Villarino: una decisión de Agricultura hace teclear más de 2.500 puestos de trabajo

Redacción de La Nueva.

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Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

   “En realidad, la resolución del ministerio nos agarró a todos dormidos”.

   El médico veterinario Bernardo Ramírez, presidente de la Asociación de Productores Rurales Villarino Sur (Aprovis), sintetizó —en una oración— lo que sucede en la zona núcleo cebollera del sur del sudoeste bonaerense que, en una rápida conclusión, podría provocar la desaparición de más de 2.500 puestos de trabajo.

Bernardo Ramírez, presidente de Aprovis.

   Las principales localidades afectadas son Pedro Luro, Mayor Buratovich e Hilario Ascasubi, del distrito de Villarino, un conglomerado productivo de alrededor de 25.000 habitantes.

   Se trata de la resolución número 35/2019 del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, donde, en su artículado Nº 1, resolvió “abrogar (NdR: cuando las normas dejan de tener vigencia) las resoluciones Nº 42 del 25 de septiembre de 1998, y 374 del 4 de agosto de 2000, ambas de la secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación”.

   En otras palabras, ya no será obligatorio certificar la cebolla de exportación en origen, o zona de producción, una tarea que hoy realiza la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (Funbapa).

   Así, se podrá sacar la cebolla de los distritos de Villarino y de Patagones —así como de la provincia de Río Negro, por citar una referencia geográfica cercana— como mercado interno, empacarla en la frontera y allí mismo realizar el certificado fitosanitario.

   “Es una medida que se decidió en forma inconsulta respecto de quienes integran la cadena productiva, desde galponeros e instituciones hasta los propios productores. Se firmó a último momento y no entendemos muy bien el por qué. ¡Si nos enteramos leyendo el Boletín Oficial!”, agregó.

   “Más allá del tema productivo, que es muy trascendente, lo que más nos importa es la cuestión social. Afecta a alrededor de 2.500 fuentes de trabajo”, sostuvo Ramírez, en diálogo con La Nueva.

   “La gente que trabaja en los galpones hace la diferencia para todo el año y ahora se quedaría sin nada, ya que gran parte del valor agregado se iría a otra zona. Está claro que, más allá de las crisis nacionales, cuando la cebolla anda bien, los pueblos andan bien”, amplió.

   “¿Qué vamos a hacer? Nuestra preocupación es la de muchas instituciones de una amplia región. No estamos solos en este reclamo que, sin dudas, es un paso atrás luego de venir trabajando de esta manera por más de 20 años”, afirmó.

   “Si bien estamos a la expectativa de la asunción de las nuevas autoridades, para saber qué pasará, lo cierto es que el intendente Carlos Bevilacqua (de Villarino) ya se puso en contacto con el diputado Sergio Massa (presidente de la Cámara) y le planteó la situación, así como la repercusión que una medida de este tenor tendría en las comunidades”, explicó.

Sergio Massa y Carlos Bevilacqua, en 2015, en Médanos.

   La afinidad política de Bevilacqua con Massa, quien estuvo en 2015 en Médanos durante la ceremonia de asunción, puede generar un puente que permita destrabar este conflicto que, como los laboreos para la producción cebollera recién empiezan a fines de febrero, aún no ha estallado en su real magnitud.

   Ramírez sostuvo que el considerando más importante de la resolución del ministerio —firmada por Luis Miguel Etchevehere— es que con el Documento de Tránsito Sanitario Vegetal (DTV-e) se reemplazará la certificación en origen.

   “Dicen que tienden a simplificar la exportación, pero si bien el VTV-e es un documento superador, es algo que debe ir en forma paralela a la certificación”, aclaró el productor tambero.

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, se puso en contacto con el diputado nacional Sergio Massa y le planteó la crítica situación.

   También aludió a cuestiones logísticas.

   “Si uno carga equipos en el galpón y hay rechazos, las instalaciones están a sólo 10 kilómetros, se toman las cebollas que no estén en condiciones y se las vende en el mercado interno. Pero imaginemos un equipo cargado a granel, en la frontera y con un 50 % de rechazo. ¿Qué se hace con esas cebollas?”, se preguntó Ramírez.

Detalles de la Resolución

   Entre otros considerandos, desde el MAGYP se asegura que “(…) la utilización del DTV-e resulta obligatorio para el traslado de cebolla dentro del país, para importación o exportación, abarcando cualquier calidad y modalidad, independientemente de su origen, asegurando la trazabilidad de la mercadería transportada, el origen y el destino (...).

¨  “(...) Que, para continuar el proceso de modernización administrativa, corresponde profundizar la implementación de las herramientas disponibles, mediante la generación de procesos y normativa que aprovechen la sinergia resultante de la aplicación del Plan de Modernización del Estado, aprobado por el decreto N° 434 del 1 de marzo de 2016.

La resolución del MAGyP fue firmada por Luis Miguel Etchevehere.

   “Que el decreto Nº 891, del 1 de noviembre de 2017, aprueba las Buenas Prácticas en Materia de Simplificación, propiciándose entre otras medidas, la simplificación normativa y la mejora continua de los procesos, así como la mejora en la calidad de atención del Estado supone simplificar procedimientos y normas, capacitar a quienes interactúan directa, o indirectamente, con los administrados y ampliar las modalidades de atención incorporando procesos que permitan brindar servicios de calidad a los administrados, accesibles e inclusivos para todos (…).

   “(...) El DTV-e constituye una herramienta idónea y eficiente en la simplificación de trámites para el sector primario, y es superador respecto del certificado de origen, reuniendo mayor información que la requerida, resultando por tanto oportuna la derogación de la referida norma, así como de sus resoluciones modificatorias y complementarias (…)”.