Lo que la Justicia pudo (y no pudo) probar en el caso Bobinas Blancas

Audionota: Danilo Belloni

   Luego de las penas de prisión impuestas a los acusados argentinos y mexicanos en la causa por narcotráfico conocida como Bobinas Blancas, de repercusión internacional y con epicentro en nuestra ciudad, donde en 2017 se secuestraron casi 1,5 toneladas de cocaína de alta pureza, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) bahiense dictó los fundamentos de la sentencia.
   Antes de condenar a los 7 imputados, los jueces Pablo Díaz Lacava, Pablo Candisano Mera y Pablo Larriera analizaron aspectos del caso como la descomunal cantidad de droga secuestrada en Bahía Blanca y Mendoza, el rol de cada procesado en la organización criminal, las complicaciones que impidieron la exportación de la sustancia y la incertidumbre acerca de su procedencia.

1. Volumen asombroso

   Los jueces calificaron al secuestro como "uno de los acopios más grandes de estupefacientes en la historia" argentina. Con los "panes" decomisados en ambas provincias se abastecería "a más de un tercio de la población" nacional. En Bahía se incautó "una concentración promedio de 86,03% m/m (masa en masa) de cocaína".
   La conjugación de ese dato con el peso neto de los 1.258 envoltorios, ocultos adentro de 8 contrapesos similares a bobinas industriales almacenados en el Parque Industrial local, permitió estimar "la posibilidad de obtención de 10.970.692,36 dosis umbrales".
   La cocaína encontrada en Luján de Cuyo, en tanto, arrojó una concentración promedio de "83,92% m/m, la cual analizada en forma conglobada con el peso de 450 envoltorios cotejados posibilitó dictaminar que aquel material permitía la obtención de 3.791.229,13 dosis umbrales", según la pericia.
   El producto encontrado en Mendoza pesó 486,21 kilos y estaba escondido en bolsas de arpillera con piedras y cal, así como en este medio se secuestraron 1.375,89 kilogramos de la droga.
   "Estos datos, vinculados a la gran cantidad de cocaína hallada y a su alto grado de pureza, nos ofrecen una pauta objetiva de mensuración del daño causado a la salud pública a raíz del almacenamiento consumado por la banda", se indicó el fallo del TOCF.
   Los juzgadores argumentaron además que el "complejo mecanismo de ocultamiento de la droga y la constitución de sociedades puestas al servicio de la causa, constituyen indicadores que revisten trascendencia a la hora de valorar la gravedad del ilícito".
   Esta valoración es ajena a que la asociación ilícita no concretó la exportación de la cocaína y sobre el final de la maniobra "pareció que procuraría exportar bobinas nuevas no contaminadas".
   "La enorme cantidad de estupefaciente secuestrada, sumado a la pertenencia de los actores a una organización trasnacional que articuló la maniobra dentro de las fronteras de nuestro territorio, y puso en marcha un complejo mecanismo de ocultamiento de la droga para obstaculizar su hallazgo y lograr la colocación de la mercancía en el mercado prohibido, constituyen circunstancias de peso que valoramos especialmente a la hora de graduar la pena de los involucrados", dictaminaron los doctores Díaz Lacava, Candisano Mera y Larriera.

2. Vocación de permanencia

   "No podemos pasar por alto la probada vocación de permanencia de la organización en nuestro país, dado que al tiempo de los allanamientos se encontraba en plena estructuración de una S.R.L. local, para operar en forma permanente en el mercado internacional, involucrando la consolidación de una cadena de tráfico que unía, de mínima, México, Canadá, España y Argentina".
   El Tribunal acreditó que los causantes mendocinos Darío Cuello y su hermano Marcelo, Amílcar Martino (nacido en Necochea) y los mexicanos Max Rodríguez Córdova, Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva, con distintos roles y grados de participación, siempre estuvieron al tanto del acopio de la cocaína en Bahía y Mendoza.

   "Y en todo momento tuvieron en miras la posterior puesta en circulación de la sustancia prohibida", afirmaron los jueces.
   Estos 6 acusados, en el debate, admitieron su autoría en los hechos y se los condenó por "tráfico de estupefacientes en su modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes".

3. División de roles

   Madrigal Vargas y Acevedo Villanueva "custodiaron el estupefaciente bahiense, giraron dinero a los Cuello para sostener el almacenamiento en Mendoza, supervisaron la puesta a punto de las máquinas necesarias para el acondicionamiento de las 'bobinas' y colaboraron con Rodríguez Córdova y compañía en el armado final de los rollos".
   "Este último, a su vez, coordinó desde el exterior y luego en el país, todos los movimientos de Madrigal Vargas y Acevedo Villanueva, al igual que las finanzas de la organización, y estuvo al mando de aquellos actores y de los restantes coimputados sin perder el manejo de los hilos del despliegue, pero bajo las órdenes directas del 'Lic.'”, señaló la resolución.

 

Uno de los prófugos es alias "Licenciado", un alto eslabón en la cadena, que tenía contactos con el "lavador" Emmanuel García.

