El Gobierno enviará la documentación solicitada por la Justicia

Redacción de La Nueva.

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El Gobierno enviará en los próximos días la documentación que pidió la Justicia en la causa que investiga el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este. En el Ejecutivo sostienen que se tomaron “unos días” para reunir toda la información requerida por el juez Ariel Lijo y que a partir del lunes comenzarán a remitirla en tandas, a medida que cada organismo termine de consolidar la respuesta formal.

El material abarca registros de cámaras de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), planes de vuelo solicitados a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), informes vinculados a movimientos y facturación, presentaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y oficios dirigidos a la Secretaría General de la Presidencia, entre otras actuaciones pedidas por el juzgado.

En la Casa Rosada aseguran que la intención es remitir “todo lo que pidió la Justicia” para que el juzgado avance con la reconstrucción del circuito del viaje, en un expediente que busca determinar quién financió los vuelos y bajo qué condiciones se realizó el traslado del ministro coordinador y su familia. En ese marco, en Balcarce 50 mantienen cautela ante los avances del caso, aunque afirman que están “tranquilos” porque Adorni tiene “forma de justificar todo”.

El jefe de Gabinete no tiene designado por el momento un abogado defensor, más allá de que en el entorno del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguran que acercaron algunos nombres para su representación. En el oficialismo esperan que Lijo avance primero con la revisión de la documentación y de eventuales peritajes antes de definir nuevas medidas dentro del expediente.

En el Gobierno no esperan que el juez cite a declarar a Adorni en el corto plazo. Argumentan que la causa todavía se encuentra en una etapa preliminar, centrada en la recolección de pruebas documentales y testimoniales. También reconocen que quedaron rispideces con Lijo tras el impulso fallido de su candidatura a la Corte Suprema, aunque remarcan que se trata de la gestión que “más lo cuidó” en términos institucionales.

El expediente ya avanzó, sin embargo, con medidas concretas. Lijo ordenó requerimientos sobre el viaje y dispuso levantar el secreto fiscal de la productora Imhouse y del piloto Agustín Issin Hansen. En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas de prueba en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario. Entre ellas figuran pedidos sobre declaraciones patrimoniales, viajes, bienes, vehículos y registros vinculados a su esposa y a su entorno familiar.

A eso se sumaron testimonios que complicaron las declaraciones públicas del jefe de gabinete sobre el caso. La empleada de la firma que gestionó los vuelos declaró que Grandio habló de una “invitación” a una familia amiga, ratificó que fue él quien pagó los tramos y aportó chats, audios y una carta documento en la que el periodista luego desconoció la factura. Grandio la llamó además mientras declaraba ante la Justicia, un episodio que quedó asentado en el expediente.

Esos movimientos generaron fuerte malestar en el Ejecutivo, donde siguen de cerca el comportamiento de Grandio y evitan hacer defensas cerradas sobre su rol en la causa. En la Casa Rosada conviven distintas lecturas sobre el impacto del expediente, pero por ahora la estrategia pasa por colaborar con los requerimientos judiciales y esperar la evaluación de Lijo sobre las pruebas. “Nosotros queremos estar cerca formal e informalmente con Lijo, pero como con todos”, expresan en Balcarce 50. (TN)