Remates judiciales: formalizaron cuatro nuevas acusaciones en contra de La Liga

Redacción de La Nueva.

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   Además de los 4 hechos imputados a una presunta asociación ilícita denominada La Liga, que habría cometido delitos contra la propiedad privada y la administración pública durante remates judiciales en nuestra ciudad, la fiscalía ahora incorporó al expediente otros 4 casos que, al parecer, se registraron en 2015, 2016 y 2018.

   El fiscal de la causa, Sebastián Foglia, recabó en los últimos días nueva información para ampliar las imputaciones a los supuestos miembros de la banda autora de estafas tendientes a adquirir inmuebles por valores muy inferiores a los estipulados.

   Este avance en la investigación se concretó gracias a declaraciones de testigos que, desde noviembre pasado, comparecieron por su voluntad en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9, para relatar las maniobras ilegales presenciadas en ese tipo de remates.

   Los nuevos testimonios brindaron -de forma coincidente- detalles sobre la mecánica con la que habría operado La Liga en Bahía Blanca y las acciones que habría desplegado para concretar sus fines.

   Foglia incluyó recientemente en el sumario otros 4 incidentes que se habrían producido en subastas judiciales desarrolladas en junio de 2015, mayo y noviembre de 2016 y junio de 2018 en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bahiense, ubicado en Brandsen 148.

   En relación con estas operaciones, el titular de la UFIJ Nº 9 recibirá nuevas declaraciones indagatorias a los acusados entre el martes 23 y el jueves 25 de este mes.

Ex La Bahiense

   Uno de los casos que se sumó a las imputaciones se vincula con el remate judicial de dos inmuebles contiguos en Lavalle al 300, ordenado por el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 5 a raíz de la quiebra de la empresa de ómnibus La Bahiense S.R.L.

   El 22 de junio de 2018, solo 10 días después de concretarse una maniobra similar que en noviembre se les atribuyó a La Liga, los componentes de la organización habrían repetido la operatoria conocida como “la marcha” (atrás), otra vez en el Colegio de Martilleros.

   La asociación ilícita en cuestión habría afectado el normal desarrollo del acto judicial mediante la intervención de un “falso postor” y así supuestamente compraron las propiedades a la mitad del precio estimado.

Engaño como método

   En las actuaciones judiciales está documentado que al comenzar el remate del primero de los inmuebles mencionados, con una base de 2.298.503 pesos, y tras una oferta inicial de 2.600.000, el “falso postor” ofertó falazmente 6.000.000 y se le otorgó la venta.

   Al rematarse la segunda propiedad, que salió con una base de 1.505.476 pesos, los sospechosos implementaron idéntica maniobra.

   Después de la primera oferta, también por una suma apenas superior a la base de 1.600.000, el “falso postor” ofreció nuevamente de forma simulada otro monto elevado de 5.000.000 y también se le adjudicó el bien.

   Pero cuando tuvo que afrontar la seña y los gastos pertinentes, el farsante habría expresado al martillero no contar con suficiente dinero en efectivo. 

   Esta maniobra adrede generó que en el ínterin muchos asistentes al remate se retiraran del lugar, por eso cuando el profesional reanudó el acto, La Liga habría obtenido los inmuebles por menos de la mitad del precio aproximado.

   Los delincuentes defraudaron a la Justicia y a las partes del expediente judicial (fallido y acreedores), por ese valor menor obtenido en la subasta ante la imposibilidad del resto de los presentes de formular ofertas libremente.

   Sin embargo no obtuvieron la efectiva adquisición del dominio con la aprobación de la subasta porque el juez interviniente declaró la nulidad del acto, resolución que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal luego confirmó.

   Para la fiscalía, la calificación legal de este caso sería “estafa procesal en grado de tentativa e impedimento o turbación de acto funcional”.

   Foglia sostiene que los acusados conformarían una asociación ilícita para cometer una “pluralidad indeterminada de delitos en perjuicio de la propiedad privada y la administración pública, afectando gravemente el orden público”.

Daño al Estado y a particulares

   Se cree que quienes tenían intención de adquirir de buena fe un inmueble en Bahía o la zona estaban obligados a “negociar sí o sí” con la banda.

   “El perjuicio a particulares y al Estado es incalculable porque el fin esencial de los remates no se ve satisfecho”, dijo un vocero.

   “Las conductas habrían proporcionado cuantiosas e ilegales ganancias, a la vez que habrían afectado el normal desarrollo de la administración de la justicia civil y comercial, perjudicando además el patrimonio y la libertad de terceros”, agregó.

   Se investiga una “amplia gama de acciones que (los encartados) habrían realizado indistintamente con sujeción a una división de tareas previamente acordada, que incluyen el obrar intimidatorio y coactivo sobre terceros interesados en la adquisición de los bienes a rematarse y la exigencia del pago de una suma dineraria para evitar la intervención de La Liga”.

   El accionar incluía además el “entorpecimiento y/o frustración del acto de remate a través de conductas violentas y la obtención de valores en la base mediante la participación de falsos postores y en la maniobra llamada 'la marcha', para hacer retrotraer la venta a un oferente anterior de la organización”, entre otros métodos fraudulentos.

Brazo local, Buenos Aires y La Trenza

   Por los hechos investigados fueron detenidos inicialmente Claudio Oscar del Valle, Claudio Daniel Trabucco y Vicente Domingo Ponce (supuesto brazo local de La Liga), así como Néstor Horacio García y Ricardo Gustavo Roldán, quienes conformarían el sistema “de Buenos Aires”, como ellos mismos lo llaman.

   En la actualidad, solo Trabucco y Del Valle continúan detenidos con prisión preventiva. Si bien el 26 de diciembre pasado la Sala I de la Cámara de Apelación revocó la excarcelación otorgada a García, esa decisión se encuentra recurrida ante el Tribunal de Casación Penal provincial.

   La fiscalía está atenta al precedente que podría sentarse en debates a celebrarse en Córdoba, donde en diciembre se pidió elevar a juicio a 21 integrantes de La Trenza, imputados de asociación ilícita en relación con estafas y aprietes también en subastas judiciales.