Allanaron dos viviendas por las amenazas a los jóvenes involucrados en el caso de la nutria
Los procedimientos se realizaron en Huanguelén y Bahía Blanca a partir de una denuncia por amenazas recibidas a través de Instagram.
La causa iniciada por las amenazas denunciadas por los jóvenes involucrados en el caso de la muerte de una nutria sumó en las últimas horas dos allanamientos, uno en Huanguelén, localidad del partido de Coronel Suárez, y otro en Bahía Blanca.
Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de una investigación por amenazas, a partir de una denuncia presentada por Juan Bautista Bravo, de 18 años, quien manifestó haber recibido mensajes intimidatorios a través de la red social Instagram.
Según consta en la denuncia, uno de los mensajes incluía una fotografía de un arma de fuego junto a una imagen del joven y una frase en la que se hacía referencia a concurrir al pueblo para efectuar disparos contra la vivienda de los involucrados.
Bravo, uno de los jóvenes que había quedado en el centro de la polémica luego de la viralización de un video en el que se observa la muerte de una nutria, señaló como sospechoso a Alonso Segundo Christiani, de 20 años, a quien vinculó con la cuenta de Instagram desde la cual se habrían enviado las amenazas.
A partir de las tareas investigativas realizadas, la justicia autorizó dos órdenes de allanamiento.
El primer procedimiento tuvo lugar en calle 2 entre 32 y 34, de Huanguelén, siendo el resultado negativo, ya que no se encontraron armas de fuego ni teléfonos celulares y tampoco se hallaba en el lugar el imputado. Durante el operativo fueron identificados los moradores.
El segundo tuvo lugar en Gorriti 160, tercer piso, de Bahía Blanca, con intervención de personal de la Comisaría Segunda. En este domicilio el resultado fue positivo, ya que los efectivos secuestraron un teléfono celular iPhone 16 perteneciente a Alonso Christiani Segundo.
El dispositivo quedó incorporado a la investigación, que continuará ahora con las medidas tendientes a determinar el origen de los mensajes y establecer las responsabilidades correspondientes por las amenazas denunciadas.