El caso de la nutria: la semana que viene indagarán a los acusados
Por la brutal muerte del coipo, Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre deberán presentarse como imputados ante la fiscal Marina Lara.
La semana que viene tendrán que presentarse a declaración indagatoria, en calidad de imputados, Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los estudiantes de Huanguelén que están acusados de matar a golpes a una nutria y filmar la acción.
La audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal estará a cargo de la fiscal Marina Lara y no se dio a conocer la fecha exacta de la misma por cuestiones de seguridad, a fin de evitar una eventual reacción de los grupos más radicalizados de proteccionistas de animales.
En las últimas horas, en el marco de la investigación, se incorporaron a la causa distintas declaraciones testimoniales, entre ellas de otros jóvenes que estuvieron presentes y vieron toda la secuencia.
Sus dichos sirven para determinar el grado de participación de ambos acusados, según se informó.
Por otra parte, el viernes se realizará el examen de visu de los celulares de Bravo y Santerre, secuestrados en el marco de una serie de allanamientos realizados tanto en nuestra ciudad (donde los jóvenes estudiaban) como en la localidad de Huanguelén, de donde son oriundos.
"Tendremos que determinar si se pueden desbloquear los dos teléfonos. Son dos Iphone y las claves no fueron suministradas", explicó un investigador.
De no lograr la apertura en ese caso, se deberá realizar una pericia de mayor complejidad, que demandará más tiempo.
Sobre la indagatoria, se dijo que ambos deberán responder por infracción a la ley de maltrato animal, en concurso ideal con la falta a la ley de preservación de la fauna autóctona.
Esta última normativa prevé en caso de condena la inhabilitación, con lo cual ambos jóvenes deberían llegar a juicio oral y no podrían ser beneficiados por el "atajo" de la suspensión de juicio a prueba o probation.
Más allá de esta causa, tramita otra IPP ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9, a cargo del fiscal Diego Conti, por las amenazas que supuestamente recibieron tanto Bravo como Santerre luego de la viralización del video.