Propofest: “Fini” Lanusse y Hernán Boveri pidieron que se revoque su procesamiento
Los abogados de ambos anestesistas apelaron la decisión judicial y denunciaron que no hay testigos ni pruebas directas en su contra.
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Los abogados de Delfina “Fini” Lanusse y de Hernán Boveri, los anestesistas procesados por administración fraudulenta en la causa por el supuesto robo de ampollas de propofol en el Hospital Italiano, presentaron un recurso para que la Justicia revoque los procesamientos.
Los abogados de Lanusse sostuvieron que no existen pruebas directas en su contra y calificaron de “arbitrario” el embargo de $30.929.520 que dictó el juez Javier Sánchez Sarmiento.
En el escrito, la defensa cuestionó que el magistrado rechazó pedidos clave, como la citación de médicos y psicólogos que, según los letrados, podrían haber demostrado la inexistencia de consumo problemático de sustancias y “la imposibilidad material de las conductas que se le atribuyen a Lanusse”.
Los argumentos de la defensa: falta de pruebas y testimonios “de oídas”
Según el recurso, el procesamiento de Lanusse se basó en testimonios “de oídas” y “apreciaciones subjetivas”, sin una reconstrucción concreta de tiempo, modo y lugar.
Los abogados remarcaron que no hay ningún testigo que haya visto a Lanusse sustraer medicación ni retirar fármacos de manera irregular.
Sus abogados señalaron que los testimonios en su contra se apoyan en “comentarios de terceros” y “percepciones personales”. Incluso, algunos declarantes admitieron que sus dichos provenían de lo que escucharon de otras personas, muchas de ellas ajenas al hospital, y reconocieron que las médicas residentes siempre trabajan bajo supervisión.
Otros testigos solo manifestaron “sospechas” sobre el estado anímico de Lanusse, pero aclararon que jamás la vieron consumir sustancias ni detectaron faltantes de medicación. El testimonio de su amiga Chantal Leclercq se refirió a situaciones privadas, alejadas del ámbito hospitalario.
El Hospital Italiano negó faltantes y la defensa apuntó contra el embargo
La defensa hizo hincapié en que el propio Hospital Italiano informó que “no se detectaron faltantes de medicación en los años investigados y que el control interno es capaz de registrar hasta la pérdida de una jeringa”.
Además, el arqueo realizado arrojó resultado sin diferencias, lo que, según los abogados, vuelve “incompatible” la hipótesis de una sustracción sostenida en el tiempo.
En otro tramo del escrito, los defensores remarcaron que el juez no pudo individualizar ningún hecho puntual en contra de Lanusse: no identificó fechas, lugares ni describió ninguna acción específica de apoderamiento o desvío de insumos.
El recurso también cuestionó el embargo de $30.929.520, al considerar que el monto “no tiene correlato” con los hechos ni con los rubros supuestamente afectados.
Según la defensa, el propio juzgado reconoció que no pudo cuantificar el daño patrimonial y que el embargo “excede cualquier cálculo razonable” ante la inexistencia de perjudicado, diferencia de stock o informes anómalos.
De acuerdo a la apelación, el monto es un 323% superior a los valores de insumos presuntamente involucrados, según las constancias presentadas.
La defensa pidió la revocación total del procesamiento
En la presentación, los abogados exigieron la revocación total del procesamiento, el dictado de “falta de mérito” y la producción de las pruebas pendientes. De manera subsidiaria, solicitaron la reducción “prudencial” del embargo a un valor acorde con la información aportada por el Hospital Italiano.
Para la defensa, la imputación contra Lanusse es “prematura, conjetural y carente de sustento probatorio suficiente”. (TN)