Bahía Blanca | Jueves, 16 de mayo

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Apelan la suspensión de juicio a prueba en favor de Carlaván

La fiscal Marina Lara, quien se había opuesto a la medida, presentó el recurso ante la Cámara Penal, que tendrá la última palabra.

Luego de la decisión de la Justicia de primera instancia de suspender el juicio a prueba en favor del empresario Carlos Jorge Carlaván, en uno de los tantos incidentes de tránsito que protagonizó, la fiscal Marina Lara apeló la decisión.

De esta manera será la Cámara Penal de Bahía Blanca (Sala I) la que tendrá la última palabra, es decir si confirma el fallo de la jueza Correccional Susana González La Riva o acepta el recurso de la representante del ministerio público.

Se trata de la resolución de la causa que se originó en abril pasado, cuando el dueño de la Droguería Sur, al mando de una camioneta RAM, desoyó la orden de inspectores de la Guardia Urbana en la avenida Alfonsín y se escapó del lugar, cuando para ese entonces ya tenía una prohibición para conducir por hechos anteriores.

La Jueza González La Riva hizo lugar al pedido de la defensa, a cargo del abogado Matías Bertoncello, y habilitó la probation.

Las siete vidas de Carlos Carlaván... y del resto de Bahía

Esto es un instituto previsto por ley, como medida alternativa, que significa la extinción de la acción penal a favor de un acusado, siempre y cuando cumpla determinadas reglas de conducta durante un tiempo específico.

A Carlaván la jueza le fijó una inhabilitación para conducir vehículos durante 3 años y también someterse al control del Patronato de Liberados. 

A su vez, como oferta reparadora de su parte, aceptó la entrega de 2.500 dosis de vacunas para la neumonía y la gripe, que serán destinadas a los hospitales Penna y Municipal

Por último, deberá realizar los dos cursos que se dictan de manera virtual en la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en la ONG Luchemos por la vida, todo lo cual deberá estar supervisado por el Patronato de Liberados. 

"Desprecio por las normas"

La fiscal Lara, durante la audiencia previa a la resolución, no prestó consentimiento a la suspensión de juicio a prueba.

Dijo que el procesado no acató la orden impartida por la autoridad, de la cual estaba notificado, y que los inspectores intentaron detenerlo pero no pudieron.

"Esa resistencia consistió en no detener su marcha, no identificarse y en ignorar las señales de luces, sirenas y gestos de los inspectores para que detengan la marcha", dijo la fiscal.

"Cuando los agentes le cruzaron el móvil, el imputado aceleró en forma intimidante, lo adelantó y lo llevó a escasos 3 metros de los inspectores.

Que luego inició una maniobra temeraria en reversa y se dio a la fuga a gran velocidad esquivando automóviles hacia el barrio Patagonia", agregó. 

Sostuvo su oposición en que a la fiscalía le interesa que se le imponga a Carlaván una pena "como fin preventivo" y que existen instrucciones de la fiscalía general para oponerse, teniendo en cuenta la extensión del daño causado y el peligro a las víctimas.

Lara resaltó que el imputado "ha mostrado un desprecio por las normas jurídicas impuestas" y que por ese motivo plantea una pena de un año de prisión en suspenso y 5 de inhabilitación para conducir.

Para la jueza González La Riva, la postura de oposición de la fiscalía es "arbitraria y caprichosa" y que los presupuestos que habilitan el instituto de la suspensión de juicio a prueba están presentes en este caso.