​​​​​Facilitación de la prostitución: revocan la absolución de un martillero y lo condenan

Redacción de La Nueva.

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   El martillero y empresario inmobiliario Gustavo Aníbal Vecchi fue condenado a 4 años y medio de prisión por el delito de facilitación de la prostitución, entre 2014 y 2018, en departamentos de su propiedad que funcionaban como casas de cita. 

   De esta manera, la Sala I de la Cámara Penal aceptó la apelación de la fiscal Marina Lara y revocó el fallo absolutorio que había dictado, a fines de 2020, la jueza Correccional María Laura Pinto.

   En 2019, la jueza Susana González La Riva también había absuelto a Vecchi, pero la Cámara anuló ese juicio, por no incorporar prueba de la fiscalía, y dio paso a la intervención de Pinto.

   Ahora los camaristas Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri entienden que hay elementos probatorios que determinan la conducta de Vecchi en el delito estipulado en el artículo 125 del Código Penal (facilitación), aunque no así en el 127 (que se refiere a la explotación de la prostitución ajena).

   La Cámara aclaró que no se trata de penar a quien alquila una vivienda y luego allí se ejerce la prostitución de espaldas al locador, sino que aquí Vecchi "conocía de antemano el fin de los alquileres y facilitaba su acción", al tener varios inmuebles con varias víctimas en condición de vulnerabilidad.

En dos lugares

   Se determinó esa acción en varios departamentos suyos ubicados en Lavalle 218 y en una vivienda, que no era de su propiedad pero la administraba, en Pueyrredón 193.

   Los camaristas explicaron que "en la generalidad de los casos no hay una relación de paridad entre el promotor, facilitador o explotador y la trabajadora sexual, sino de cierta subordinación, dependencia o sujeción".

   Citaron varios testimonios, como el de B, a quien el propio acusado llevó en su auto a la inmobiliaria a firmar el contrato. Dijo que Vecchi iba en persona a cobrar los alquileres a Lavalle.

   La testigo C, en tanto, declaró que el martillero le pidió que no saliera a la vereda a mostrarse para evitar conflictos con los vecinos y que cuando quiso sumar a un amigo al departamento, para compartir los gastos, se lo negó. "Te lo alquilé para trabajar y no para compartir gastos", le habría advertido.

   D, por su lado, confirmó que el ahora condenado "iba constantemente al inmueble" y que ninguna de las trabajadoras vivía en el lugar.

   En el caso de Pueyrredón, la testigo A dijo que 5 chicas ejercían la prostitución -desde 2014 y hasta 2017- y que quien iba a cobrar el alquiler era "una persona de mediana edad, calva, que se llamaba Gustavo".

   Un suboficial de la Prefectura, que realizó tareas de investigación, confirmó que la propiedad de Pueyrredón estaba en muy mal estado, no era habitable y que se abría de lunes a sábados de 8 a 21.

   Una licenciada en trabajo social del Programa Nacional de Rescate de Trata de Personas dijo, a su turno, que las mujeres se encontraban "en situación de vulnerabilidad".

Fin y consecuencia

   "No está en duda que Vecchi, como propietario y administrador de los inmuebles en cuestión, tenía como fin último percibir los alquileres correspondientes por los contratos de locación que había celebrado oportunamente, pero no es menos cierto que su conducta también se encontró dirigida a facilitar la actividad prostibular de sus inquilinas, siendo aquel fin consecuencia de este", dijo la Cámara.

   Más allá de los testimonios, entre los indicios que llevaron a los jueces a acreditar el delito figura la colocación de timbres o portero eléctrico en cada departamento, tarea que llevó adelante Vecchi a pedido y cargo de las trabajadoras, para evitar dejar "papelitos con el nombre de cada una de ellas en la habitación donde se encontraban".

   "Por su preparación y formación como hombre de negocios, con cientos de emprendimientos inmobiliarios realizados en la ciudad, según sus dichos", Vecchi tenía pleno conocimiento de la antijuricidad de su conducta, conocía la situación de vulnerabilidad en que se encontraban las trabajadoras sexuales a las que les alquilaba los inmuebles", concluyeron Soumoulou y Barbieri.

Confiscación

   Antes de dictar la condena, marcaron como atenuantes la carencia de antecedentes penales y, a modo de agravantes, la educación y el nivel de vida socioeconómico del procesado.

   Tras fijar la ena de 4 años y medio de cárcel, la Cámara ordenó el decomiso del inmueble de Lavalle 218 (no así el de Pueyrredón, porque no era de su propiedad), según lo prevé el artículo 23, párrafo sexto, del Código Penal.

   Se pidió notificar a la defensa y a la fiscalía aunque no existe un pedido formal de detención por el momento, ya que el fallo no está firme y Vecchi tiene la oportunidad de apelar a la Corte bonaerense.