EDITORIAL

Las conductas de Amado Boudou

6/1/2016 | 00:33 |

No parece ser una conducta que deba ser ignorada, ni desde el punto de vista social, político ni mucho menos del de la justicia, la desarrollada por Amado Boudou, quien hasta diciembre se desempeñó –por orden, gracia y decisión de la expresidenta Cristina Fernández—como vicepresidente de la Nación.

Su sucesora, Gabriela Michetti, anuló en las últimas horas la designación de 2.035 empleados de la planta política que Boudou pasó a la planta permanente del Senado el año pasado.

Michetti acusa al exvicepresidente de haber incrementado la dotación de la Cámara alta en un 146 por ciento, con un crecimiento del presupuesto salarial del 80 por ciento.

a medida se complementó con la creación de una comisión revisora que analizará los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones de los últimos doce meses, a la luz de las necesidades funcionales del Senado.

En esta instancia se invitó a los gremios laborales a participar como veedores de ese trabajo.

Boudou, que por estos días vacaciona con su nueva novia en México, está acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con su función, tanto cuando manejó el ANSES como siendo ministro de Economía.

Tiene diez causas penales en su contra en la Justicia Federal.

Es investigado también por enriquecimiento ilícito y fue denunciado por la supuesta compra fraudulenta de la empresa que imprime el dinero en la Argentina.

En 2014, Andrés Larroque, dirigente de la agrupación política La Cámpora, manifestó que el intento de juicio político contra Boudou –impulsado desde la oposición, nunca avalado por el oficialismo-- era «un ataque a la democracia argentina».

Sería importante ahora establecer las responsabilidades que corresponden por las mencionadas designaciones en el senado, valorizar cuánto le costó al país pagar esos sueldos indebidos y que el responsable de semejante desatino rinda las cuentas que corresponde.

Sería no sólo el mensaje de una adecuada justicia sino además un necesario precedente de que cada funcionario no descanse en el hábito de la impunidad que impera en la política argentina.

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