Riego: la hoja de ruta que triplica la superficie productiva (y puede generar miles de empleos en el país)

Guillermo D. Rueda

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Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Las varias veces anunciadas 200 millones de toneladas de producción anuales de cereales en la Argentina podría empezar a concretarse. ¿ De qué manera? con el denominado segundo piso del campo: el riego.

Así entonces, de acuerdo con un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), elaborado por las economistas Antonella Semadeni y Nicolle Pisani Claro, nuestro país posee un importante potencial para expandir su área bajo riego, pasando de los actuales 2,1 millones de hectáreas a más de 7,5 M/H.

Esta expansión no solo significaría producir más, sino transformar la estructura económica y social del interior del país. Se estima que se podrían producir unas 5 millones de toneladas adicionales de maíz, trigo y soja solo mediante la mejora y ampliación de los sistemas de riego.

De ese total de 7,5 M/H, unas 5.844.000 hectáreas corresponden a riego complementario en áreas actualmente productivas; alrededor de 800.000 Has. se obtendrían mediante mejoras de eficiencia en superficies ya irrigadas; y unas 915.098 Has. surgirían de la incorporación de tierras sin uso agrícola actual.

Asimismo, a través de los ejemplos presentados de Buenos Aires y Córdoba (1.164.000 Has. de las mencionadas), se evidenció que el riego genera importantes resultados productivos, económicos y sociales: producción de granos (+ 5.212.961 Tns.); valor bruto de producción (+ U$S 1.120 M); inversiones (+ U$S 2.328 M); aporte tributario (+ U$S 432 M); empleo (+ 27.182 puestos) y exportaciones (+ U$S 985 M).

Según el informe, considerando la realidad argentina en relación a la situación de nuestros vecinos y principales competidores, se pueden destacar las políticas públicas para mejorar y promover una política nacional de riego. Es decir, fomentar la inversión privada en riego mediante instrumentos como incentivos fiscales e impositivos. Puntualmente, se propone:

—Aplicar un régimen de amortización acelerada para inversiones en infraestructura y tecnología de riego, permitiendo una recuperación más rápida de la inversión inicial.

—Implementar la devolución de saldos técnicos de IVA acumulados, evitando su inmovilización cuando no pueden compensarse con débitos fiscales.

—Reducir la alícuota de IVA aplicada a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego (actualmente es del 27 %).

“La inversión en infraestructura y tecnología de riego implica altos costos iniciales y varios años de recuperación, lo que desalienta la adopción de los equipos”, se sostiene.

También que la implementación de un régimen de amortización acelerado permitiría deducir una mayor proporción del costo de los equipos en los primeros años, disminuyendo la base imponible y, en consecuencia, la carga económica inicial. “Esto mejora el flujo de caja, fortalece la viabilidad financiera de los proyectos y acelera su implementación”, se explica.

En cuanto al IVA acumulado, el sector enfrenta con frecuencia saldos a favor derivados de inversiones significativas en equipamiento y obras, que no pueden ser compensados por la insuficiencia de débitos fiscales. “Estos saldos inmovilizados generan un costo financiero y limitan la capacidad de reinversión. De esta forma, habilitar la devolución o compensación de estos créditos resultaría clave para potenciar al sector”, se describe.

Respecto de los datos, en la actualidad la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego tributa una alícuota de IVA del 27 %; en este sentido, reducirla al 10,5 % —en línea con otras actividades productivas— implicaría una mejora inmediata en la estructura de costos operativos.

Se añade que, en el marco de la ley de reforma laboral recientemente sancionada por el Congreso de la Nación, se enmarca el régimen denominado Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que contempla, entre otros beneficios, la posibilidad de aplicar amortización acelerada para equipos como los sistemas de riego en un año; devolución de IVA derivado de inversiones en tres períodos fiscales y la reducción de la alícuota de IVA sobre la energía eléctrica de los sistemas de riego.

El acceso al crédito para productores agropecuarios destinado a inversiones en riego ha sido históricamente escaso en el país.

En este sentido, se convierten en el puntapié para impulsar el riego en la Argentina con sus respectivos impactos productivos y socioeconómicos. “Es avanzar en la articulación con organismos multilaterales para acceder a fuentes de financiamiento que acompañen dichas inversiones, ya que el sector público puede desempeñar un rol clave como articulador de instancias de diálogo con organismos internacionales, con el objetivo de facilitar el acceso a financiamiento destinado a áreas estratégicas vinculadas al riego, como infraestructura, estudios hídricos o tecnificación”, se expresa.

Asimismo, del informe surge que esta estrategia ya ha sido implementada —con éxito— en otros países de la región, donde líneas de crédito internacionales, como las del BID o la CAF, han respaldado proyectos de modernización del riego, sin que ello implique necesariamente una ejecución directa por parte del Estado, sino más bien la creación de condiciones para que el sector privado acceda a estas herramientas.

Fomento de energías renovables

Si bien actualmente el riego representa solo el 7 % del consumo eléctrico total del sector agropecuario, es fundamental planificar la gestión energética en el marco de la promoción federal y el crecimiento proyectado.

“Además, esta fuente es —y continuará siendo— la más utilizada, ya que su costo representa un tercio respecto del gasoil. La generación de energía a través de recursos renovables resulta crucial en este contexto. Esta posibilidad, incluso, se potencia considerando que existen restricciones para la instalación de red de conexión eléctrica en muchos lugares de la Argentina”, se sostiene.

De esta forma, la generación de energía en base a fuentes renovables por parte de los propios productores agropecuarios es una gran alternativa. Entre ellas, la energía solar —se indica— es la más factible dado que la Argentina cuenta con una región que recibe alta radiación solar y, si bien tiene una inversión considerable, en los últimos años los precios han disminuido.

