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Un seguro de desempleo cada vez más insuficiente

Casi 91.000 asalariados registrados comenzaron a cobrar seguro de desempleo durante el primer semestre.

La crisis económica se profundiza cada vez más en Argentina y eso se evidencia en el número de seguros de desempleo tramitados, los cuales llegaron a 90.634 trabajadores registrados en el primer semestre del año, según informó el área de Seguridad Social.

El número implica un crecimiento del 24,7% con relación a las 71.151 altas efectuadas entre enero y junio del año pasado, situación impulsada por un salto en las desvinculaciones.

Los sectores económicos más perjudicados resultaron la industria manufacturera, con 22.766 nuevos beneficiarios; el comercio, con 20.651; y la construcción, con 13.819 altas. 

La totalidad de los casos corresponden a empleados que accedieron a la Prestación por Desempleo, después perder su trabajo por causas no ajenas a su proceder.

Asimismo, de acuerdo a cifras oficiales, sin contemplar las bajas de reinserción laboral o por finalización del beneficio, en junio percibieron el seguro de desempleo 116.641 personas, con un haber promedio de 316.935 pesos.

Crece el número

El informe de Seguridad Social precisó que del total de las personas alcanzadas por la compensación 79.045 eran hombres y 37.596 mujeres. 

En tanto, en cuanto a jurisdicciones, mostró que la que figura en el primer lugar es la provincia de Buenos Aires, con 49.899 personas, secundada por Córdoba (8.707), Santa Fe (8.326) y la Ciudad de Buenos Aires (7.990).

Además, el estudio remarcó cómo la situación empeoró para los trabajadores desde que asumió Javier Milei como presidente de la Nación. 

Al respecto, contabilizó 174.335 altas de 2024, las 153.847 de 2025 y las 90.634 del primer semestre de 2026, es decir, un total de 418.816 trabajadores comenzaron a percibir esta prestación en los últimos dos años y medio.

Para tener en cuenta, en 2023 se habían registrado 108.942 altas y en 2022, 86.268 beneficiarios.

Quiénes acceden

Cabe mencionar que la prestación de desempleo está destinada a empleados en relación de dependencia comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por motivos ajenos a su voluntad.

También, se puntualiza que mientras perciben el beneficio —que puede extenderse hasta 12 meses— los trabajadores mantienen el cobro de las asignaciones familiares, conservan la cobertura de la obra social y ese período continúa computándose como antigüedad para la futura jubilación o pensión.

Igualmente, es importante aclarar que el monto de la prestación disminuye de manera progresiva: durante los primeros cuatro meses se cobra el 100% del beneficio correspondiente; entre el quinto y el octavo mes, el 80%; y desde el noveno hasta el duodécimo mes, el 70%.

Para acceder al seguro, el trabajador debe acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años previos al despido o a la finalización del contrato laboral. 

En el caso de empleados eventuales o de temporada, se exige haber trabajado menos de doce meses en ese mismo período y más de 90 días durante el último año.

En cuanto a la cantidad de cuotas —que puede variar entre dos y doce— y el monto del beneficio, se determinan según los ingresos percibidos y los meses trabajados con aportes en los últimos tres años. 

Además, los trabajadores mayores de 45 años reciben una extensión de seis meses adicionales.

El problema del salario mínimo

En 2023, el Consejo del Salario Mínimo dispuso que la prestación por desempleo debe ser equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los 6 meses anteriores al cese laboral que provocó el desempleo.

Pero la Resolución del Consejo aclaró que “en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente ni superior al 100%". 

Este techo anula en la práctica la equivalencia del 75% de la mejor remuneración de los últimos 6 meses anteriores al despido.

De todos modos, un reciente informe del Centro CIFRA, entidad vinculada a la CTA de los Trabajadores, advirtió que el Salario Mínimo, Vital y Móvil acumula “una fuerte pérdida real” y dejó de funcionar como “referencia de ingresos”. 

El deterioro también se refleja en la comparación con alimentos, transporte y la línea de pobreza, según la entidad. 

El reporte se conoció en el marco del inicio de un plan de lucha de las tres centrales obreras, que piden que se reabra el Consejo del Salario, espacio que define los valores del ingreso base, y que lleva meses de inacción. 

Cuando se llame a esa mesa de discusión, los gremios marcharán para poyar sus reclamos.

Según los datos relevados por CIFRA, el salario mínimo “acumula una caída superior al 40 por ciento en su capacidad de compra desde el inicio de la gestión de Javier Milei”. 

El dato vuelve a poner en foco el deterioro de los ingresos laborales y su impacto sobre las condiciones de vida de los hogares. Actualmente, el salario mínimo se ubica en 376.600 pesos. 

De acuerdo con el relevamiento, si ese ingreso hubiera acompañado la evolución de la inflación desde 2015 sin perder poder adquisitivo, debería ubicarse en torno a los 955 mil pesos.