perdió el cargamento que después se encontró flotando dentro de bolsos en la ría local y en una playa de Coronel Rosales.

En juicio abreviado (acuerdo del fiscal, los defensores y los acusados), tres de los cuatro integrantes de la organización criminal recibieron sanciones de entre tres y cuatro años y medio de prisión, impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de esta ciudad.

En ese juicio, el fiscal Gabriel González da Silva modificó el grado de participación de los acusados: de coautores (como había planteado el fiscal de instrucción, Santiago Ulpiano Martínez) a partícipes secundarios, una figura más “liviana”.

El mismo juez del TOCF, Ernesto Sebastián, condenó a 6 años de prisión a Salvador Sottile, el pescador que en Pehuen Co halló uno de los bolsos a la deriva e intentó vender la droga. El imputado en esta causa conexa recibió más pena que los tres miembros de la banda narco en cuestión.

Asimismo hicieron “ruido”, más atrás, los 4 años de cárcel que, también en juicio abreviado, le impusieron a Brisa Mora, en cuyo domicilio la Policía secuestró 500 kilos de marihuana y 5 de cocaína.

El castigo parece exiguo si se toma en consideración la gran cantidad de estupefacientes para comercializar que en 2022 se incautó en un inmueble de Pasaje Calvento al 500. 

En ese momento se explicó que la chica era un eslabón débil y que a partir de su sentencia se podría avanzar “hacia arriba”, pero no hubo más novedades.

Por otra parte, en juicios orales relacionados también con infracción a la ley de drogas (23.737) no se pueden pasar por alto las absoluciones dictadas por el TOCF en beneficio del exfiscal general federal ante la Cámara de Apelaciones, Alejandro Cantaro (acusado de encubrir una banda narco), así como de Juan Ignacio Suris y los hermanos Vidal Ríos.

La Nueva. consultó al fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) quien, si bien prefirió no abordar casos puntuales, reconoció que el problema de las sanciones leves se origina por la falta de un método de “estandarización” de las penas en nuestro país.

“Las penas en la Argentina son un desorden total”, afirmó el funcionario bahiense.

“Bahía Blanca se caracteriza por ser una ciudad donde no hay grandes cantidades de droga, salvo las dos toneladas de cocaína (en referencia al caso Bobinas Blancas). Entonces cuando se encuentra esa cantidad (por los 200 kilos en la ría), tenés que responder en función de ese volumen”, agregó.

“Siempre hay una variación que es propia del lugar, porque no es lo mismo 150 kilos de cocaína en Bahía que en Salta, por motivos obvios. Ahí tenés un plus que no está escrito en el Código (Penal), pero no es la misma afectación que provocan esos 150 kilos en un lugar donde hay kilos de droga y no toneladas, como se secuestra en aquella provincia.

“Hace poco estuve en Tucumán, donde la justicia federal condenó a 5 años de prisión por tener 25 gramos de cocaína”, comparó.

Iglesias hizo referencia a los Estados Unidos, donde los jueces evalúan un amplio “catálogo de circunstancias” que se deben cumplir y el cual les proporciona un “rango” ineludible a la hora de cuantificar las penas.

“Por ejemplo (si el imputado) tiene un antecedente, el juez le va a imponer un mes más (de pena). Entonces a lo largo y ancho de ese estado (norteamericano), las penas son uniformes”, explicó.

Transición prolongada

La importante demora en la transición total del viejo Código Procesal Penal Federal (CPPF) al nuevo, que consagra la aplicación en Argentina de un sistema acusatorio, es otra problemática a resolver.

En el nuevo mecanismo la investigación del hecho se delega al fiscal, que también sostiene la imputación en el juicio y presenta posibles apelaciones.

En cambio, el Código viejo (el que rige para la justicia federal de nuestro ámbito) prevé situaciones como las del caso de los bolsos, que investigó la jueza federal María Gabriela Marrón y la PROCUNAR colaboró con el fiscal Martínez en la requisitoria de juicio.

Sin embargo, en la instancia de juzgamiento participó González da Silva, fiscal general subrogante ante el TOCF, quien acordó con los defensores de los acusados el trámite abreviado, las calificaciones legales (más leves) y los montos de pena.

De acuerdo con fuentes tribunalicias locales, los hechos en cuestión se podrían haber analizado en un juicio oral porque la investigación se realizó de manera correcta.

