Revés en Casación para un juez pampeano acusado de maltrato
Rechazaron una queja y confirmaron que Pablo Díaz Lacava, denunciado por violencia laboral, no podrá acercarse a empleados de un tribunal de Santa Rosa.
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La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja planteada por la defensa de un juez pampeano acusado de maltrato laboral y de esa manera se mantiene la medida cautelar que le prohibe acercarse a menos de 50 metros de sus empleados.
La resolución contra Pablo Ramiro Díaz Lacava fue en mayoría, ya que los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar desestimaron el planteo, mientras que en minoría votó la jueza Ángela Ledesma.
En el voto mayoritario se descartó la queja porque se consideró inadmisible la vía intentada, ya que no se lograron plantear fundamentos convincentes para refutar los argumentos de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, que había dispuesto esa decisión contra Díaz Lacava.
En mayo último, la Cámara bahiense ratificó la restricción de acercamiento de Díaz Lacava a empleados y funcionarios del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa, que integra, aunque redujo la distancia de 300 metros a 50 metros.
También mantuvo la prohibición de comunicación entre el imputado y las víctimas, excepto la que se realice "por interposita persona" del secretario designado por la Cámara Federal de Casación Penal, para que el acusado pueda ejercer su labor.
"Gritos y ataques de ira"
Díaz Lacava, uno de los jueces que en 2021 dirigió el juicio de la megacausa Bobinas Blancas en Bahía Blanca, está sospechado de los delitos de amenazas, coacción, abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y lesiones en perjuicio de los trabajadores del TOCF con sede en Santa Rosa.
A raíz de las agresiones de Díaz Lacava contra sus subordinados, una de las secretarias del Tribunal Oral Federal pampeano fue hospitalizada por problemas derivados de "estrés laboral".
Los denunciantes calificaron al juez como "dominante e intempestivo" y afirmaron haber presenciado actos "inadecuados y violentos" de su parte.
A su vez aludieron a "gritos y ataques de ira" del magistrado, así como "destrato a periodistas", a quienes les habría hecho reclamos por sus publicaciones, y a policías y agentes penitenciarios, cuando surgieron "problemas por el cupo para personas detenidas" en aquella provincia.