Ya suman 10 condenas y fuertes multas por fiestas clandestinas en pandemia

Redacción de La Nueva.

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   Desde marzo del año pasado los argentinos convivimos con el COVID-19 y también con las restricciones impuestas para intentar atemperar la ola de contagios y evitar el colapso sanitario.

   Una de las medidas dispuestas, especialmente en los momentos más álgidos de la pandemia, fue la de suspender las reuniones masivas, cuestión que implicaba el cierre de boliches y discos.

   La irresponsable reacción de algunas personas ante la prohibición de estos lugares dio origen a la proliferación de las fiestas clandestinas.

   En viviendas ubicadas en diferentes sectores de la ciudad y hasta en campos cercanos se dieron encuentros de jóvenes, desoyendo conductas imprescindibles como el distanciamiento social o la utilización de barbijos.

   Si bien la regulación de reuniones de índole privada no es nueva y se encuentra contemplada desde 2012 por la Ordenanza Municipal 16.870, el contexto provocado por el coronavirus determinó la necesidad de actuar en el tema.

   La reglamentación determina sanciones en el caso de constatarse la concurrencia de más de cincuenta personas, el cobro de una entrada (sea en el lugar o anticipada) y la comercialización de bebidas, entre otras cuestiones.

Sanciones

   Desde el 20 de marzo del año pasado -cuando se puso en marcha el aislamiento preventivo y obligatorio- hasta la actualidad se iniciaron 33 causas por este tipo de reuniones ilegales constatadas por el personal del área de Fiscalización del municipio, 10 de las cuales cuentan con fallos condenatorios por parte de los Juzgados de Faltas.  

   Fuentes consultadas indicaron que en varios de estas actuaciones los imputados no se presentaron a declarar, cuestión que frena el avance del expediente, por lo que se tomó la decisión de comenzar a requerir la comparencia a través de la fuerza pública.

   La doctora Soledad Monardez, a cargo del Juzgado de Faltas Nº 2, indicó que “luego de desarrollar el procedimiento legal exigido para estos casos, se dictaron sentencias condenatorias en las que se aplicaron multas que oscilan entre los 150 mil y 670 mil pesos, tomando en consideración las características de cada causa en particular, como la cantidad de concurrentes, el espacio en el que se desarrolló el evento y la venta de entradas y bebidas alcohólicas”.

   Monardez agregó que se le dio prioridad a este tipo de cuestiones.

   En este sentido, se supo que la mayor cantidad de actuaciones se produjeron entre diciembre del año pasado y los meses de enero y febrero de 2021.

   “No puede dejar de soslayarse la gravedad de la conducta imputada. Ello así, atento a que la norma infringida exige el cumplimiento de una serie de recaudos (ubicación de matafuegos y salidas, servicio de emergencia, informe técnico eléctrico, etc) necesarios para el desarrollo de una fiesta privada, teniendo como finalidad la protección de las personas que asisten, su seguridad e integridad física”.

   “Asimismo, resulta imperioso comprender que, en el contexto situacional que nos toca vivir actualmente como consecuencia de la pandemia mundial por COVID 19, considerando su virulenta circulación y medios de contagio, cometer este tipo de conductas sociales prohibidas, conlleva una manifiesta extensión del riesgo. Se compromete tanto la ya indicada seguridad de los asistentes, como así también un bien jurídico de primer rango constitucional, como lo es la salud pública y la vida humana”, finalizó Monardez.

El primer fallo

   Resolución. A mediados de diciembre del año pasado se conoció la primera sentencia condenatoria  por una fiesta clandestina. El fallo, resuelto por la jueza Soledad Monardez, recayó en la propietaria de una vivienda ubicada en Independencia al 4.100.

   Infracción. A fines de noviembre, personal de Fiscalización desalojó la reunión que se llevó a cabo en el lugar, con unas 400 personas presentes, cobro de entradas y consumo de alcohol.

   Pena. La funcionaria impuso en el caso una multa de 670 mil pesos. "No hubo nada en el proceso que desvirtúe el acta que labraron los inspectores municipales", había mencionado Monardez.