En tanto, González da Silva no convocó a la PROCUNAR para que interviniera en la etapa de juicio. El Código procesal vigente, con más de 30 años de antigüedad, estipula que esa unidad sólo puede participar del debate si el fiscal de juicio lo solicita.

Si hubiese actuado en el debate, la Procuraduría -dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación- se habría opuesto al cambio de la figura legal acordado, tal como lo hizo la Aduana, que fue querellante y apeló el fallo.

Cuando el nuevo Código rija también en el territorio bonaerense, Iglesias y su equipo no necesitarán de la convocatoria de un fiscal de juicio para poder trabajar en esa instancia.

Otra característica principal del sistema acusatorio es la "celeridad" del proceso.

Próximamente se prevé la implementación del nuevo CPPF en Mendoza y luego en General Roca, pero no hay certeza sobre su puesta en marcha en jurisdicciones bonaerenses.

"Hay un plan del Gobierno, pero no sé qué tan serio es ni cuánto lo van a respetar, porque no se va a aplicar en toda la provincia de Buenos Aires", reflexionó Iglesias.

"El Código Procesal tiene 30 años y es obsoleto, por eso necesitamos cambiarlo. Habla del fax y prevé la interceptación de la correspondencia, no del mail, y nosotros estamos aplicando esa figura para interceptar un WhatsApp", resaltó.

El responsable de la PROCUNAR aludió a la insuficiencia de recursos y necesidades operacionales a la hora de perseguir penalmente al tráfico ilegal de estupefacientes en nuestro país.

“Somos un Estado pobre, por eso tenemos miles de carencias: desde tecnología para peritar teléfonos hasta soportes insuficientes para mantener la digitalización de las causas", reconoció el informante.

"Las fuerzas de seguridad tienen el mismo problema por la falta de recursos", añadió.

Bahía no es Rosario

Por otra parte, para el titular de la PROCUNAR la gravedad del problema del narcotráfico en Rosario no se puede comparar con la coyuntura de este delito en nuestra ciudad.

“En Rosario, parte de ese problema fueron la justicia federal y la Policía provincial. En Bahía, la Policía bonaerense no llegó al nivel de degradación de la Policía santafesina ni creo que vaya a llegar”, evaluó.

“Para que una bandita (narco) llegue a ser lo que es en Rosario, tienen que pasar 10 años de actividad ilícita consolidada y connivencia policial, judicial y política. Sin esta complicidad no van a desarrollarse como estructuras con dominio territorial y violencia organizada”, acotó.

“En Bahía no veo eso y es una jurisdicción con fuerzas federales como Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tenés presencia, porque en algunos lugares ni siquiera hay una fuerza federal, pero de cualquier manera celebro que (los operadores judiciales) estén atentos”, completó.

Además afirmó que nuestro medio no forma parte de la ruta de la droga, mientras que a la provincia de Santa Fe la atraviesan distintos circuitos de tráfico de estupefacientes.

“A Bahía sólo la cruza la ruta de alguna marihuana con destino al sur y la del consumo propio, pero a Santa Fe la cruza la ruta de la cocaína, a veces también la de marihuana que va al sur, la de consumo propio y la de exportación”, precisó el especialista.

“También hay que considerar que Bahía tiene un puerto y Rosario tiene 32”, comparó.

No obstante, el gran movimiento comercial en la estación portuaria bahiense y su vinculación con otros puertos de la región son un “atractivo” para el tráfico ilegal de drogas, que -aseveró- es un “negocio”.

“Y, como tal, busca el lugar donde mayor rentabilidad le va a sacar al producto, principalmente la cocaína, que en Bolivia vale 1.500/2.000 dólares; 2.500/3.000 en Orán (zona fronteriza de Misiones); 5.000 en un puerto de Buenos Aires y en el de Bahía podría costar 6.000 dólares”.

“Pero una vez que cruzás ‘el charco’, cuesta 35.000 dólares; este es el negocio del narcotráfico a gran escala. La dinámica del comercio local es otra, pero Bahía tiene, en promedio, el mismo consumo de droga que todas las ciudades grandes del país.

