Policía vs. Justicia: una puja que viene desde hace más de 20 años

Redacción de La Nueva.

contenidos@lanueva.com

   Hasta el 28 de septiembre de 1998, en la provincia de Buenos Aires las investigaciones estaban en cabeza casi directa de la policía, bajo instrucciones de los exjueces en lo Criminal y Correccional, que no solo daban directivas -excepcionalmente "bajaban al campo de los hechos"- sino que también juzgaban.

   La reforma del Código Procesal Penal que se puso en marcha esa fecha, motorizada por la exprocuradora María del Carmen Falbo, no solo trajo oralidad a todos los procesos -hasta el momento solo la tenían los homicidios-, sino la instauración del sistema acusatorio a manos del fiscal, que "liberó" a los jueces y los dejó para lo que corresponde: hacer respetar las garantías y resolver los casos en juicio.

   Con los fiscales a cargo de la instrucción, se suponía que iban a desaparecer ciertas "arbitrariedades" que la policía demostraba en el manejo casi discrecional de algunas causas.

Mirá también: Investigan a fiscales de Bahía Blanca por una denuncia de la DDI

   Sin embargo -y especialmente por el crecimiento progresivo del cúmulo de trabajo y de la inseguridad-, poco cambió. Los fiscales ordenan medidas y siguen más cerca la dirección de las causas penales, aunque en la práctica continúa siendo la policía la que instruye, reúne pruebas y orienta virtualmente la investigación.

   Por ese motivo no se encontró solución a una disputa que es de vieja data: la lucha entre la policía y las autoridades superiores -judiciales o de la fiscalía- por la manera de investigar y por fijar los límites de las garantías procesales.

   Hechos como el sucedido con el arma robada a la mujer policía Stella Maris Rocha, que terminó con la vida del comerciante Ramiro Barragán, u otros 20 que ahora se investigan, son apenas una muestra de esta situación.