Milei envió al Congreso el proyecto para pagarles a los fondos que reclaman deuda por el default de 2001
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que los acuerdos pondrían fin a las acciones legales de los acreedores.
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El Presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto para habilitar el pago del acuerdo con los fondos que seguían litigando contra la Argentina por la deuda en default de 2001. La iniciativa busca darle aval legislativo a los entendimientos alcanzados por el Poder Ejecutivo para cerrar juicios en tribunales internacionales, donde estos acreedores ya cuentan con sentencias firmes a su favor.
En el caso de Bainbridge, el reclamo judicial asciende a unos US$96 millones más intereses, mientras que el grupo liderado por Attestor acumula 16 fallos favorables por un monto superior a los US$465 millones, según se detalla en el mensaje enviado al Congreso.
El proyecto establece pagos por US$67 millones para Bainbridge y US$104 millones para el grupo de acreedores, en el marco de acuerdos que implican una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas.
Desde el Gobierno sostienen que la operación permitirá reducir el costo total de la deuda en litigio y evitar la acumulación de intereses bajo legislación extranjera, además de cerrar múltiples causas judiciales en curso.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que los acuerdos pondrían fin a las acciones legales de los acreedores, incluyendo intentos de embargo sobre activos del Estado argentino en el exterior.
En ese sentido, el texto advierte que los fondos avanzaron en los últimos años con medidas para identificar y eventualmente ejecutar bienes del país, incluyendo participaciones en empresas como YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. Además, la aprobación legislativa permitiría frenar procesos de “discovery”, mediante los cuales los demandantes solicitan información sobre activos, cuentas y operaciones financieras de la Argentina en el exterior.
El proyecto también remarca que los acuerdos incluyen cláusulas para evitar nuevos litigios y garantizar que los acreedores no interfieran en futuras operaciones de financiamiento o reestructuración de deuda.
El Ejecutivo pidió un tratamiento urgente de la iniciativa: los acuerdos tienen como fecha límite de cierre el 30 de abril de 2026, y si no son aprobados por el Congreso antes de ese plazo, podrían caerse, lo que obligaría al país a continuar los juicios en condiciones más desfavorables.
Los detalles del conflicto
El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos de los fondos que mantenían fallos firmes contra el país por la cesación de pagos declarada hace más de dos décadas. La disputa arrastraba reclamos por cerca de US$600 millones entre ambos expedientes, aunque distintas fuentes ligadas al caso remarcan que el monto final del acuerdo sería inferior, ya que parte del colateral de los bonos Brady ya había sido ejecutado por los acreedores.
La negociación también permitió congelar, al menos por ahora, otras medidas de ejecución que seguían abiertas en Estados Unidos. Entre ellas estaba el intento de Bainbridge de avanzar sobre activos estatales como las acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, un frente que quedó en pausa mientras se termina de formalizar la salida legislativa del conflicto.
La decisión de enviar un proyecto al Congreso muestra que el oficialismo busca cerrar uno de los litigios remanentes del default de 2001 con aval parlamentario y no solo con una firma administrativa. En el Gobierno entienden que esa vía reduce el margen de futuras impugnaciones y le da mayor solidez política a un acuerdo que, por ahora, se mantiene bajo reserva.
El movimiento se da, además, en paralelo a la reciente victoria de la Argentina en la apelación por YPF, un expediente que quedó favorable al país pero que todavía espera la eventual resolución de nuevos recursos en la Justicia de Estados Unidos. La estrategia la coordinan el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.
La Casa Rosada buscan mostrar que la estrategia internacional combina dos planos: defender los expedientes que considera abiertos y, al mismo tiempo, desactivar por la vía política y legislativa aquellos litigios que considera encaminados a una salida negociada. (TN)