“El puerto bahiense es cerealero y además tiene algunos contenedores, entonces esto también lo hace un poco más atractivo. Los últimos casos de narcotráfico más resonantes, el de los bolsos y Bobinas Blancas, se vinculan con el puerto local”, sostuvo Iglesias.

Capacitación en la Cámara

Hace pocos días Iglesias participó vía Zoom de una capacitación organizada por la Cámara Federal de Apelaciones, que contó con la adhesión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El objetivo de la actividad fue definir "cuál es la ruta del tráfico que impacta en Bahía Blanca" para determinar cómo "orientar" las investigaciones por narcotráfico.

"Todas las ciudades con puerto van a tener este problema y, cuanto más cerca estén de Buenos Aires, va a ser peor. Bahía se viene salvando bastante porque está ubicada más al sur de Buenos Aires, entonces los principales puertos (para traficar droga) son los de Rosario, Campana y Buenos Aires", precisó.

De la jornada de trabajo en la Cámara, que se basó en la investigación y persecución penal de la narcocriminalidad, también formaron parte jueces y fiscales federales y autoridades de la Prefectura Naval Argentina, entre otros.

"Para mí actualmente el principal polo de atracción de Bahía, como epicentro de un tráfico internacional, es el puerto. Entonces como justicia federal debemos enfocarnos en el puerto, porque por un porro en una plaza va a actuar la justicia provincial", aclaró el acusador.

"También es necesario poner el foco en la ruta nacional 3 que conduce al sur; la marihuana busca el sur porque allá es más cara. Además, prestar atención a las rutas provinciales. Esta fue la problemática que tratamos desde mi posición como jefe de la PROCUNAR", continuó.

A entender de Iglesias Bahía Blanca es una ciudad "chica y controlable" en lo referido a este delito, sobre el cual -aseguró- los operadores judiciales locales están actualizados.

En este sentido, valoró el compromiso de los jueces camaristas Silvia Fariña, Pablo Candisano Mera, Pablo Larriera, Roberto Amábile y Leandro Picado.

"Todas las veces que voy a Bahía es por iniciativa y pedido de la Cámara Federal, lo que ya marca una tendencia de un Poder Judicial federal activo, preocupado y que prevé", enfatizó.

"Una de las funciones de la PROCUNAR es capacitar. Cuanto más capacitado esté el operador judicial, mejor va a hacer la investigación. Si te dejás estar, no vas a ser Rosario pero te vas a parecer al tercer cordón del conurbano".

"Amábile trabajó (en la justicia) en el tercer cordón, o sea que sabe lo que son los narcos territoriales y por eso no los quiere en Bahía. Entonces estemos preparados por si vienen o por si los (narcos) locales, que los hay, crecen en estructura y recursos.

“Me gustaría que todas las fuerzas federales tuvieran investigadores en vez de personal que haga prevención, pero esto implica dinero y capacitación. Con el tiempo iremos mejorando", finalizó Iglesias.

Susbielles, también crítico

Mala "señal". El intendente Federico Susbielles también criticó el fallo dictado por el TOCF contra tres de los integrantes de la organización narco que lideraría el paraguayo Aureliano Villalba Cabrera (todavía no fue juzgado), y opinó que los bajos montos de pena impuestos a los procesados "no son una buena señal".

Subrogancias. El jefe comunal se refirió además a la necesidad de cubrir con cargos titulares las subrogancias en la justicia federal bahiense.

Responsabilidad. "Las subrogancias las cubre el Poder Ejecutivo con el Legislativo y los concursos están vigentes. El problema no es la subrogancia, sino qué hace el subrogante", manifestó el fiscal federal Iglesias.

Abreviado. "No estoy en contra del juicio abreviado, que es una herramienta útil cuando el sistema está congestionado, pero debe estar acompañado de una pena correlativa con el grado de participación del acusado y de la gravedad del delito", dijo el representante del MPF.

Salud. "Si reconocés que el consumo está permitido, tenés que empezar a adoptar políticas de prevención y tratamiento. La historia hizo que todos los recursos se centraran en el control de la oferta y no de la demanda. La criminalización (del uso de drogas) tiene consecuencias negativas", recalcó Iglesias.

Mesa. El magistrado Larriera explicó que el encuentro de la semana pasada no fue una reunión oficial de la mesa contra el narcotráfico, pero sí se relacionó con las actividades promovidas por la misma.