Piden procesar a una empleada de PAMI local por "vender" archivos
De confirmarse el planteo del fiscal federal Santiago Martínez, Ester Koch y su hijo deberán responder por el faltante, sin autorización, de varias cajas de documentos de una oficina.
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Decenas de cajas con archivos y legajos que se encontraban en varias estanterías de una oficina del PAMI local, en Corrientes y Las Heras, fueron destruidas sin ningún tipo de autorización y por el caso piden el procesamiento de una empleada del organismo y su hijo.
La causa fue instruida por el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y la imputada es Ester Beatriz Koch, a quien se le imputa el delito de supresión de documentación pública, al igual que a su hijo Juan Mattioli.
La denuncia había sido radicada por el exdirector de la UGL V, Álvaro Díaz, cuando la mañana del 22 de agosto de 2022 recibió un llamado del sector respectivo para ser notificado que la sala de archivo había sido vaciada.
En ese lugar se guardaban expedientes, legajos de personal, actos dispositivos y otra documentación desde 2003 a la fecha.
La situación se descubrió cuando otros dos agentes del organismo habían concurrido para realizar tareas de mantenimiento.
Detallaron que las cajas ubicadas en un total de 6 filas de 17 estanterías -compuestas de 7 estantes cada una de ellas- habían desaparecido.
Personal de una dependencia contigua, así como testigos de comercios cercanos aportaron testimonios y pruebas que permitieron encauzar la investigación.
Algunos, por caso, confirmaron que, pocos días antes y fuera del horario de atención, vieron a la agente Koch junto a un desconocido.
Otros testigos ampliaron que vieron un camión de la firma Recicla Bahía en el lugar, donde no existen cámaras de seguridad, y maniobras compatibles con la carga de cajas.
Desde la empresa de reciclaje confirmaron que Mattioli había contratado sus servicios, por un valor de 180.990 pesos, para retirar papel para vender.
En el marco del sumario administrativo, Koch había dicho que había recibido autorización para hacer esa acción, aunque sus superiores negaron esa versión y durante la investigación penal prefirió no declarar.
Pruebas "claras y concordantes"
"Está probado, al menos con el grado de certeza necesario para esta etapa, que el 17 de agosto de 2022, la agente Ester Koch, junto con su hijo Juan Manuel Mattioli, habría retirado cajas que contenían varios expedientes administrativos y documentos públicos pertenecientes al PAMI que se encontraban en el depósito de Corrientes 301 sin la debida autorización de las autoridades del lugar y lo habrían vendido a una empresa llamada 'Recicla Bahia', percibiendo como contraprestación la suma de dinero de $180.990", ratificó el fiscal Martínez en el pedido al Juzgado Federal Nº 1.
Dijo que el delito de falsedad por supresión (artículo 294 del Código Penal) se configura cuando una persona oculta o destruye un documento (público o privado) de manera que se genere una posibilidad de perjuicio para un tercero o afectando la fe pública.
Y agregó que los elementos de prueba reunidos "son claros y concordantes en relación al cobro de la suma de $180.990 por parte de los encartados a cambio de la entrega del paquete con varios expedientes administrativos y documentos públicos pertenecientes al PAMI, disponiendo de dichos paquetes sin la debida autorización del organismo nacional".
En ese sentido, el fiscal tuvo en cuenta el sumario administrativo del PAMI, la investigación de la Policía Federal, el informe del Registro Nacional de las Personas y la información aportada por la firma Recicla Bahía, entre otros medios.
El acusador destacó en el escrito que la negativa a declarar de los imputados le impidió a la fiscalía "esclarecer el contexto en el que se retiraron los expedientes".