Bahía Blanca | Lunes, 23 de marzo

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La reforma de la Ley de Glaciares abre una fuerte discusión ambiental

Especialistas del CONICET advierten que las modificaciones propuestas podrían debilitar la protección de ecosistemas clave.

La discusión sobre el futuro de los glaciares argentinos volvió al centro del debate ambiental. Tras la media sanción en el Senado de la reforma a la Ley de Glaciares de Argentina, la Cámara de Diputados convocó a audiencias públicas para miércoles y jueves próximos, en medio de fuertes cuestionamientos de científicos, organizaciones ambientalistas y bloques opositores.

El interés social es alto: más de 30 mil personas ya se inscribieron para participar del proceso de debate previo a la votación en la Cámara baja. Sin embargo, el esquema previsto por el oficialismo contempla solo dos jornadas de exposiciones de cinco minutos por participante, lo que podría limitar la cantidad de oradores presenciales.

Especialistas advierten que los cambios propuestos podrían modificar de manera sustancial el esquema de protección que actualmente rige para los glaciares y los ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce.

Un sistema de protección

El geólogo Mateo Martini, investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), explicó que la legislación vigente protege tanto a los glaciares como a los ambientes periglaciales, donde se encuentran formaciones que almacenan agua congelada.

Según el especialista, la reforma modificaría ese esquema.

“Con la reforma propuesta a la ley, tanto los glaciares como el ambiente periglacial pierden su protección integral que mantienen hasta hoy”, advirtió.

La norma actual permitió la realización del Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) junto con las provincias. Ese relevamiento identifica las formaciones glaciares y periglaciares que deben preservarse.

La reforma habilitaría a las provincias a solicitar la exclusión de determinadas geoformas del inventario si consideran que no cumplen funciones clave como reservas estratégicas de agua o recarga de cuencas hidrográficas.

De concretarse ese cambio, advierten los especialistas, algunas de estas formaciones podrían ser alteradas o removidas por actividades humanas, incluida la explotación minera.

Reservas de agua clave

En la Cordillera de los Andes existen múltiples geoformas de origen glaciar y periglacial. Entre ellas se encuentran los llamados glaciares de roca o de escombros, que almacenan hielo debajo de la superficie.

Estas formaciones cumplen una función fundamental en regiones áridas y semiáridas: actúan como reservorios de agua y reguladores naturales de caudales.

“Los glaciares y las geoformas periglaciales constituyen un sistema hidrológico interdependiente. Cualquier modificación influye en su conjunto”, explicó Martini.

El especialista remarcó que la formación de un glaciar puede llevar cientos o incluso miles de años, mientras que su deterioro puede ocurrir en tiempos mucho más breves y con consecuencias irreversibles para los ecosistemas de montaña.

El rol de los organismos

Otro punto cuestionado por la comunidad científica es el rol que tendría el IANIGLA en el nuevo esquema. Actualmente el instituto tiene una participación central en el inventario y monitoreo de los glaciares del país.

Con la reforma, ese organismo perdería capacidad de decisión y las evaluaciones quedarían más vinculadas a las provincias.

Para Martini, el cambio plantea un desafío técnico importante.

“La mayoría de las provincias carece de especialistas y recursos para estudios complejos sobre la criósfera de montaña, que requieren largos períodos de monitoreo”, señaló.

Por ese motivo, desde el ámbito científico se reclama que cualquier modificación a la ley incluya metodologías claras y mantenga la participación de organismos técnicos especializados.

Audiencias participativas

La audiencia pública convocada por Diputados permitirá que ciudadanos, especialistas y organizaciones expresen sus posiciones antes de la votación del proyecto.

El 25 de marzo se realizarán exposiciones presenciales en el anexo de la Cámara de Diputados, mientras que el 26 se habilitará la modalidad virtual para ampliar la participación federal.

Sin embargo, bloques opositores advirtieron que el número de inscriptos supera ampliamente el tiempo disponible. Con el esquema previsto —de 10 a 19 horas y cinco minutos por orador— solo unos 200 expositores podrían intervenir.

Por eso, legisladores de distintos espacios pidieron ampliar la duración de las audiencias para garantizar la participación ciudadana prevista en el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la información ambiental y la intervención pública en decisiones de impacto ecológico.

Un debate que trasciende a la cordillera

Aunque el tema parezca lejano a las ciudades del llano, la discusión sobre los glaciares tiene implicancias para todo el país. Estas formaciones representan una de las principales reservas de agua dulce de Sudamérica y desempeñan un papel clave en el equilibrio hídrico de numerosas cuencas.

Para muchos especialistas, el debate no se limita a una discusión técnica sobre minería o regulación ambiental, sino que plantea una pregunta más amplia: cómo gestionar recursos naturales estratégicos frente al avance de actividades productivas.

“Esperamos que haya un amplio debate y que se considere al ambiente glaciar y periglacial como un sistema integrado”, concluyó Martini.

La decisión final quedará en manos de la Cámara de Diputados, donde el proyecto se debatiría después de Semana Santa. Mientras tanto, el tema promete convertirse en uno de los ejes ambientales más sensibles del año.