"Carlaván puso en riesgo la vida de los inspectores"

Redacción de La Nueva.

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"Es un caso atípico, muy excepcional. Y peligroso", describió hoy el director municipal de Ordenamiento Urbano, Martín Moyano, respecto de la situación del empresario Carlos Carlaván Goñi, protagonista de reiterados choques e incidentes de tránsito en nuestra ciudad.

El último tuvo lugar ayer, en la intersección de la autovía Alfonsín y Tres Sargentos, donde casi atropella a inspectores de tránsito que realizaban un operativo en la zona.

"Alrededor del mediodía, vecinos nos mandan un alerta de que Carlaván estaría manejando, entonces empezó un patrullaje por la ciudad buscando una camioneta RAM", explicó Moyano.

Agregó que "después de 4 horas y media de recibido el alerta, inspectores que estaban haciendo otra tarea identifican a la camioneta a la altura de Tres Sargentos y Alfonsín. Aprovechando el semáforo, cruzan su móvil para que no pueda escapar y realizar el control".

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Sin embargo, cuando se intentan acercar a la camioneta del empresario "éste toma por la banquina y cruza el semáforo en rojo, de manera intempestiva y temeraria. Puso en riesgo la vida de los inspectores, sobre todo a uno que le pasó muy cerca".

Luego comentó que no lo siguieron porque el cuerpo de Tránsito no realiza persecuciones sino que dieron aviso a la Policía, previo a que el jefe de la División Operativa de Tránsito, Mauro Domini, presente la denuncia formal.

Moyano agregó que no tiene información sobre el estado de salud del dueño de Droguería Sur y que no se contactaron con la familia porque está sobreentendido que conocen el tema.

Y dijo que si bien "hay muy buena voluntad de la Policía y la Justicia", es una causa que cae en los límites de las diferentes jurisdicciones y por eso resulta difícil de controlar.

Por lo pronto, el fiscal Marcelo Romero Jardín ya tomó intervención en esta nueva causa penal contra Carlaván, por el delito de desobediencia, ya que existe una medida cautelar del mes de febrero (cuando se produjo el anterior incidente) que le prohibía manejar.

De todas maneras, se trata de un delito que prevé penas menores. El artículo 239 del Código Penal estipula de 15 días a un año a quien "resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".