La seguridad pública en manos de profesionales: la propuesta de la UNS convertida en fenómeno

Mario Minervino

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Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Pocos temas tan complejos son los relacionados con la seguridad pública. Por todo lo que involucra para una sociedad, se trata de un problema multidimensional en el cual intervienen factores sociales, económicos, políticos, urbanos, penales, culturales e institucionales.

En una conducta vinculada a la desigualdad social, a la pobreza y a falta de oportunidades, a la exclusión urbana, entre otros elementos en la que intervienen no pocos actores. Los medios de comunicación y las experiencias propias también influyen en cómo se advierte la inseguridad, una percepción que también exige respuestas políticas.

La seguridad es habitual, además, que se utilice como bandera electoral: se cambian estrategias, leyes o enfoques según el gobierno de turno. Todo esto exige una formación, una inteligencia y una coordinación que resulta difícil de lograr si no es a través de una formación académica.

De allí entonces la trascendencia de la decisión de la Universidad Nacional del Sur (UNS), a través del Departamento de Derecho, de dictar desde 2025, la licenciatura en Seguridad Pública, con la idea de formar especialistas en esa materia. Es una carrera que, además, se ha convertido en la más elegida para 2026, sumando 1.161 inscriptos, casi el 18 % del total de ingresantes.

La magister Pamela Tolosa, decana del Departamento de Derecho de la UNS, analiza este particular fenómeno.

“La cantidad de inscripciones demuestra que se trata de una carrera que viene a satisfacer una demanda social relevante. La seguridad pública es un tema sensible, que exige profesionalización y capacitación continua de los recursos humanos que se desempeñan en esa área”, señala.

Destaca, además, el perfil de la licenciatura en su manera de gestionar los conflictos de la sociedad actual.

“Las razones por las cuales la demanda es tan alta son diversas. Por un lado, es presentada como la única carrera en una universidad pública con un perfil innovador y moderno que pone el foco en que el conflicto es inherente a toda sociedad y enseña cómo gestionarlo en el contexto de una democracia constitucional", dice.

“Deja de lado la visión tradicional de la seguridad, que asumía que el conflicto social era algo patológico que debía erradicarse. La carrera brinda herramientas multidisciplinarias, como estrategias de comunicación, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, instrumentos de prevención, análisis e interpretación de estadísticas, entre otras”, añade.

Menciona además que el haber adoptado la modalidad de dictado a distancia abre las puertas a interesados de todo el país, lo cual sin dudas ha permitido el aumento de la matrícula. “También se facilita el acceso a quienes trabajan en instituciones vinculadas a la seguridad que, muchas veces, no podían estudiar por tener horarios rotativos y jornadas laborales extensas”, indica.

La licenciatura es una carrera de dos años —cuatro cuatrimestres; 19 materias— pero exige una tecnicatura en alguna especialidad relacionada con la seguridad.

Si bien esto puede parecer una limitante, el listado de títulos que habilita a la inscripción suma unas 50 tecnicaturas, además de títulos de técnico superior, bachilleratos en seguridad policial o ser oficial ayudante.

La licenciatura tiene entre sus incumbencias dirigir y organizar unidades y servicios de seguridad pública a nivel institucional, diseñar propuestas de política pública de seguridad, de tácticas y estrategias de prevención del delito, implementar y evaluar dispositivos orientados a la promoción y protección de derechos, el acceso a la justicia, la reducción de daños.

La licenciatura tiene entre sus incumbencias dirigir y organizar unidades y servicios de seguridad pública a nivel institucional.

Instrumentar estrategias de abordaje interdisciplinarias e integrales con relación a la seguridad, de sujetos privados de libertad y liberados y realizar peritajes relativos a la determinación de factores de riesgo y de condiciones en ámbitos donde pueda haberse producido un hecho delictuoso.

Las 19 materias que se dictan se incluyen: Política Criminal, Lectura comprensiva de textos en Ingles Nivel I, Filosofía de la Pena y Taller de Violencia Institucional.
También Prevención del Delito, la Violencia y el Temor al crimen, Derechos Humanos y Análisis del Delito y las Estructuras de Crimen.

Abogacía, la otra elegida

Al Departamento de Derecho le corresponde también el dictado de abogacía, carrera que desde su creación (en 1996) tiene el más elevado número de anotados. Para el ciclo 2026 sumó 470 aspirantes.

Consultada la decana sobre si un número tan importante de futuros profesionales no repercute en sus posibilidades laborales, señaló que se trata de una situación “siempre positiva”.

“Siempre el interés por una carrera es bueno, como también su impacto en el ejercicio de la profesión. Formar profesionales en la ciudad repercute a largo plazo positivamente”, dijo.

“Desde que existe la carrera en Bahía Blanca tenemos una oferta de posgrados y capacitación continua muy alta y de calidad. La ciudad se reforzó como centro de congresos y eventos académicos en los que se discuten temas actuales del Derecho”, detalla.

En ese sentido, la localidad fue centro de las discusiones sobre la reforma del Código Civil y Comercial de hace diez años y docentes de la universidad formaron parte del equipo de expertos que colaboró con la Comisión de Reformas.

“Esto demuestra un aspecto muy invisible, pero relevante, sobre cómo la universidad contribuye a elevar el estándar de calidad de la abogacía en el medio”, insiste Tolosa.

“Las profesiones y las necesidades sociales cambian de manera vertiginosa”

Otro detalle interesante es que la mayoría de los estudiantes de la carrera de abogacía no son de la ciudad. “Un número elevado proviene de Río Negro, La Pampa y Chubut, entre otras provincias”, sostuvo Tolosa.

“Existe un interés por nuestra oferta que la hace atractiva para quienes residen en otras latitudes, incluso teniendo opciones más cercanas”, amplió.

Sobre el campo laboral de la carrera, Tolosa refiere que si bien el ejercicio de abogacía se asocia con una profesión liberal o judicial, menciona que hoy cuenta con un plan de estudios con un perfil más amplio y que comprende diversas incumbencias.

“Pensar en si hay muchos ingresantes habrá muchos abogados y no habrá trabajo para todos es erróneo. Ese análisis considera un aspecto limitado de sus incumbencias”, explica.

“Por otro lado, hay un aspecto de la realidad: ninguna carrera garantiza la inserción laboral inmediata, ni mucho menos a largo plazo. Las profesiones y las necesidades sociales están cambiando vertiginosamente debido a los cambios tecnológicos”, amplía.

Finalmente, destaca la trascendencia de tener una formación universitaria, por encima de la carrera elegida.

“Siempre vale la pena estudiar, hoy más que nunca: cada vez es más necesario contar con herramientas interdisciplinarias y entrenar la capacidad de resolver problemas, para crear soluciones a nuevos conflictos y necesidades sociales y, principalmente, para tener resiliencia en un mundo tan cambiante”, sostiene.

“Abogacía ofrece herramientas para lidiar con los conflictos sociales, con las instituciones en el estado de derecho y para pensar los nuevos espacios en la sociedad del futuro”, concluye Tolosa.