Como alternativa sostenible para la implementación de sistemas de riego, se debe promover —acceso al crédito y marco jurídico, entre otros— el uso de energías renovables, así como promover el uso seguro y sustentable de efluentes urbanos e industriales para riego, reduciendo la presión sobre fuentes de agua dulce y mejorando la disponibilidad hídrica en zonas críticas.

“Para ello, se propone fortalecer la infraestructura de tratamiento y conducción, establecer estándares de calidad y monitoreo del agua según los usos agrícolas, e incorporar incentivos fiscales y líneas de crédito que faciliten la adopción de estas tecnologías”, se afirma.

Además, que la creación de consorcios público-privados entre municipios, industrias y productores permitiría articular esfuerzos y asegurar una gestión eficiente del recurso.

Condiciones complementarias

“Como parte del rol indelegable del Estado, resulta clave la implementación de políticas públicas orientadas a eliminar distorsiones que hoy pesan sobre el sector agropecuario, como la reducción de la carga impositiva, la simplificación de trámites administrativos y laborales, y las mejoras en infraestructura y logística, claves para fortalecer la competitividad”, se describe en el trabajo de investigación.

Cuando el productor recupera márgenes razonables y estabilidad en sus operaciones, puede ampliar su horizonte de planificación e invertir en mejoras estructurales como el riego.

“Un ejemplo concreto es la eliminación de los derechos de exportación, una medida que impactaría directamente en la rentabilidad del productor y habilitaría mayores inversiones en tecnología y eficiencia productiva. Si bien el impulso público es relevante, el rol del sector privado resulta fundamental en el desarrollo de esquemas de financiamiento, tal como lo demuestran experiencias exitosas en países vecinos”, se argumenta.

Al respecto, en la Argentina, el acceso al crédito para productores agropecuarios destinado a inversiones en riego ha sido históricamente escaso, principalmente por la falta de líneas de financiamiento privado específicas. Sin embargo, esta limitación —se explica— no es exclusiva del riego, sino que forma parte de un contexto macroeconómico más amplio, caracterizado en los últimos años por alta inflación, déficit fiscal sostenido e inestabilidad financiera, lo que ha restringido el crédito en todos los sectores productivos.

“A medida que se consolide el ordenamiento macroeconómico y se recupere la estabilidad, comenzarán a desarrollarse condiciones más favorables para el financiamiento privado”, se agrega.
En esta línea, ya se observa que en los últimos dos años la Argentina aumentó la superficie de riego en más de 63.000 hectáreas debido a este ordenamiento y ante el incremento del crédito y el proceso de inversión privada en tecnología hídrica.

También es clave actualizar el marco regulatorio del uso del agua con fines de riego, entendiendo que su falta de adecuación podría convertirse en un factor restrictivo para una adopción más amplia y sostenida en el largo plazo. Esto implica —en primer lugar— generar y sistematizar información estratégica mediante mapas hidrogeológicos, de áreas protegidas, ecorregiones y evaluaciones de suelos degradados por salinidad y sodicidad.

La información debe incluir aspectos clave como la extensión territorial de los acuíferos, la calidad química y datación del agua subterránea, los caudales ecológicos, y el balance hídrico superficial y subterráneo, entre otros.

“Si bien la Argentina cuenta con numerosos estudios y mapas realizados por el Estado nacional, las provincias y las universidades, lo cierto es que se encuentran dispersos y carecen de uniformidad temática”, se aclara.

Las provincias con mayor desarrollo en esta materia son Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis. En esta línea, resulta fundamental fortalecer la investigación y ampliar la oferta de formación y capacitación en riego dirigida a los productores. Y, en segundo lugar, es necesario consolidar el estatuto legal sobre la propiedad y uso del agua para riego a nivel federal.

La Constitución Nacional establece que el dominio y la jurisdicción sobre los recursos hídricos corresponden exclusivamente a las provincias (Artículos 41, 121 y 124), aunque prácticamente todas cuentan con legislación específica que regula el uso del agua, resulta conveniente sistematizar este conjunto de leyes y reglamentos para avanzar hacia una gestión integrada de largo plazo.

¿Qué impacto tendría en Córdoba y en Buenos Aires?

El impacto de expandir el riego en las provincias de Buenos Aires y Córdoba sería transformador, abarcando dimensiones productivas, económicas y sociales sobre una superficie potencial conjunta de 1.164.000 hectáreas. Estos son los detalles estimados en ambos territorios:

—Impacto productivo: la implementación de sistemas de riego permitiría un incremento masivo en la cosecha de granos, estimado en más de 5,2 M/T adicionales. El desglose por cultivo es el siguiente: maíz: + 3.225.883 toneladas; soja, + 1.096.394 Tns y trigo, + 890.684 Tns.

Este crecimiento se basa en el potencial de 764.000 Has. en Buenos Aires (distribuidas en el sudeste, sudoeste y norte) y 400.000 Has. en Córdoba.

—Impacto económico y de inversión: para alcanzar este potencial, se requeriría una inversión en equipos de riego de U$S 2.328 M.

—Valor bruto de producción: se generaría un valor adicional de U$S 1.120 M anuales.

—Exportaciones: gran parte de la nueva producción se destinaría al mercado externo (ingreso de divisas por U$S 985 M).

—Impacto social y laboral: se estima la creación de 27.182 nuevos puestos en los sectores de industrialización, transporte y comercio. Bajo este esquema, el riego genera 2 nuevos empleos por cada 100 hectáreas adicionales irrigadas.

—Logística: el aumento de la producción demandaría 193.073 nuevos viajes de flete para transportar los granos.

—Impacto fiscal: en términos de recaudación tributaria, el Estado percibiría un incremento estimado de U$S 432 M anuales derivado de la mayor actividad económica y producción.