Preocupa la cantidad de despidos en las escuelas privadas de la ciudad
“Lo expresado por Rodrigo Miguel, nuestro secretario gremial a nivel provincial, grafica la problemática que se vive en el sector y en Bahía Blanca no escapamos a esa preocupante realidad”, reconoció Margarita Orellano.
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Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com
Alrededor de 10 docentes privados se quedaron sin empleo en nuestra ciudad en lo que va del año, que se suman a los alrededor de 600 que se registran en la provincia, según manifestaron desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).
La cifra, según indican desde el gremio, creció un 50% respecto al año pasado y en muchos casos los despidos fueron injustificados.
“Lo expresado por Rodrigo Miguel, nuestro secretario gremial a nivel provincial, grafica la problemática que se vive en el sector y en Bahía Blanca no escapamos a esa preocupante realidad”, reconoció Margarita Orellano, secretaria general de la delegación Bahía Blanca de SADOP.
Para llegar a esa conclusión se hizo un relevamiento en toda la provincia de Buenos Aires en referencia a los despidos que se produjeron desde diciembre de 2018 hasta la fecha.
“Por lo menos hay 600 puestos de trabajos que se perdieron. Pese al estudio que se hizo, es una cifra estimativa, ya que hay una porción de docentes que no se acerca al gremio a denunciar la situación, no están afiliados o bien arreglaron directamente con el colegio.
En comparación, esa cifra equivale a casi 30 pymes que cerraron sus puertas”, analizó Orellano.
Desde el sindicato presentaron, junto a legisladores, un proyecto de ley antidespidos para proteger al sector.
“Otro dato realmente preocupante es que la mayor porción de esa cifra de despedidos, se da en escuelas subvencionadas por el Estado, lo cual, cuanto mínimo, es contradictorio. Porque podemos deducir que el Estado aporta dinero para pagar salarios y cargas sociales porque las escuelas argumentan no tener dinero, pero sí tienen para echar profesores”, opinó la gremialista bahiense.
La ley ya fue presentada en la legislatura provincial y tiene número de expediente, pero aún no fue tratada.
Básicamente, el proyecto propone suspensiones de subvenciones a establecimientos educativos que realicen despidos.
Orellano explicó que el proyecto también tiene como objetivo cuidar los recursos del Estado, que podrían reorientar esos aportes a los establecimientos que realmente hacen un esfuerzo por mantener su plantel de profesores y poner un freno a los despidos abusivos.
“Pedimos que en caso de que se produzcan despidos sin causa, se suspenda el aporte estatal por 12 meses y si el compañero tiene una representación gremial, se amplíe ese plazo a 24 meses”, señaló.
“También hay que tener en cuenta que el 80 por ciento de los trabajadores del sector son mujeres y muchas de ellas sostén de familia, lo que también causa un gran impacto social negativo, porque les cuesta reinsentarse”, cerró Orellano.
¿Persecución gremial?
El gremio, a través del secretario gremial a nivel provincial, Rodrigo Miguel, también denunció que la mayoría de los despidos es sin causa justificada y que, en varios casos, intentan amedrentar a los docentes privados.
“Se han detectado casos que intentan ser ejemplificadores, ya que despidieron docentes que reclaman por sus derechos o bien cuando manifiestan su intención de tener participación gremial”, explicó en ese sentido Margarita Orellano.