El “costado bueno” de la Justicia de Comodoro Py que “acaricia” a Bahía
En un ámbito siempre cuestionado, los tribunales en lo Penal Económico de la Capital donan dinero a instituciones de la ciudad afectadas por la inundación.
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Bahiense. 51 años. Técnico superior en Ciencias de la Comunicación Social. Periodista y editor jefe de contenido judicial y policial, con más de 30 años de trayectoria en la profesión (28 años en La Nueva.) Primer Premio ADEPA 2017 en la categoría Periodismo Judicial, otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Audionota: Juan Ignacio Zelaya
Según los más recientes estudios sociológicos, menos del 10% de los argentinos confía en la Justicia.
Grandísima parte de esa conclusión se debe a la imagen que generan los "famosos" tribunales de la avenida Comodoro Py 2002.
Allí funcionan los 12 juzgados federales con mayor poder -y sospechas- del país, porque tramitan las principales causas relacionadas con la política y la economía, muchas vinculadas a la corrupción del Estado.
Sin embargo, en el mismo ámbito conviven algunos organismos que, más allá de la abarrotada rutina diaria, demuestran que también existe "otra Justicia", la del servicio en todo el sentido de su palabra.
Es el caso de los tribunales orales en lo Penal Económico (TOPE) -son tres- que, en medio de medidas alternativas a juicios, como suspensiones a prueba o reparaciones integrales de daño por causas tributarias o de contrabando, decidieron que los infractores destinen parte del dinero al hospital Penna u otras entidades de nuestra ciudad, afectadas por las inundaciones del 7 de marzo.
Ya son al menos 5 las causas en las cuales adoptaron este temperamento, sin que ninguna de las partes involucradas tenga algún vínculo con Bahía.
La loable medida ordenada por los tribunales -al menos dos de los tres ya se definieron así- se originó a partir de un común acuerdo con las fiscalías de juicio y las defensorías.
Romina Escolá, jefa de despacho interina de la Defensoría N° 1 ante los TOPE capitalinos, confirmó a La Nueva. que "se trata de una iniciativa de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, que fue aceptada por los tribunales".
"Son varios los casos de donaciones que se destinan al hospital de Bahía, algunos por suspensión de juicio a prueba y otros por reparación integral del daño, que es un instituto distinto aunque tiene el mismo fin: reparar el perjuicio al ARCA. En ese contexto, también se dispone una donación a una entidad de bien público de Bahía", explicó.
Escolá dijo que no es un criterio absoluto, pero "al menos en las primeras causas que tuvimos nosotros, desde que sucedieron las inundaciones, se resolvieron de esa manera".
"Incluso ahora hay un ofrecimiento en otra causa, pero que todavía no está resuelto, aunque se trata de una donación más exigua, porque ese tipo de donaciones tiene que ver con la capacidad de los imputados", explicó la abogada.
La abogada, incluso, fue quien se comunicó con autoridades de la Cooperadora del Penna, a fin de tramitar el envío de los fondos.
"También se han propuesto otras entidades de bien público, como la fundación del Prematuro (Asociación Nacer), pero cuando existen alternativas la decisión queda en manos del imputado", explicó Escolá.
Desde la Fiscalía General Nº 4 ante los TOPE, se informó que en el caso de ellos intervinieron en solo una causa de estas características y explicaron que esa una postura que se ha adoptado con otros fines benéficos.
"Los tribunales, en otra oportunidad, han propuesto destinar fondos al hospital Garrahan. Ahora se decidió que vayan para la reconstrucción de Bahía", sostuvo una fuente.
El aporte, caso por caso
La primera "donación" judicial se dio apenas 4 días después trágico temporal. Fue el 11 de marzo, cuando el TOPE N° 3 ordenó a un hombre y una mujer y la firma Mi primer Vivienda SRL devolver más de 815.000 pesos e intereses al ARCA, por infracción a la Ley 24.769 (evadir pago de aportes y contribuciones del regimen seguridad social) durante 2019.
El juez Jorge Alejandro Zabala, tras el acuerdo de la secretaria fiscal Silvana Iannacelli y la defensora oficial María Laura Lema, dispuso fijar como actividad con fin social "una colaboración" (no detallada en monto, aunque sería el 10% de lo que debe abonar cada una de las dos personas y la sociedad) "a fin de colaborar en función del desastre ocasionado en la ciudad de Bahía Blanca".
En ese consenso, Iannicelli, que fue quien propuso que esto último vaya "a las víctimas de la catástrofe natural de Bahía Blanca", destacó que los infractores "no solamente deben reparar o pagar el monto de la deuda actualizado, sino que además tiene que haber un extra que compense a la administración pública por no haber contado con ese dinero y todo lo que pudo haber perjudicado a las arcas del Estado".
Dos días después, el mismo tribunal, en la suspensión de juicio a prueba a dos ciudadanos bolivianos acusados de contrabando (más de 2.000 prendas transportadas de manera ilegal en 2023 en la zona de Esteban Echeverría) les ordenó donar 400 mil pesos a Cáritas Arquidiócesis Bahía Blanca.
Allí intervinieron la auxiliar fiscal Marcela Silvestroni, el abogado Moisés Michael Núñez Burgos y el juez Jorge Alejandro Zabala.
Los imputados, además, tendrán que cumplir tareas comunitarias durante un año en una iglesia cercana a su domicilio.
El 17 de marzo, también el TOPE N° 3, acordó que un ciudadano español, acusado de infracción a la Ley 22.415 (encubrimiento de contrabando agravado, por recibir mercadería textil que había sido importada ilegalmente) donara al Penna 3 millones de pesos a pagar en 12 cuotas que serán depositadas en la cuenta bancaria de la Cooperadora.
Ese acuerdo fue obra de la abogada Silvestroni, por la acusación, y los defensores Guillermo Vidal Albarracín y Leonardo Horacio Fernández, bajo revisión de la jueza Karina Rosario Perilli.
Un día después, el TOPE N° 3, como reparación del daño, le impuso a un constructor paraguayo de Hurlingham, donar 570.793 pesos al Penna, además del pago de más de 5,7 millones al ARCA.
Ese caso tiene que ver con una infracción a la Ley 24.769 y tuvo el acuerdo previo de Iannicelli y la defensora Lema, bajo supervisión del juez Luis Imas.
El TOPE N° 2 también dispuso una medida similar el 19 de marzo, en una causa por tentativa de contrabando y tenencia de drogas para comercializar.
El decomiso de dinero de los delitos -consistente en 245 dólares, 515.840 pesos, 50 euros y 20 pesos uruguayos- también llegará al Penna.
Más gestos para destacar
Sentencia. El titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6 de Capital, doctor Marcelo Aguinsky, donó a Bahía casi 44 millones de pesos de una sentencia, como resultado de lo recaudado en una subasta electrónica de productos chinos secuestrados por contrabando.
Recuerdos. Entre marzo y noviembre de 1980, Aguinsky hizo el servicio militar en el Batallón de Comunicaciones 181 de nuestra ciudad, etapa que lo marcó y vinculó afectivamente con la ciudad. "Hice muchas amistades", dijo.
Otro caso. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, mandó a Bahía un camión repleto de mercadería secuestrada en una causa por la Ley de Marcas. Fue quien investigó el caso "Bobinas Blancas".