El juez pampeano acusado de maltrato laboral deberá responder por los cargos en su contra

Redacción de La Nueva.

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Ya con procesamiento confirmado, el juez Pablo Ramiro Díaz Lacava deberá dar explicaciones ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, a raíz de la imputación por presuntamente ejercer violencia psicológica y física contra personal del Tribunal Federal de Juicio de Santa Rosa, que está a su cargo.

La comisión de Acusación del organismo encargado de seleccionar y remover jueces, que investiga los hechos atribuidos a Díaz Lacava por aparente mal desempeño, acoso laboral y violencia de género, lo citó para el martes 10 de febrero, a fin de que aporte su versión sobre lo sucedido.

El procesado subroga en el Tribunal Federal de Juicio de Bahía Blanca, el cual integró en 2021 durante el debate oral ligado a la megacausa por narcotráfico conocida como Bobinas Blancas.

Está previsto que en poco tiempo la fiscal federal Iara Silvestre pida la elevación de la causa a juicio, y mientras tanto rige una orden judicial en contra del denunciado que le prohíbe mantener contacto mediante cualquier medio o cruzarse con empleados del cuerpo de enjuiciamiento que integra.

Estas cuestiones, sumadas a su procesamiento penal confirmado en junio por la Cámara Federal de Apelaciones bahiense, implican un antecedente de gravedad institucional.

Las conductas del juez federal acusado consistieron, al parecer, en "hostigamiento, intimidación y abuso de autoridad" en perjuicio de trabajadores del tribunal pampeano, con "impacto directo en la salud física y psíquica de las víctimas".

Los damnificados son al menos seis, de los cuales cuatro son mujeres.

Según los peritos, “cada una de las personas entrevistadas padecieron una situación de violencia que, en el caso de las mujeres, podría catalogarse como de género, basada en el terror y en la persecución laboral”.

Hace unos días la mencionada comisión cerró la etapa de testimonios y mantuvo la formulación de cargos contra Díaz Lacava por ejercer como magistrado de la Nación con "graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro, y por haber ejercido violencia y acoso laboral y violencia" contra mujeres.

Sin embargo, una de las afectadas denunció nuevamente en la fiscalía que continúa siendo hostigada por el representante del Poder Judicial de la Nación.

Las medidas cautelares dispuestas se incorporaron en el expediente disciplinario que tramita en el Consejo, el cual analiza si el comportamiento del nombrado configura causal de remoción por mal desempeño de sus funciones.

El consejero Álvaro González planteó que la prueba incorporada es "suficiente" y que Díaz Lacava "ejerció plenamente su derecho de defensa", por eso descartó la necesidad de nuevas medidas probatorias.

Uno de los incidentes más violentos se registró cuando el imputado supuestamente tiró desde la vía pública una piedra contra una ventana del primer piso del tribunal santarroseño, donde había empleados.

Las agresiones de Díaz Lacava contra sus subordinados se iniciaron antes de 2022, aunque después, según la denuncia, se agravaron.

El agresor fue denunciado en 2023 y la instrucción del caso estuvo a cargo del juez federal Nº 1 de Santa Rosa, Juan José Baric, quien en primera instancia resolvió el procesamiento sin prisión preventiva de Díaz Lacava.

La comisión de Acusación de la Magistratura, presidida por el senador Luis Juez, decidió por unanimidad citar al causante para escuchar su descargo.

Fallo de la Cámara

El fallo de 60 páginas dictado por la Sala I de la Cámara Federal de Bahía, que ratificó el procesamiento de Díaz Lacava decretado por Baric, describe un conjunto de supuestas conductas abusivas en detrimento de subordinados y colegas en el ámbito judicial.

Esas acciones se encuadran en delitos como "amenazas simples y agravadas, lesiones leves y graves, abuso de autoridad, desobediencia judicial y retardo malicioso de justicia, en un contexto de violencia laboral y de género".

La causa contra el juez federal se inició como consecuencia de denuncias formales radicadas por secretarios y empleadas del tribunal pampeano, quienes dieron cuenta de reiterados episodios de hostilidad, intimidación, acoso psicológico y decisiones arbitrarias sobre bienes públicos.

La resolución de los camaristas bahienses hace referencia, además, a amenazas proferidas por Díaz Lacava a empleados judiciales, con el propósito de “compelerlos a hacer abandono del trabajo”, así como situaciones que derivaron en “lesiones leves y graves”, afectando la salud psicofísica de las víctimas.

En los casos de mujeres involucradas, la Cámara consideró que los hechos se desarrollaron en un "claro contexto de violencia de género".

En mayo de 2024, Díaz Lacava planteó la recusación de su colega Baric, pero la Cámara Federal local  rechazó los argumentos del investigado y de su defensor público, Carlos Riera, para intentar separar al magistrado de la instrucción de la investigación.

Uno de los planteos hechos por Díaz Lacava, a raíz de su supuesto "temor de parcialidad", es que en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Rosa pegaron carteles agraviantes en su contra que lo tildaban de "maltratador", lo que le causaba "especial preocupación".

Por tal motivo, en ese momento su indagatoria se postergó.

Irregularidades con bienes

Bienes. La Cámara analizó testimonios que vinculan al juez con decisiones irregulares en la gestión de bienes incautados, como la presunta orden de donar elementos sujetos a decomiso a una institución vinculada con su esposa, o el desmantelamiento de un vehículo oficial sin fundamentos legales.

Crítica. Estos hechos, inicialmente desestimados por el juez de instrucción, fueron cuestionados por la fiscal federal Silvestre, que manifestó que “la conducta imputada a Díaz Lacava se configuró y no puede ser entendida en grado de tentativa”.

Embargo. El procesamiento al juez federal pampeano incluye un embargo por 100 millones de pesos sobre sus bienes.