Bahía Blanca | Martes, 23 de abril

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Lo condenaron por vender drogas mientras cumplía arresto domiciliario

Federico Longiaru, reincidente, recibió 5 años y la misma pena fue para su exmujer, Carina Gómez.

Federico Longiaru hoy está detenido en la cárcel de Santa Rosa

   Un joven con múltiples antecedentes, entre ellos enfrentarse a tiros con la policía tras un asalto, fue condenado a cumplir 5 años de prisión al ser acusado de vender drogas en su domicilio mientras se encontraba bajo arresto domiciliario.

   El fallo, mediante juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de nuestra ciudad, recayó en Federico Jonathan Longiaru, de 30 años, quien actualmente está detenido en la cárcel federal de Santa Rosa.

   La misma pena recibió su exmujer -también con prontuario-, Carina Alejandra Gómez (40), quien hoy se mantiene bajo prisión domiciliaria, con vigilancia electrónica mediante una tobillera.

   El operativo por el cual se los condenó se registró a mediados de febrero del año pasado, cuando en el marco de dos allanamientos se secuestraron más de un kilo de cocaína (en trozos y fraccionada), 120 mil pesos, balanzas, anotaciones y celulares, entre otros elementos.

   En aquel momento generó gran polémica la situación procesal de Longiaru, porque estaba bajo arresto domiciliario cuando en 2015 -mientras gozaba de libertad condicional tras recibir una condena por asaltos en Monte Hermoso-, cometió un robo en la distribuidora Peysée, en el centro de nuestra ciudad, y se enfrentó a tiros con la policía, hecho que lo dejó con heridas graves.

   Ahora el fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva y el defensor oficial José Pazos Crocitto acordaron una pena de 5 años en su contra -la escala penal para la comercialización de drogas va de 4 a 15 años- y tuvieron en cuenta como atenuante la edad del imputado. También sostuvieron su declaración de reincidencia. En la fiscalía provincial existen al menos 10 causas en su contra.

   Los operativos que derivaron en esta condena tuvieron lugar en la casa de Longiaru, Humboldt 490, y en lo de Gómez, Coronel Morel 436, de Villa Rosario.

   La sospecha de los investigadores, que figura en el fallo, es que Longiaru era proveedor de Gómez y que parte de la familia de la mujer tenía conocimiento o colaboraba con el delito.

   Además, establecieron que, al menos en el caso de Villa Rosario, usaban como "soldaditos" a jóvenes que se ubicaban en sectores estratégicos para oficiar de "campana".