Policía vs. Justicia: investigan a fiscales de Bahía Blanca por una denuncia de la DDI
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A los habituales reproches mutuos entre la Policía y funcionarios judiciales en materia de inseguridad, en las últimas horas se sumó una escalada en el conflicto: al menos 5 fiscales de Bahía Blanca comenzaron a ser investigados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, según pudo saber en exclusiva La Nueva.
Todo se inició con la denuncia, en conferencia de prensa, de la titular de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), comisario Liliana Pineda, luego del asalto al comerciante Ramiro Barragán en el barrio Noroeste el 31 de julio, el cual derivó en su fallecimiento un día después.
Pineda dijo que 21 días antes del ataque, el 10 de julio, la DDI había solicitado a la fiscal Olga Herro que pida el allanamiento del domicilio donde se encontraba el arma que, más tarde, sería utilizada en el asalto. A la pistola reglamentaria Bersa Mini Thunder la habían robado a fines de junio de la casa de la agente de la Policía Bonaerense, Stella Maris Rocha.
La doctora Herro no concedió el allanamiento por considerar que la prueba, un llamado anónimo al teléfono de Rocha señalando dónde estaba el arma, no era suficiente para otorgar la medida en el inmueble de Juan Molina 1940. Y pidió más elementos probatorios que, según sostuvo, nunca llegaron.
Investigaciones "cruzadas"
La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, responsable de todos los fiscales bonaerenses, tomó nota de la denuncia de la comisario Pineda y ordenó al fiscal general del Departamento Judicial Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, que forme causa e investigue.
Pero la orden del procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, tuvo derivaciones que exceden al caso Barragán. Actualmente se analiza la actuación de diferentes fiscales en diversas causas (alrededor de 20) por allanamientos no solicitados, un reclamo frecuente de la Policía.
Una de las particularidades de esta situación es que los agentes fiscales locales se están investigando de manera cruzada. Es decir, al menos por ahora, no se derivó la causa a otra jurisdicción por eventuales excusaciones y/o posibles incompetencias.
"Es extraño que los mismos fiscales se investiguen entre sí. Deberían ser de otro departamento judicial", sostuvo una fuente judicial que confirmó el inicio de las actuaciones.
Cuáles son los pasos
El procedimiento para allanar cumple habitualmente este circuito: policías investigan un posible delito, presentan la actuación ante un fiscal y piden la medida. Si el fiscal entiende que hay prueba suficiente, solicita a su vez el allanamiento a la Justicia de Garantías, que puede concederlo o no.
En estos casos, las denuncias hablan de una supuesta traba en las fiscalías, que impide realizar allanamientos en tiempo y forma. De la otra vereda, se argumenta que la policía no reúne los elementos mínimos para la requisitoria.