Las zonas frías en su momento más caliente
Conocer en detalle la nueva Ley es clave para discutir pretendidos derechos.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que restringe la llamada «Zona Fría», área en la cual se subsidia el consumo de gas natural. La iniciativa, de aprobarse en el Senado, impactará en subas tarifarias en 94 municipios bonaerenses.
El proyecto propone volver al esquema establecido en 2002, concentrado en las provincias de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, dejando afuera las ciudades incorporadas en 2021.
En la actualidad son 1.240.000 de hogares los que perderían los descuentos en Buenos Aires, con una suba de entre el 40% y el 100%.
El esquema actual se financia con un recargo del 7,5% sobre el precio del gas a todos los usuarios del país. Sin embargo, ese fondo no alcanza a cubrir los subsidios a las zonas frías.
La pretendida modificación, que aparece muy cerca de ser realidad, ha provocado la reacción de todos los intendentes afectados, con un categórico rechazo a esa medida.
El criterio que se utilizó en 2021 para ampliar el régimen de “zonas frías” fue climático y bioambiental, basado en la clasificación del ENARGAS con subzonas consideradas de mayor demanda energética.
Esa aplicación generó controversias porque incorporó localidades que no formaban parte de las zonas más frías, a partir de consideraciones políticas y distributivas.
El sudoeste bonaerense quedó comprendida porque las necesidades de calefacción son significativamente mayores que en gran parte del resto de la provincia
Entre los municipios que perderían el beneficio están Azul; Carmen de Areco; Coronel Pringles; Coronel Suárez; Daireaux; Dolores; General Pinto; Guaminí; Monte Hermoso; Puan; Tandil; Tornquist; Tres Arroyos y Villarino.
Como en todo este tipo de cuestiones, es justo y necesario un análisis serio y detallado de situación, que se fijen parámetros claros que definan qué es una zona fría y que se actúe en consecuencia.
Cuando se toman este tipo de decisiones sin un criterio claro se suele caer en abusos o decisiones injustas que terminan por afectar a todos.
Establecidas con claridad esas condiciones, cada municipio debería luchar por los beneficios que considere le correspondan.