Mesa contra las drogas: balance con críticas y expectativas

Redacción de La Nueva.

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"Estamos muy lejos de Rosario, pero lo que estaría mal es creer que no podemos terminar como Rosario", fue una de las frases más repetidas en el ámbito judicial en materia de lucha contra el narcotráfico.

Las mesas de intercambio de información entre los fueros provincial y federal fueron creadas por la ley 27.502, en mayo de 2019, aunque en el caso de Bahía Blanca llegaron a tiempo para abordar una problemática que comenzó a preocupar.

Desde el momento que en nuestro ámbito se secuestraron fuertes cargamentos que seguramente tenían al exterior como destino (bobinas blancas o bolsos en la ría) o se produjeron algunos sangrientos ajustes de cuenta con el negocio de la droga como telón de fondo (Juan Ramón Romero Miranda), quedó en claro que algo había que hacer.

La "mesa" cumplió 18 meses de aquella primera reunión que se organizó en el quinto piso de Estomba 34. Tiempo suficiente para hacer un balance. 

El camarista federal Pablo Candisano Mera y el fiscal general provincial Juan Pablo Fernández, dos referentes de la iniciativa, dieron sus puntos de vista sobre objetivos logrados y metas a conseguir.

Con la guardia alta

El camarista federal Candisano Mera consideró positivo el balance de las reuniones porque se logró visibilizar una problemática que en otros lugares hace estragos.

"Las expectativas, por decirlo de alguna manera, son moderadas, no podemos hablar de éxito, aunque sí es positivo porque empezamos un camino. Pusimos el tema en agenda antes de que sea un problema más grave para nuestra región. El mensajes es que estamos atentos para que no se desborde y que no nos van a encontrar con los brazos bajos", explicó.

Si bien el sentido de la ley de 2019 era crear mesas de intercambio de información entre los fueros judiciales provincial y federal, Candisano Mera confirmó que en Bahía ampliaron las acciones a otros campos.

"Después de haber estado en Rosario y conocer la problemática, queremos abordarla desde distintos ámbitos antes de que sea tarde. El hecho de juntarnos nos permitió, en principio, descubrir las necesidades y la obligación de tener que articular entre los distintos actores", sostuvo.

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Insistió con que "es un proceso" y que fiscales y jueces provinciales y federales, así como representantes de otros sectores que tienen que ver con esta situación "nos estamos conociendo".

"Soy optimista por la recepción que tuvo en todos los ámbitos. Hay un montón de gente preocupada y dispuesta a hacer cosas. Falta consolidar la articulación", señaló.

Comunicar y difundir

El camarista federal también organizó reuniones periódicas con referentes de las distintas fuerzas federales de seguridad en nuestra jurisdicción, así como representantes de las  áreas académica, de salud, política, social y religiosa.

La UNS procura avanzar en un proyecto para crear un polo tecnológico, pericial y forense, que auxilie y acorte tiempos en las investigaciones y también se busca capacitar a docentes, como paso previo para luego llegar al ámbito del nivel secundario.

"Hay que avanzar más en salud, educación y también con la prensa. Todo lo que se puede hacer desde la publicidad y difusión es importante.

En una de las reuniones, por ejemplo, un defensor oficial comentó que la gran mayoría de detenidos que asiste en Provincia no sabe concretamente qué prohibe la ley de drogas en cuanto a tenencia y consumo".

Candisano Mera reconoció que la cuestión excede lo judicial y que también se habló en las reuniones de buscar alguna reforma legislativa para destinar fondos procedentes del lavado de activos del narcotráfico a esta lucha.

Reflotar un proyecto

A su vez, dijo que sería importante concretar el proyecto denominado Justicia 2020 (impulsado por el exministro de Justicia Germán Garavano en 2016) para terminar con los juzgados multifueros, como sucede hoy en Bahía Blanca.

Los dos juzgados federales de nuestro medio no solo atienden cuestiones como las del crimen organizado, sino también de tipo civil, fiscal y previsional. Con aquella idea se busca que haya al menos un juzgado que se dedique solo a la cuestión penal.

