Detuvieron a dos funcionarios de Educación por estafar al gobierno provincial en millones de pesos
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Dos funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) fueron detenidos en las últimas horas acusados de estafar al Gobierno de la provincia por millones de pesos a través del desvío de fondos destinados a la carga de combustibles para autos oficiales.
Según confirmaron fuentes policiales a NA, la banda de la que forman parte los dos funcionarios detenidos fue desarticulada tras varios allanamientos realizados en la ciudad de La Plata, y en Berisso y Ensenada y realizaba la maniobra desde 2014.
Los detenidos son Gustavo Chiramberro y Diego Burgos, jefes de departamento de Combustible y Movilidad, respectivamente. También están sindicados como cabezas de la maniobra delictiva Néstor Osvaldo Casado y Horacio Gabriel Mankowski —también con altos cargos jerárquicos en el área de Educación bonaerense— y hay otras cinco personas investigadas.
La causa
Se inició en abril pasado cuando la Policía detuvo a un hombre (playero de una estación de servicio) cuando iba por la ruta 36 y calle 44.
En su poder se decomisó dinero en efectivo y varias tarjetas de débito pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE).
Luego de esa captura, el encargado de la estación de servicio ubicada en la calle 44 y 31 de La Plata -donde también trabajaba el sujeto detenido horas antes- se suicidó en el baño de ese comercio.
Ante la sospecha que desde allí se realizaban maniobras fraudulentas, se inició una investigación.
De esa manera se comprobó que funcionarios y empleados de la administración pública provincial -pertenecientes a la DGCyE- desviaban periódicamente fondos públicos a partir de falsas compras de combustibles para vehículos oficiales.
Incluso se pudo saber que varias de las tarjetas eran de autos que estaban en desuso, ya que no habían sido dados de baja y se encontraban guardados en galpones. Por lo tanto seguían utilizando el combustible y repuestos para los mismos.
Para los investigadores, esas operaciones no podrían ser realizadas sin el aval de los responsables del área, ya que se debían presentar comprobantes y rendir gastos. (NA, Clarín y La Nueva.)