La falta de anticonceptivos preocupa en Bahía Blanca: "Comenzamos a tener quiebres de stock"

Victoria Álvarez Fortunato

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Periodista y técnica en Comunicación Digital. Desde 2022, integra el equipo de redacción de La Nueva., donde cubre eventos sociales y políticos a nivel local, regional y nacional para la edición impresa y digital.

En los últimos meses, hospitales y unidades sanitarias de Bahía Blanca comenzaron a registrar un problema creciente: la falta de anticonceptivos en el marco de los planes estatales de salud reproductiva.

Lo que podría leerse como un tema de logística o administración, en la práctica se traduce en consecuencias concretas: mujeres que no encuentran pastillas en las farmacias hospitalarias, que deben aceptar un método distinto al que eligieron, o que quedan directamente sin opciones para prevenir un embarazo no deseado.

"Con el cambio de gestión a nivel nacional, comenzamos a tener quiebres de stock en algunos insumos de la canasta de salud sexual", explicó Maximiliano Núñez Fariña, director ejecutivo de Región Sanitaria I.

Hasta hace pocos meses, los anticonceptivos llegaban con regularidad a través del programa nacional Remediar, en botiquines diseñados específicamente para garantizar el acceso gratuito en el sistema público.

"Los mismos eran distribuidos al depósito regional y también a las unidades sanitarias", recordó Núñez Fariña.

Esa provisión empezó a volverse irregular y los insumos que llegaban resultaron insuficientes para la demanda habitual. El faltante no sólo encendió la alarma en los hospitales, sino que obligó a las autoridades sanitarias a reacomodarse sobre la marcha.

"Esta situación obligó a las autoridades provinciales y locales a buscar alternativas —en la medida de lo posible— para no interrumpir la atención y garantizar que las personas puedan acceder a métodos efectivos de prevención", agregó el funcionario, en diálogo con La Nueva.

Entre esas alternativas se reforzó la colocación de implantes intradérmicos de larga duración, que pueden aplicarse en cualquier hospital y tienen una efectividad de hasta cinco años. Son una herramienta eficaz, pero no reemplazan a las pastillas, que muchas personas prefieren por cuestiones de practicidad o de decisión personal.

"Ante la falta de información sobre planificación y distribución por parte del Ministerio de Salud de la Nación, el gobierno provincial inició licitaciones para la compra de insumos anticonceptivos de larga duración (implantes subdérmicos, sistemas intrauterinos de liberación hormonal y dispositivos intrauterinos)", detalló Núñez Fariña.

El problema excede lo individual. El acceso limitado a métodos anticonceptivos impacta en la salud pública en su conjunto: aumenta el riesgo de embarazos no planificados, interrumpe programas de prevención y genera presión extra sobre un sistema hospitalario que ya enfrenta dificultades.

En un contexto de crisis económica, muchas familias dependen del sistema público para obtener estos medicamentos de manera gratuita; cuando no están disponibles, el acceso queda condicionado por la capacidad de pagarlos en farmacias privadas, generando desigualdad.

"Al momento contamos para la distribución —según circuitos formales a secretarías de Salud y hospitales— con anticoncepción inyectable mensual, anticoncepción hormonal de emergencia, IS, SIU, DIU, insumos para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo en el marco de la Ley 27.610, test de embarazo y preservativos", enumeró Núñez Fariña.

En paralelo, se impulsan estrategias complementarias: la incorporación de la vasectomía sin bisturí como opción ambulatoria, gratuita y permanente; capacitaciones a los equipos de salud para que brinden información clara sobre los métodos disponibles; y campañas oficiales para difundir recursos de prevención y salud sexual integral.

La línea telefónica 148 (opción 3) también funciona como canal de consulta y derivación para quienes buscan información confiable.

La situación en Bahía Blanca refleja lo que ocurre en distintas regiones del país: cuando los envíos nacionales se reducen, los hospitales deben improvisar soluciones y priorizar algunos métodos sobre otros. En esa dinámica, el derecho a decidir queda atado a lo que hay —o no hay— en el depósito sanitario.