Jubilados: gestionando la orfandad
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¡Lo que dijo el ministro Lugones días pasados es indignante!
“El PAMI tiene un millón de personas, más o menos, con más de 80 años, sobre los 5 millones de personas que hay en total. Tiene una carga muy grande. Tiene casi 6.000 personas de más de 100 años. Estamos viendo que ya hay abuelos, hijos y nietos en PAMI. Esa es la crisis que tiene el PAMI”.
Hoy no puedo formular preguntas, estoy impactada.
Sin dudas, esto no es solo una crisis de caja. Es un experimento de resistencia sin anestesia. Esto no es una abstracción de números, esto pega en el cuerpo de jubilados/as que vienen siendo cacheteados/as desde que comenzó esta gestión, pero en los últimos días es peor: trámites que se estiran, medicamentos que no llegan, coberturas que cambian sin explicación.
En Capital Federal ya es habitual que, en la farmacia, cuando jubilados/as no “llegan” con su dinero, hacemos “la vaquita” entre los presentes.
No hay mucha vuelta. Cuando el Estado decide que un medicamento es “un gasto a recortar” o empieza a tratarlo como un lujo, no está ordenando la planilla de Excel, está haciendo algo mucho más profundo.
Desde la Psicología cabe recordar a Silvia Bleichmar. Ella decía que el Estado no es solo un administrador de recursos; es, también, el que sostiene un piso de sentido. El que organiza la idea de que hay reglas, de que hay un mínimo de cuidado garantizado, de que la vida tiene valor. Es el garante del bienestar de los/as jubilados/as.
Cuando ese piso se resquebraja, no cae solo una prestación, no caen médicos/as de cabecera. Se cae una referencia, y ahí quedamos todos/as a la intemperie, los que padecen y también los/as que miramos.
El mensaje trasciende la falta de un medicamento porque la fuerza del mensaje está en lo que ese faltante dice. Dice: “arreglate como puedas, que alguien haga la vaquita”. El mensaje es letal, porque lo queda en evidencia es que, a determinada edad, la vida de los/as viejos/as es discutible.
La Psicología expresa que cuando la persona queda sin ese marco de sostén, aparece lo que se llama indefensión. Esa sensación de que el mundo se volvió imprevisible, hostil, y que no hay a quién recurrir. Esto es mucho más que una idea teórica, es angustia concreta. Es no dormir. Es racionar pastillas. Es elegir entre comer o medicarse.
El Estado tiene una función de cuidado. No en un sentido paternalista, sino en uno básico: garantizar que nadie quede completamente solo/a frente a la enfermedad, frente al deterioro, frente a la finitud. Cuando esa función se retira, lo que queda no es solo un problema sanitario. Es un problema subjetivo.
La premisa es concreta y también peligrosa: si no producís, si no rendís, si ya no estás en edad activa, tu lugar se vuelve precario. Eso deteriora la salud mental, produce angustia de desvalimiento y erosiona el lazo social.
Y se habla de “ahorro”, y ahora sí surgen preguntas: ¿Ahorro para quién y a costa de qué?
Lo que parece un ajuste técnico tiene efectos muy concretos en la vida cotidiana. No es lo mismo discutir números que discutir si alguien puede sostener un tratamiento. No están recortando partidas. Están administrando incertidumbre y corriendo el límite de lo tolerable. Están gestionando la orfandad de quienes deberían estar más cuidados/as.
La discusión ya deja de ser económica, es ética. La cuestión no es cuánto cuesta un medicamento, sino qué tipo de sociedad decide que hay vidas que pueden empezar a quedar afuera del cuidado común.