Polémica

Qué impacto tendría el recorte de las jubilaciones de privilegio en la Justicia bahiense

27/2/2020 | 17:27 |

A nivel nacional se habla de la probable renuncia de 250 a 400 magistrados. ¿Tocará a todo el Poder Judicial o solo a un sector?

El Tribunal Oral sigue con sus tres cargos vacantes. (Fotos: Archivo La Nueva)

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

   Lo primero que señalan los potenciales afectados es que no se trata de jubilaciones de privilegio sino de regímenes especiales: motivar a los mejores letrados a involucrarse en el Poder Judicial y proteger a los jueces de cualquier intento de influencia externa requiere de salarios altos que generen jubilaciones atractivas.

   No obstante, el gobierno de Alberto Fernández acaba de avanzar en una reforma del sistema previsional de la Justicia Federal que, entre otras medidas, prevé subir la edad de retiro de 60 a 65 años para los hombres, aumentar los aportes que realizan los activos y modificar el cálculo del haber jubilatorio por un monto que significaría un recorte respecto de lo que perciben con el sistema que se está por derogar.

   Según asociaciones de abogados y magistrados, la iniciativa que está a punto de aprobarse en el Congreso (aún falta el Senado, pero allí el oficialismo cuenta con mayoría propia) provocará la renuncia de entre 250 y 400 jueces de todo el país en condiciones de jubilarse de inmediato, generando un fuerte vacío en el sistema y afectando al servicio de justicia.

   Y agregan otra lectura, de corte político: ese vacío será ocupado por jueces promovidos por el Frente de Todos.

   Bajo una mirada económica, para el gobierno este recorte implicará un millonario ahorro fiscal y, además, el mensaje para la opinión pública será que todos los sectores tienen que poner el hombro en esta situación de crisis.

   Ahora, ¿qué implicancias podría tener esta ley en Bahía Blanca?

   En primer lugar hay que resaltar que este proyecto apunta a la Justicia Federal y que el grueso de la actividad judicial en nuestro medio se realiza en el fuero provincial.

   Dicho esto, tanto los dos juzgados federales de primera instancia como la Cámara Federal están integrados por funcionarios que no tienen en el horizonte cercano la jubilación, excepto una.


Los camaristas Fariña, Candisano Mera y Larriera.

   Se trata en el primer caso de los jueces Gabriela Marrón y Walter López da Silva, así como de los camaristas Pablo Candisano Mera, Leandro Picado, Pablo Larriera, Roberto Amábile y Silvia Fariña.

   Solo esta última se encontraría cerca de la posibilidad del retiro, aunque según pudo averiguar La Nueva aún no inició ningún trámite en ese sentido ni se conoce que tenga esa intención, teniendo en cuenta además que es relativamente nueva en el cargo, el cual asumió en junio de 2018.

   Luego hay un solo fiscal titular, Santiago Ulpiano Martínez, que llegó al puesto en octubre de 2018 y tampoco se retiraría por estas razones, mientras que se acaba de producir una vacante en la otra fiscalía debido a la jubilación de Antonio Castaño. A su vez, la fiscalía general está por quedarse sin dueño ya que se encuentra en proceso judicial Alejandro Cantaro.

   Por otro lado, el Tribunal Oral Federal continúa sin jueces titulares, con lo cual allí el problema es otro: hace años que funciona con magistrados subrogantes que residen en otras ciudades y los tres pliegos elevados el año pasado al Senado de la Nación (de Eduardo D'Empaire, Juan Pablo Fernández y Sebastián Foglia) fueron freezados junto con decenas de expedientes de otras partes del país por el gobierno de Fernández, que pretende revisar una por una las propuestas acordadas durante la administración de Cambiemos.

   También está vacante otro cargo de la Justicia Federal en Bahía, el de fiscal ante el Tribunal Oral.


El juez López da Silva y el fiscal Ulpiano Martínez.

   Finalmente, en este fuero a nivel local hay dos defensores. Uno general, José Pazos Crocitto, y otro de primera instancia y ante la Cámara, Gabriel Jarque. Ninguno está en situación de jubilarse.

   En resumen, la presente discusión sobre las jubilaciones de los jueces tendrá escaso impacto en Bahía en lo inmediato, al menos entre los cargos de primera línea (la ley también abarca los intereses de secretarios y prosecretarios).

   En cuanto al fuero provincial, hay mucha cautela. Fuera de micrófono representantes de las asociaciones de magistrados sostienen que existe un compromiso del gobierno de Axel Kicillof de no incluir a este tema en su agenda.

   Por ahora se está cumpliendo, aunque no se sabe por cuánto tiempo. Un funcionario con experiencia en Tribunales le recordó a este diario que, en el caso del pago del impuesto a las Ganancias, se tomó una decisión nacional que luego tuvo bajada a las provincias.

   “Estas leyes siempre terminan siendo extensivas, no va a haber manera de evitarlo. Y en la justicia provincial sí pueden llegar a quedar varios casilleros vacíos”, advirtió.

   Y agregó: "De todos modos es probable que haya recursos planteando la inconstitucionalidad de la norma, sobre todo si tocan la caja, porque implicaría apropiarse de fondos ya devengados".

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