Bahía Blanca | Domingo, 03 de marzo

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Un fallo judicial ordenó devolver los ahorros que le robaron a una jubilada

El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 hizo lugar al pedido de una medida cautelar para que el banco restituya el dinero sustraído mediante un fraude informático.

Fotos: Pablo Presti y Archivo LN.

A fines del año pasado una jubilada de nuestra ciudad realizó una transferencia desde su cuenta, finalizó el trámite y apagó su computadora.

Algunas horas después ingresó a su cuenta y descubrió que delincuentes la habían hackeado y sustraído unos 8 millones de pesos (entre moneda nacional y dólares).

Sin sus ahorros, la víctima denunció lo sucedido ante la policía y reclamó a la justicia la devolución del dinero robado.

En las últimas horas el juez en lo Civil y Comercial Nº 1, Juan Carlos Tufari, hizo lugar a una medida cautelar innovativa (antes de dictar sentencia) para que el Banco de la Provincia de Buenos Aires devuelva a M. A su dinero.

La mujer manifestó que los delincuentes, mediante una maniobra que se procura determinar, ingresaron a su caja de ahorro y transfirieron a otras personas sin su consentimiento 5.586.000 pesos y 2.400 dólares.

Ante esto, asesorada por el abogado Fernando Branciforte, la víctima realizó la denuncia por el fraude informático y puso en marcha una acción judicial contra la banca.

Pedido

En el marco del proceso, la damnificada reclamó una medida cautelar para recuperar, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, el monto robado por los estafadores.

El juez señaló en su fallo que este tipo de medidas son “una decisión excepcional dentro del género cautelar, porque altera el estado de hecho o de derecho existente al momento de su dictado, ya que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa”, aunque aclaró que esto “no implica prejuzgamiento”.

En letrado, en representación de la mujer, sostuvo que como parte “consumidora” el banco tiene la obligación que los servicios que ofrece, ya sea de manera personal o elementos mecánicos y electrónicos, sean llevados adelante con total seguridad para el cliente.

También describió que el Banco Central estableció que las entidades deben contar “con mecanismos de seguridad informática” que garanticen la confiabilidad de la operatoria.

Obligaciones

El magistrado indicó que “del relato de las circunstancias fácticas acaecidas y de las constancias de la causa, se verifica liminarmente la existencia de una relación comercial entre las partes”.

También describió que sobre el banco “pesaría una obligación expresa de seguridad y garantía respecto de los usuarios con los que ha contratado, que le impone prestar el servicio de forma tal que no le cause daños a estos tanto a su persona como a sus bienes”.

Manifestó que esa cuestión “debe tenerse presente a la hora colocar en el mercado un servicio que pueda amenazar o dañar a los usuarios como consecuencia de su utilización, por lo que los proveedores deberían adoptar las medidas necesarias para prevenir o mitigar los eventuales daños”.

Agregó al respecto que “el proveedor tiene que garantizar que durante toda la prestación de servicio el usuario se encontrará seguro, referido ello a la indemnidad en su persona y en su patrimonio”.

Peligro

La figura legal invocada por el representante de la víctima establece demostrar extremos como “la verosimilitud del derecho y el peligro de demora”.

En este último aspecto, el magistrado que se encuentra abastecido teniendo en cuenta “la situación de vulnerabilidad” que presenta la demandante y “su condición de jubilada”.

“A dichas circunstancias particulares debe sumarse el actual contexto económico, que cuenta con altos indices inflacionarios y provocan la constante perdida del poder adquisitivo de la moneda”.

Por todo ello, el juez hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó a la entidad bancaria restituir el dinero sustraído de las cuentas.