El Gobierno avanza con la "modernización laboral": cambios en despidos, empleo registrado y apps
Apunta a desactivar conflictos judiciales, sumar previsibilidad para empresas y trabajadores y adaptar el marco laboral a dinámicas impulsadas por la economía digital.
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El Gobierno avanza con un proyecto de Ley de Reforma Laboral que propone modificar de manera integral la Ley de Contrato de Trabajo y normas complementarias. Según el documento preliminar, el objetivo es reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos.
El borrador contempla la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que permitiría a los empleadores regularizar vínculos laborales no registrados o mal registrados. Entre los beneficios previstos figuran la condonación de deudas previsionales, multas e intereses, además de la baja del REPSAL, siempre que las empresas blanqueen a todo el personal alcanzado.
En materia de registración, el texto propone centralizar el proceso en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y eliminar el capítulo de multas por trabajo no registrado. Aun así, mantiene que la falta de registración seguirá siendo una presunción favorable al trabajador en caso de conflicto judicial.
Otro eje central es la modificación del régimen indemnizatorio. El proyecto redefine la base de cálculo, fija topes equivalentes a tres veces el salario promedio del convenio aplicable y establece un piso del 67 % del salario normal y habitual. Además, habilita a los convenios colectivos a reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral financiado por los empleadores.
El documento también introduce cambios en el artículo 212, referido a enfermedades y accidentes laborales. Ajusta los criterios de reincorporación del trabajador y establece distintas modalidades de indemnización según el tipo de incapacidad.
Otro capítulo relevante es la creación de un régimen especial para los repartidores de plataformas digitales, definidos como "trabajadores independientes". El borrador fija obligaciones fiscales y de seguridad social, pero también reconoce derechos, como rechazar pedidos sin justificación o recibir explicaciones ante un bloqueo de la aplicación.
En cuanto a los procedimientos de crisis y la negociación colectiva, se propone reforzar la obligación de negociar de buena fe, incorporar sanciones para quienes entorpezcan el proceso y exigir mayor transparencia en la información que las empresas deben aportar a los sindicatos.
El proyecto además impulsa una nueva fórmula de actualización de créditos laborales —basada en el IPC más un 3 % anual— y fija límites para las causas en trámite a fin de evitar indemnizaciones superiores a las que surgirían del nuevo esquema.
El borrador también analiza beneficios para incentivar la contratación de nuevos empleados, incluyendo reducciones temporales en las contribuciones patronales a distintos subsistemas de la seguridad social.
Por ahora, el Ejecutivo sigue trabajando en el texto antes de definir la versión final que será enviada al Congreso. (NA)