Alimentos sin entregar, cuando faltan los calificativos

Redacción de La Nueva.

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“No nos une el amor sino el espanto”, escribió Jorge Luis Borges al señalar su relación con la ciudad de Buenos Aires.

De alguna manera se puede extender ese mismo sentimiento a los argentinos en relación con su país, atendiendo la continuidad de situaciones que se han conocido en las últimas horas y que no pueden menos que generar sentimientos de rechazo, incredulidad y, claro, espanto.

La referencia es a la insólita cantidad de mercadería retenida en distintos depósitos del Estado, adquirida en algún momento con la idea de ser entregada a distintos comedores, espacios a los cuales concurren miles de personas cuyo estado de necesidad los priva de los recursos básicos para su alimentación.

Tal es la magnitud del hecho que la justicia ha determinado –demorada, como es habitual—una orden de allanamiento de esos centros operativos, a fin de verificar esa insólita acumulación de mercadería y el tipo de producto, marca, lote y vencimiento.

La responsabilidad sobre esos bienes retenidos sin lógica alguna corresponde al Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello –licenciada en periodismo—que como reacción a semejante despropósito despidió a Pablo de la Torre, que era secretario de Niñez y Familia.

Lo que ocurre es realmente un despropósito. Hay diferencias severas entre los stocks informados desde el gobierno y los existentes, hay listados de comedores receptores que no existen, hay irregularidades en el movimiento. Todo es sinónimo de desidia, corrupción, ineficiencia, incapacidad.

Muchos medios han puesto el énfasis en que mucha de esta mercadería tiene cerca su fecha de vencimiento. Un dato que, más allá de la preocupación adicional para entregarla con prontitud, hace pensar que hace meses (sino años) que está quieta en ese sitio.

Ante situaciones de este tipo no sólo es necesario dejar de dar vueltas y resolverlo sino que la sociedad necesita, exige y merece que se determine con claridad quienes responsables y que cada cual responda ante la ley por sus conductas inadecuadas y que no quede todo en la salida de un funcionario y un allanamiento que lea las marcas de los productos.