La Justicia investiga los acuerdos del Gobierno con el FMI

13/9/2019 | 19:07 |

Buscan determinar si desde el Poder Ejecutivo se propició una disparada del dólar y devaluación luego de las elecciones primarias del pasado 11 de agosto.

   La fiscal federal Paloma Ochoa pidió hoy investigar los acuerdos entre el Gobierno y el FMI, para determinar si desde el Poder Ejecutivo se propició una disparada del dólar y devaluación luego de las elecciones primarias del pasado 11 de agosto.

   Tras el requerimiento que hizo la fiscal con varias medidas de prueba, ahora es el juez federal Rodolfo Canicoba Corral quien se apresta a definir el destino de la investigación.

   Entre las medidas que solicitó la Fiscalía se encuentra el otorgamiento por parte del Ministerio de Hacienda de una copia de los acuerdos hechos desde 2018, además que se informe sobre reuniones entre el personal del FMI y el Gobierno.

   Ochoa también pidió que la Jefatura de Gabinete entregue los registros de ingresos y salidas de la Casa Rosada y del Banco Central correspondientes al lunes 12 de agosto, el día siguiente de las elecciones primarias y cuando comenzó el alza del dólar.

   Otra de las medidas de prueba que evalúa el juez tras el pedido fiscal es saber, de acuerdo a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el detalle de cada una de las operaciones efectuadas en el mercado mayorista de cambios ese 12 de agosto.

   La denuncia que originó la causa la realizó Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, al considerar que al día siguiente de las PASO hubo una "suba indefinida del dólar", frente a la cual el BCRA se comportó de modo "anormal, extraño e inusual" por no intervenir en el mercado de cambios.

   "El BCRA estaba corrido de la mesa de operaciones con total claridad y el tipo de cambio tuvo una suba abrupta", aseguró el denunciante.

   Por otra parte, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al pedido de amparo impulsado por un grupo de abogados y organismos sociales que consideran que el proceso de toma del crédito debería anularse por groseros errores administrativos.

   "El expediente administrativo a partir del cual resultó la decisión de contraer el crédito es de fecha posterior a la toma. Estamos frente a un evento de consecuencias muy importantes", dijo Andrés Bernal, uno de los abogados que realizó la presentación judicial. (NA)

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