"De todas maneras sabemos que es difícil sumar recursos y que, con lo que hay, la idea es optimizarlos. Por eso nos juntamos. Teniendo en cuenta el complejo escenario económico, no esperamos fondos sino buscamos acomodarnos mejor con lo que tenemos", remarcó el camarista.

Por último, opinó que se trata de romper estructuras y "crear un nuevo paradigma".

"Hay que trabajar y profundizar la coordinación. No es de un día para el otro, porque, en el caso de las investigaciones, se necesita confiar, pasar información con personas de distintas fuerzas o de otros fueros. Es un desafío", dijo.

Penas más severas

Para el fiscal Juan Pablo Fernández, la mesa convocada por la Cámara Federal se convirtió en "un espacio de encuentro y diálogo de distintos actores".

"Además de haberse tratado cuestiones relativas al intercambio de información, conformación de equipos conjuntos de investigación o criterios de política criminal que deberían unificarse (como la mayor severidad en las penas que se ha advertido en las condenas de la justicia provincial), también se han efectuado propuestas para la obtención de los recursos investigativos que no pueden seguir postergándose indefinidamente", amplió Fernández.

En este último sentido, destacó la participación de las universidades, con enfoques relacionados a la educación.

"Se aludió a ciertos discursos que existen en determinados ámbitos académicos en contraposición a la política criminal -como los vinculados al cultivo y usos del cannabis- y también se abordaron cuestiones y proyectos para obtener aquellos recursos necesarios para las investigaciones de los casos penales", dijo.

"Con un cortapluma"

El fiscal general aseguró que se habla de "guerra contra el narcotráfico", pero "no se provee del mínimo material para llevarla adelante". 

"No se puede ir a pelear una guerra con una suerte de cortapluma oxidada", sentenció.

"El narcotráfico se vincula a muchos otros delitos, algunos de naturaleza violenta (homicidios, lesiones, abusos de armas de fuego, trata de personas, extorsiones) y otros que requieren cierto grado de abstracción para la comprensión del fenómeno que permita su investigación (lavado de activos, contrabando, corrupción administrativa). Todos requieren de su investigación con el auxilio de otras ciencias", afirmó.

En la misma postura, destacó que una investigación eficiente requiere de morgues adecuadas, laboratorios con equipamiento tecnológico moderno y peritos en múltiples especialidades.

"De todo eso, en líneas generales, carecemos en nuestro medio y zona", remarcó.

Realizar pericias a cientos de kilómetros de la ciudad es sumamente perjudicial, porque muchas veces se admiten con estándares de inferior calidad a las que podrían lograrse, se producen problemas en las cadenas de custodia de los objetos a peritar, en la preservación del material y en el control de la diligencia por las partes, además de las demoras lógicas.

Afectan a "cuestiones tan trascendentales como la libertad, el honor y el patrimonio de las personas", reconoció el fiscal.

Un cambio legal

Fernández sostuvo que comparten déficit con la justicia federal y que hay consenso respecto a que no se puede seguir esperando que las soluciones lleguen desde los gobiernos centrales.

"Afortunadamente Bahía Blanca tiene recursos económicos, humanos e institucionales y de toda esta situación ha tomado nota la Universidad Nacional del Sur que, a través de su rectorado y distintos departamentos académicos interesados, han expresado su voluntad para establecer un instituto de criminalistica con especialidades en todas las áreas", amplió.

Para el avance de ese proyecto "se podrían volcar importantes recursos económicos incautados al narcotráfico", opinó, al tiempo de remarcar la necesidad de una voluntad política general para aprobar las modificaciones legales necesarias que permitan el redireccionamiento de esos fondos.

"Esto podría cambiar definitivamente el modo en que se llevan adelante las investigaciones, mejorando su calidad y resultados, terminando con décadas de desinversión y pauperización del área", indicó Fernández.

Por último, volvió a insistir con la necesidad de "un acompañamiento y gestión de diversos actores y que los poderes políticos se decidan a apostar de verdad por la seguridad". 

"Nótese que no se están reclamando partidas presupuestarias específicas, sino algo tan simple como permitir que se pueda destinar a este proyecto los recursos económicos que el propio poder judicial incauta a la delincuencia", cerró.