Delitos sexuales: ¿los peritos también tienen que sentarse en el banquillo?

Redacción de La Nueva.

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Bahía Blanca tiene una de las tasas más altas por delitos sexuales. Se denuncian unos mil hechos por año. 

Y los delitos sexuales presentan, como rasgo distintivo, la dificultad probatoria. 

Se los llama "delitos de alcoba" porque, en general, el agresor ataca a su "presa" en un ámbito privado, sin cámaras ni testigos y ese contexto complica las investigaciones.

Por eso se depende en gran medida del relato de las víctimas -en muchos casos son menores- y de las pericias psicológicas que evalúen su condición y determinen que no fabula.

El gran desafío es encontrar un equilibrio para obtener la seguridad jurídica que significa condenar a culpables y absolver a inocentes, en el marco de un delito que, a partir del rechazo particular que genera en la sociedad, parece tener una tendencia condenatoria con menor exigencias que el resto.

El reciente caso de la consejera escolar Fiorella Damiani, sentenciada por mandar al calabozo a dos jóvenes de Punta Alta al acusarlos falsamente de una violación; la detención en 2021 de un joven inocente, catalogado como "el violador del barrio Pedro Pico" o la denuncia en 2022 de una alumna del ex Colegio Nacional contra otro estudiante, por un abuso -que no existió- dentro de la escuela, son solo algunos de los casos salientes que despertaron dudas sobre la contundencia probatoria de los delitos sexuales.

¿Hay muchos inocentes presos? ¿Cuántos son los culpables que siguen libres?

Juan Ignacio Vitalini es uno de los mayores críticos del sistema actual.

El abogado es quien asesora a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, las "víctimas" de la consejera, quienes ahora avanzan con la demanda por daños y perjuicios, no solo contra Damiani sino al Poder Judicial bonaerense.

"Pericias irrelevantes"

"Yo no llamaría insuficientes (las pericias psicológicas a víctimas de delitos sexuales) sino irrelevantes, ya que se hacen test gráficos y proyectivos únicamente que se encuentran supeditadas al sesgo del entrevistador, no aportan nada a los fines de esclarecer el delito, solo sirven para determinar si la persona fabula o no que no es lo mismo que decir que lo que dice es cierto y/o creible", explicó el penalista. 

"Para ello lo que se deben realizar evaluaciones psicológicas del testimonio (test CBCA y SVA), que sirven para ver si cierto o no y creíble o no una declaración, utilizar pruebas psicométricas que son cuantificables, se pasan por una computadora, tienen rigor científico, es decir que no quedan a la libre interpretación del que las hace (sesgo del entrevistador)", amplió.

En ese sentido, Vitalini remarcó que "estas pruebas, lógicamente, hay algunos peritos que no las saben hacer y, por otra parte, llevan mucho tiempo y se carece de los recursos humanos y del tiempo para realizarlas".

El abogado remarcó la necesidad de sumar recursos y opinó que, de hacerse "verdaderas evaluaciones psicológicas", se podrían "filtrar un montón de casos de falsas denuncias" y se evitaría "todo el dispendio jurisdiccional posterior".

Vitalini aclaró que no podría estimar cuántos inocentes están detenidos por delitos sexuales que no cometieron, pero dijo que sí existen simples denuncias, sin pruebas, que prosperan.

"Hay muchos casos donde solo se considera el testimonio único de la mujer, 'corroborándolo', por así decirlo, con el testimonio del psicólogo que, como ya vimos en el caso de Fiorella, suelen repetidamente copiar y pegar en sus informes que la entrevistada posee síntomas compatibles con un trauma como el que relata, cuando en realidad esos síntomas puede obedecer a otras cuestiones", cerró.

"Creer" y "probar"

El fiscal general provincial, Juan Pablo Fernández, defendió la metodología de investigación de los delitos sexuales, sin dejar de reconocer algunas falencias.

"Este caso (Damiani) puso el foco en el error judicial que puede llevar a que una persona sea privada de su libertad injustamente cuando se realizan investigaciones por delitos sexuales, que parten de lo declarado por quien invoca su calidad de víctima. 

La posibilidad de error viene con la función, especialmente cuando el hecho no ha dejado un resultado de lesión observable e inequívoco. Máxime cuando se debe partir de los dichos de una persona que afirma lo que no es cierto", sostuvo.

Fernández destacó que el falso testimonio "no es tolerable" y que en la causa de la consejera fue la propia agente fiscal quien formuló la denuncia y un colega de ella impulsó la investigación.

"Algunos sectores hacen referencia a la necesidad de 'creer' en la víctima cuando, en rigor dentro del proceso penal lo que debe hacerse es 'probar' el hecho. En este sentido, deben buscarse elementos de corroboración externa al testimonio de la víctima que consisten en indicios periféricos que sirven para reforzar su credibilidad, aportando verosimilitud y coherencia a lo atestiguado. 

