Unión por la Patria: "No se trabaja sobre copias o en cosas que no funcionaron"

Redacción de La Nueva.

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Durante la octava sesión ordinaria, del pasado jueves 12 de junio, parte de la oposición aprobó un proyecto de ordenanza para declarar una emergencia sanitaria que ya estaba vigente desde hace más de diez años, a través de dos ordenanzas (2008 y 2015), se dijo desde el bloque de Unión por la Patria.

“¿Qué novedades trae esta ordenanza? Ninguna ¿Qué nueva herramienta genera? Ninguna ¿Qué solución brinda a los vecinos? Ninguna”, se remarcó desde la bancada oficialista.

Y luego se continuó: “La ordenanza declara algo que ya está declarado y otorga facultades al intendente que ya tiene. El ex intendente Uset votó como concejal, en 2015, afirmativamente para crear una herramienta que luego no utilizó”.

En contraposición -se agregó-, el intendente Rodrigo Aristimuño, “gestionó la reparación de 8 colectoras y se sigue trabajando para dar solución a las más de 30 que aún faltan, ya que al comienzo de la gestión se encontraron más de 40 rotas”.

En tal sentido, se citó como ejemplo la intervención en Albatros XX, después de 40 años, para el recambio de 200 metros de colectora; las reparadas en San Luis y Jujuy, Luiggi y Saenz Peña, Mitre y Uriburu, Rodríguez Peña y Mitre; y barrio ATE III, con el cierre de malla de red de agua potable y la instalación de 600 metros de cañería nueva.

Por otro lado, “el intendente intervino y solicitó al ADA (Autoridad del Agua) para que se sancione a la empresa ABSA y requirió la eximición del pago de la tarifa por el servicio de agua potable a todos los habitantes del distrito afectados por la falta de suministro”.

“Todo ello en el marco de sus facultades y del compromiso asumido con la comunidad de trabajar en soluciones concretas y no en la creación de herramientas que son copias de otras que no se usaron o no funcionaron”, se subrayó desde el bloque oficial.

La oposición

Mientras tanto, desde el bloque Bien Común y la UCR se dijo que la nueva ordenanza promueve la responsabilidad ambiental de ABSA.

"Por primera vez el Concejo Deliberante aprobó una norma que indica la responsabilidad ambiental y sanitaria de la empresa y del Municipio. Algo que adoptamos, pensando en los vecinos, de la propia Constitución Nacional y que no estaba mencionado en las ordenanzas anteriores que solo se referían a cuestiones técnicas”, se indicó desde el partido verde.

“Ya no tenemos un problema de falta de obras sino que hay un agravamiento ambiental que genera una situación de contaminación que puede dañar la salud de la población. Es alarmante que el intendente y sus concejales quieran negar eso”, se expresó.

“La nueva ordenanza también menciona la necesidad de controles sanitarios y de exponer ante el gobernador provincial, de forma permanente, los problemas generados por los derrames cloacales y por la falta de acceso al agua potable como está ocurriendo en Pehuen Co, ante los reclamos de dicha comunidad", se expone en la nota que lleva las firmas de los concejales Lisandro Delle Donne y Daniel Medina (Bien Común), y Néstor Martínez y Liliana Taboada (UCR).

En tal caso, se sostuvo que “la emergencia que el intendente amenaza con vetar también obliga a que el Municipio deba publicar mediciones ambientales que determinen la contaminación del sistema pluvial y su vertido a la costa del distrito y el deber de exponer esta situación en cada audiencia pública convocada anualmente por la empresa ABSA y la Autoridad del Agua, algo que Rosales no ha realizado desde el Municipio”.

"Ante las audiencias públicas, el Municipio nunca expuso la situación sanitaria que se vive en la ciudad. En esa circunstancia, la empresa expone sus planes de obras y el último año las inversiones de recambio de colectores para el distrito han sido considerablemente menores a las de otros Municipios de la región con menor tasa de habitantes.

“Esto lo expusimos ante el oficialismo y no tenemos respuestas. Incorporar la materia sanitaria y ambiental obliga a medir la contaminación y a exponer el tema anualmente ante la Autoridad del Agua y a los legisladores que programan el presupuesto. Todos los cambios son acciones lógicas y de acompañamiento a todos los vecinos que padecen los derrames cloacales o la falta de agua potable".

Al mismo tiempo, se dijo que “la ordenanza fue puesta a consideración de todos los concejales y que tanto Unión por la Patria como Primero Rosales no la acompañaron argumentando que la situación en Rosales 'no es de emergencia'.

"Creemos que sería un retroceso por parte del oficialismo ir en contra de una ordenanza que dispone la obligación de plantearle todos los años al gobernador este tema -tanto al actual como a quien lo suceda- y que se deban rendir cuentas públicas de dichas gestiones", se dijo desde la oposición.