Quién es el preso de Bahía que busca frenar el sistema de Bullrich “a lo Bukele”

Redacción de La Nueva.

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La primera medida de gobierno fuerte que adoptó el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich fue la resolución 35/2024, que puso en marcha el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.

El controvertido SIGPPLAR no solo le quitó "beneficios" a presos detenidos por crimen organizado, a fin de descabezar organizaciones delictivas especialmente vinculadas al narcotráfico, sino que también limitó varios de sus derechos.

La controvertida decisión se alineó con la visita de la ministra a una megacárcel de El Salvador, para replicar algunas medidas del llamado "sistema Bukele", en referencia al presidente de aquel país centroamericano que se jacta de haber disminuido drásticamente el delito de sangre, aunque con una realidad distinta a la nuestra, más emparentada con las pandillas denominadas Las Maras.

Con la restricción de uso de movimientos financieros de los reclusos, su aislamiento carcelario y la limitación de actividades y visitas, para algunos el SIGPPLAR vino a poner orden y terminar con que los "popes" del delito sigan su faena desde las celdas.

Para otros se trata de un castigo extremo, casi de tortura, que incumple con elementales derechos humanos, a los cuales la Argentina adhirió a partir de tratados internacionales.

Entre el selecto grupo de presos de "alto riesgo" -se incluye, po ejemplo, a integrantes de la banda Los Monos de Rosario- existe un condenado de Bahía que se considera atropellado por el protocolo.

Se trata de Walter Oscar Ledesma, calificado como uno de los capo-narcos de nuestra ciudad y la región, quien purga una pena única a 17 años de prisión por comercializar drogas.

Conocido como "El hombre" o "El maestro", Ledesma es a quien, cuando allanaron sus múltiples propiedades en 2018 -antes de su cinematográfica detención- le secuestraron 1,6 millones de dólares en efectivo escondidos en el altillo de una cabaña en Monte Hermoso del Este.

Los investigadores creen que, al menos una vez por mes, el narco viajaba a Buenos Aires o al conurbano, donde se reunía con mayoristas y regresaba a Bahía con 10 kilos o más de cocaína de máxima pureza.

Parte de la condena la cumplió en la cárcel de Viedma, desde donde fue trasladado en 2023 al penal federal de Santa Rosa.

El año pasado se lo incluyó en el SIGPPLAR, pese a su firme oposición.

En octubre último, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía rechazó su planteo de inconstitucionalidad del protocolo de Bullrich y ahora la Sala III de l Cámara Federal de Casación Penal volvió a desestimar sus argumentos, apoyados por la defensora Patricia Stadler.

Cuál será el “aporte” del narco Walter Ledesma en caso de ser condenado

Stadler, en el escrito que rechazó hace unos días Casación, aseguró que el régimen instaurado no tiene el respaldo legislativo pertinente y agrava ilegítimamente las condiciones de detención de internos como Ledesma.

"Es un retroceso de las políticas penitenciarias basadas en humanización de las penas y respeto de los derechos humanos", dijo.

Y también aseguró desconocer los motivos que llevaron a colocar a su defendido en la lista de "alto riesgo", medida que por otro lado atenta contra la resocialización de los reclusos, según consideró.

Sin embargo, los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Juan Carlos Gemignani, dejaron de lado la apelación.

Explicaron que la tacha de inconstitucionalidad es una de las funciones "más delicadas" de encomendarse a un tribunal y debe considerarse como última alternativa

"Solo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable y el interesado demuestra, claramente, de qué manera la ley contraría la Constitución Nacional.

"En este caso, la impugnación constitucional no se encuentra debidamente fundada y no se percibe en autos violación alguna de los postulados constitucionales e internacionales que la defensa alega", sentenció Casación, para agregar que la defensa "no introdujo argumentos ni una crítica razonada" al respecto.

Ledesma insistirá. Ya anunció a través de su defensa que hará uso del recurso a nivel federal (llegar a la Corte de Nación).

En qué consiste

En la misma sintonía hay otros presos "peligrosos", que aseguran haber perdido derechos básicos.

"No podemos permitir que las cárceles se conviertan en espacios de castigo extremo, siguiendo un modelo autoritario y de tortura como el de Bukele", reclamó Gisela Ortega, la esposa de Mario Segovia, conocido como el "Rey de la efedrina", a quien ya le prohibieron las visitas íntimas y también de contacto con sus hijos (solo a través de un blindex).

El abogado Fabio Galante, en tanto, dijo que aquellos reclusos incluidos en el SIGPPLAR reclaman menos horas de encierro, porque llegan a un confinamiento de 20 horas por día, en celdas de 1,5x3 metros, sin posibilidad de ingresar a la progresividad de pena.

Aseguran que solo tienen una llamada por semana con sus familias, de 20 minutos de duración.

"No están pidiendo privilegios, sino un trato digno", remarcó Galante.

Con el protocolo, el Ministerio de Seguridad puso como objetivo que los internos tengan restringido el movimiento de sus cuentas bancarias y de esa manera restarles poder.

También busca limitar el consumo de la proveeduría en las cárceles donde se aplique el sistema e implementar alertas para detectar cambios en los hábitos de consumo y/o flujos de dinero, a partir de registros informáticos.

Además, establecer alertas sobre amenazas entre la población común y la de "alto riesgo". 

Como parámetro de ingreso al SIGPPLAR se tienen en cuenta el peligro de fuga, el riesgo de la operatividad desde el interior del penal y la corrupción (de presos y penitenciarios).

Otro "conocido" en el SIGPPLAR 

Ezeiza. En la cárcel federañ de Ezeiza también fue incluido en el SIGPPLAR, a mediados del año pasado, Juan Ignacio Suris, condenado por comercialización de drogas y asociación ilícita fiscal.

Policía. En ese contexto sumaron no solo al bahiense sino también al subcomisario Leandro Benítez, de la Policía Federal de Santa Fe, quien fue procesado por "asistir" a Suris como si fuera un preso VIP.

Detención. Suris fue detenido a fines de 2023 en la localidad santafesina de Esperanza, porque debía cumplir una condena única a 8 años de cárcel fijada por la Justicia local. Al quedar detenido preventivamentente en la sede Santa Fe de la Federal, habría obtenido los "privilegios".