El principal implicado en la causa Corfo finalmente deberá enfrentar a la Justicia

Redacción de La Nueva.

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A casi seis años de que se hiciera público el escándalo por corrupción al conocerse una factura librada por la Corporación de Fomento del Valle del Río Colorado en favor de una fotógrafa de Pedro Luro por obras de construcción en un puente de aquella localidad, la Justicia bahiense rechazó un pedido de la defensa del —hasta hoy— principal apuntado por este hecho, por lo que la causa sería elevada finalmente a juicio oral.

Hasta el momento, en todo este proceso aparecen tan solo dos nombres involucrados: el de Diego Weinzettel, pareja de la mujer en ese momento, quien ya fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso, y el contador Cristian Eval, que era el gerente administrativo de Corfo y hasta el momento es el apuntado como el principal ideólogo de todo un sistema de facturación apócrifo en beneficio propio.

En este marco, en los últimos días, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca rechazó un pedido de la defensa, ratificando lo que había decidido un fallo en primera instancia, donde se había denegado la suspensión del juicio a prueba.

"Eval buscaba patear la pelota; no llegar a juicio oral —señalan desde el Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado, impulsor de la denuncia—. Ahora va a tener que presentarse, salvo que acepte condena".

Las penas por los delitos vinculados al manejo de fondos públicos, entre ellos fraude contra la administración, emisión de facturas apócrifas y falsificación de documentos, podrían llegar a la cadena perpetua. Sin embargo, se entiende que al menos al contador deberían caerle cuatro o cinco años de condena efectiva.

"Si recordamos la pena que recibió Weinzettel, a Eval le correspondería una mayor porque sería el ideólogo de todo este sistema corrupto", explican.

En el fallo, la Justicia recordó que la condición de gerente administrativo de Corfo impide que Eval pueda aspirar a la suspensión del juicio a prueba, por su condición de funcionario público, tal como lo expresa el Código Penal. "No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado del delito", remarca el fallo.

Además, se destaca que desde el Consorcio y la Fiscalía se opusieron a cualquier salida alternativa que incluyera instancias de conciliación o mediación, más allá de que la legislación vigente lo descarta en este tipo de delitos. En pocas palabras, se entiende que los productores querían llegar a juicio: "No se cuenta con una manifestación de los damnificados respecto de que hayan dado enteramente por satisfechas sus pretensiones", sostiene la resolución.

Qué pasó

En noviembre del año pasado, la Justicia indicó que estaba demostrado que a mediados de julio de 2020 Weinzettel había inducido a quien era su pareja en aquel entonces, Lorena Alejandra Costantini, para que se inscribiera como monotributista. Luego utilizó el formulario de la mujer para facturar a Corfo el servicio de mantenimiento y reparación del puente ubicado en el Canal Unificador III de Pedro Luro, obra que en ningún momento realizaron Costantini ni él mismo.

Por aquel entonces, el total de la factura fue de $231.900, cifra que al día de hoy, actualizada por inflación, equivale a algo más de $7.325.000.

En este marco había sido clave el contador Eval, ya que su firma había sido clave para documentar el gasto y emitir la orden de pago. "Cristian Hernán Eval y Diego Oscar Weinzettel, aprovechando su relación laboral con Corfo Río Colorado, facilitaron la ejecución de las maniobras delictivas", señala el fallo contra el segundo de ellos.

Finalmente, en noviembre del año pasado y bajo la modalidad de juicio abreviado, el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Bahía Blanca encontró a Weinzettel culpable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y coautor de los delitos de emisión y aceptación de facturas apócrifas, falsificación o adulteración de documento público y uso de documento público falsificado.

Así, fue condenado a dos años y medio de prisión (que no cumplirá en forma efectiva, ya que son de ejecución condicional), inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $90.000, más el pago de las costas del juicio. Además, en todo momento exculpó a su expareja respecto de su posible participación en estos hechos.

Más allá de esta decisión, la Justicia encontró otros hechos fraudulentos similares que también apuntarían a Eval como partícipe necesario para que ocurrieran. Si bien se esperaba incluso que se acogiera a la figura del arrepentido para explicar lo ocurrido o desarmar una red de corrupción dentro del ente —que podría involucrar a otros funcionarios o trabajadores de Corfo y hasta al sector político—, el contador eligió el silencio.