Tras la suspensión del fallo por YPF, la Justicia de EE.UU citó a la Argentina a una nueva audiencia
La jueza Loretta Preska les dio dos semanas a las partes para que intercambien información y baje la tensión. En la Casa Rosada descartan un encuentro por afuera de los términos judiciales con los fondos demandantes.
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La Justicia de los Estados Unidos convocó a la Argentina a una nueva audiencia el 29 de julio en medio de la discusión por el discovery en el marco del juicio de YPF. Se trata de uno de los puntos que abarcó la jueza Loretta Preska en el encuentro de hoy entre ambas partes. Se definirá a fin de mes si se habilita o no el acceso a los archivos que reclaman los demandantes.
La magistrada les dio dos semanas a las partes para que intercambien escritos, intenten acordar qué documentación puede compartirse y bajen la tensión. En la Casa Rosada descartan un encuentro por afuera de los términos judiciales con los fondos demandantes y aseguran que no planean entregar información sobre activos que puedan ser embargados.
La Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York suspendió hoy de manera preventiva la entrega de acciones de YPF, que la jueza de primera instancia ordenó como parte de pago de la sentencia de US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera.
La decisión del tribunal de poner en pausa la ejecución de la sentencia es por tiempo indeterminado mientras se resuelve la apelacion del fallo por un panel de tres jueces. “Los apelados (Burford) deberán presentar su oposición a la solicitud antes del 17 de julio de 2025, y el apelante (la Argentina) deberá presentar una réplica antes del 22 de julio de 2025. La solicitud de suspensión se presentará al siguiente panel disponible posteriormente”, expresa el documento juficial.
El Gobierno espera que la Corte de Apelaciones defina la semana que viene si prorroga la suspensión del fallo o si lo rechaza al igual que Preska. El Gobierno asegura que continuará apelando la solicitud hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos en caso de que no le otorguen el plazo definitivo.
El Ejecutivo apunta a evitar que la discusión jurídica se centre en el incumplimiento de la Argentina sobre la ejecución de la sentencia y conlleve a la aplicación de multas diarias. Nación celebró además la definición de la Corte de Apelaciones sobre dividir en cuatro las apelaciones por el juicio de YPF.
En la Casa Rosada mantienen la postura de que la entrega de acciones “implicarían un daño irreparable” y que no puede ejecutarse una sentencia parcial cuando el fallo de fondo aún no fue revisado por el tribunal superior. La Procuración del Tesoro de la Nación ya presentó además los primeros documentos para comenzar la apelación de la ejecución de la sentencia que habilita el traspaso accionario.
La mesa judicial de Balcarce 50 argumenta que la transferencia de acciones conllevaría efectos irreversibles a raíz de que los demandantes ya aclararon su intención de vender esos títulos una vez que los reciban. En el oficialismo sostienen además que se verán forzados a elegir entre “cambiar sus propias leyes, violarlas o desobedecer una orden judicial de los Estados Unidos” si no le conceden la suspensión firme.
El contexto del juicio
El 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012, un monto que ahora asciende a US$17.750 millones, si se agregan los intereses.
Ese fallo benefició a Burford y Eton Park, que compraron los derechos para litigar que tenía el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía el 25% de YPF al momento de la expropiación.
El reclamo se basó en que el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía. Finalmente, le pagó con bonos, pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas.
La Argentina apeló la sentencia desde el momento del fallo. Por la demora del país en pagar o intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes multiplicaron sus estrategias de presión. Entre ellas, el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado, que tiene ahora fallo favorable de Preska y que abrió el camino a otros acreedores del país con sentencias para reclamar también que se les pague con papeles de la petrolera. (TN)