"Desde este punto de vista, la metodología de investigación no cambia. Lo que se busca con ella es alcanzar determinado nivel de convicción de que el hecho ha ocurrido y se pueda explicar la culpabilidad de alguien", dijo.

En cuanto a la perspectiva de género, el fiscal general aclaró que "los compromisos internacionales asumidos por el Estado no flexibilizan la presunción de inocencia ni establecen un estándar probatorio distinto, sino que refieren a un deber reforzado del Estado de realizar investigaciones diligentes". 

Fernández admitió que los recursos, en materia pericial, en general, son escasos en el Departamento Judicial Bahía Blanca. 

"No es nuevo que en muchas ocasiones debemos acudir a pericias que deben realizarse en otros departamentos judiciales, con todo lo que ello implica. Sin embargo, en el área pericial psicológica contamos con más peritos que en la mayoría de las otras áreas y la producción de las diligencias pertinentes para realizar los informes periciales, en general, es local.

"Los informes psicológicos suelen considerarse prueba relevante, pero no pueden determinar si el hecho ocurrió y, en tal caso, quién ha sido su autor. Ellos tienden a establecer indicadores compatibles con el relato de la persona que se presenta como víctima, señalando su lógica, posibles secuelas psíquicas y evaluando, entre otros datos, la credibilidad (coherencia, consistencia temporal y ausencia de contradicciones), existencia de trauma y cuadros compatibles". 

La "prueba oculta"

Al referirse al cuestionamiento de algunos abogados a las pericias psicológicas, Fernández dijo que recae en "posibles errores de interpretación, sesgos o conclusiones discutibles".

Explicó que, en general, "los peritos en psicología se niegan a acompañar en sus informes la producción realizada en los diversos test suministrados a las personas, así como a producir una grabación en audio y video de todos los procedimientos periciales que incluyen una entrevista". 

"Esto mantiene a la verdadera prueba oculta ya que el informe pericial, en realidad, es la interpretación que hacen los peritos de aquella producción y entrevista que no se acompaña y registra", sostuvo. 

Reconoció, en esa línea, que "esta circunstancia impide un control suficiente a la defensa, que no puede volver a analizar por otros peritos lo correcto de lo dictaminado y, eventualmente, descubrir y aportar otros elementos que pudieren contribuir de mejor modo a la verdad y que pudieron resultar ignorados en la confección del informe".  

Y estimó que "el control mediante lo registrado en una grabación audiovisual podría contribuir a determinar la existencia de otros elementos para tomar mejores decisiones y darle mayor o menor credibilidad a lo relatado".

Algunos peritos se escudan en el "secreto profesional" o en la "protección de la intimidad" para no dar a conocer esas pruebas y para el fiscal general esa situación podría ser mejorada "a pedido de la defensa y por orden del juez de Garantías".

"La tensión existente entre diversos derechos y valores en juego, en mi opinión, es más aparente que real y, en todo caso, debe resolverse en función del interés preponderante que es la búsqueda de la verdad con estricto respeto a la inviolabilidad de la defensa en juicio que comprende el poder controlar la prueba", cerró Fernández.

"Se observa un retroceso"

"La responsabilidad de probar que el delito sexual ocurrió, por lo general, recae en los denunciantes y en las víctimas, realidad que les genera una profunda angustia al tener que someterse a distintos tipos de pruebas y pericias para confirmar el abuso, sin que se ponga en duda (hasta que aparezcan las pruebas) la sinceridad de los ofensores que niegan haber hecho algo".

La consideración corresponde a Clelia Severini, integrante de "Creer, sí", ONG dedicada a la problemática del abuso sexual sufrido por niños, niñas y adolescentes.

"Nuestro sistema de investigación penal, además de la pericia psicológica (relato de la víctima e indicador de gran valor), cuenta también con prueba periférica o indirecta que hace al contexto de los hechos y a su acreditación.

"Comprende el examen físico, incorporación de testigos del entorno de la víctima, de profesionales que intervinieron, informes de los mismos y equipo técnico. En todo el proceso se debe garantizar a la víctima una intervención respetuosa, sin volver a dañarla, a revictimizarla", remarcó Severini.

La especialista consideró que "en nuestra ciudad existe un alto porcentaje de condenas de abusadores, las que fueron debidamente fundadas".

"No obstante sabemos de algunos pocos casos que, lamentablemente, fueron el resultado de falsas denuncias. Ante esto también debemos decir que ese número es tan bajo que no logran conformar estadísticas certeras", continuó.

Severini recalcó que "como sociedad debemos pensar en la responsabilidad que nos toca a cada uno en la protección de la integridad de las infancias y adolescencias". 

"El actual contexto social, en el que se observa un retroceso en los derechos de las mujeres y de los niños/as, y la difusión no adecuada de la problemática del abuso sexual influye negativamente en las familias. Desde el año pasado venimos observando en la ONG una creciente inseguridad en las madres a la hora de creer y denunciar eventos de abuso sexual. Eso nos preocupa", cerró.