   Los Cuello vigilaron el estupefaciente en la región de Cuyo, se ocuparon de su mudanza, pusieron a disposición la firma a su cargo (Minerales Aconcagua) para alquilar inmuebles -entre ellos el galpón bahiense- y compraron herramientas para modificar los rollos.
   Martino, en tanto, coordinó las operaciones de comercio exterior previas a la adulteración de los rollos de acero galvanizado, colaboró enviando operarios necochenses para que los acondicionen y esperaba el alta en la AFIP de la firma Can Trade Connections para exportar la droga.

4. No hubo contrabando

   Las operatorias en Bahía y Mendoza nunca fueron más allá del almacenamiento, por lo tanto no configuran tentativa de contrabando.
   Las bobinas bahienses con la droga adentro quedaron en el galpón del Parque Industrial para después trasladarlas a otras instalaciones alquiladas por Rodríguez Córdova en Capital Federal, "ni siquiera a un depósito fiscal para su consolidado".
   "No existió un concreto acto que nos permita avanzar hacia la concreción de un primer acto ejecutivo, abandonando el terreno propio de los actos preparatorios".
   La organización comenzó a operar en el mercado interno con la compra de bobinas de acero por medio de la empresa local Grupo Guasch, previo giro de divisas desde el exterior. En 2016 y 2017 exportó en 3 tandas bobinas, al parecer sin droga, a España y Canadá.

   "Por entonces no se había utilizado el cúmulo de 18 contrapesos importados y apenas se le había dado ingreso al país a las maquinarias destinadas a la adulteración de los rollos".
   Los condenados además alquilaron inmuebles, contrataron despachantes de aduana y operadores logísticos, y consiguieron a la firma chaqueña "prestanombre" El Águila María para que, tras la ruptura con los Guasch, se encargara de comprar bobinas en el mercado interno para exportarlas.

5. Complicaciones en la operación

   Al final de las gestiones para trasladar los rollos al galpón capitalino, el avance de la maniobra se lentificó provocando que la banda "vacilara sobre la salida del país de las bobinas y adoptara decisiones de último momento que tornaron poco claro el norte" de la operación.
   "Evidentemente Martino quiso desplazar a El Águila María y procurar la salida de las bobinas por intermedio de Can Trade Connections, firma que aún no estaba habilitada en AFIP para exportar", señaló la resolución, a la que tuvo acceso La Nueva.

6. El origen de la droga

   Las principales incógnitas en la causa son la "procedencia" de la droga, "fechas de movilización" y cuándo se inició el acopio. Hay una "total orfandad probatoria" para determinar la trazabilidad de la cocaína.

7. Lavado de activos

   El trader porteño Emmanuel García, quien no reconoció su responsabilidad en los hechos, deberá cumplir 5 años de prisión y pagar una multa "equivalente a 8 veces el valor de las operaciones que realizó", por entender el Tribunal que su accionar encuadró en el delito de lavado de activos.

   Parte del financiamiento de la organización era "en negro", a través del envío de bitcoins a García, quien a cambio de las criptomonedas entregó un "total de 468.400 dólares" a miembros de la banda.

   El causante, el único que llegó a juicio en libertad, concretó las maniobras el "28 de abril, 5 de mayo, 10 de mayo, 5 de junio y 7 de junio de 2017".

   Los jueces ordenaron su detención cuando el fallo quede firme.

 

Penas de hasta15 años de cárcel

 

Condenas. El TOCF condenó a Rodríguez Córdova a 15 años de cárcel, en tanto que Madrigal Vargas y Acevedo Villanueva recibieron penas de 14 años. Marcelo y Darío Cuello y Martino fueron penados con 6, 5 y 6 años de prisión respectivamente, como "partícipes secundarios" en el delito. Además les aplicaron multas.

Desvinculación. Si bien en un principio también se detuvo al despachante de aduanas bahiense Damián Limanski y a los hermanos de Mayor Buratovich, Leandro, Gastón y Juan Ignacio Guasch, titulares de Grupo Guasch, la Justicia luego los desvinculó de la causa.

Extensión. El juicio virtual comenzó el 23 de febrero y por diferentes motivos se prolongó más de 6 meses.

DEA. La investigación se inició a mediados de marzo de 2017, a raíz de una nota remitida a las fuerzas locales por la Drug Enforcement Administration (DEA) estadounidense, en la cual advirtió sobre la operación llevada a cabo en nuestro país.

Pesquisa. La dirección de Narcotráfico de la Policía Federal realizó "escuchas telefónicas, tareas de seguimiento, informes de organismos locales y pedidos de colaboración a las fuerzas policiales de distintos países, entre ellos España y Estados Unidos".

Allanamientos. Estas medidas permitieron que el 18 de junio de 2017 se efectuaran más de 30 allanamientos simultáneos en distintas ciudades del país, que posibilitaron el hallazgo de la droga almacenada en los galpones mencionados.