Reforma laboral: el Ejecutivo incluyó la eliminación del Estatuto del Periodista
La iniciativa plantea suprimir el régimen profesional vigente desde 1946, dejando a los trabajadores de prensa bajo las disposiciones generales de la Ley de Contrato de Trabajo.
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El Poder Ejecutivo incluyó la derogación completa del Estatuto del Periodista Profesional dentro del proyecto de reforma laboral enviado este jueves al Congreso. La medida figura en el artículo 194 del capítulo de "Derogaciones" del texto firmado por el presidente Javier Milei tras su regreso de Oslo.
El estatuto vigente, establecido por la Ley 12.908, rige desde 1946 y constituye la normativa central que regula la actividad de los periodistas en relación de dependencia en la Argentina. El proyecto oficial dispone la eliminación de esa ley y de todas sus modificatorias.
Un marco legal con más de siete décadas de vigencia
El Estatuto del Periodista tiene su origen en el decreto 7618/44, dictado durante el gobierno militar, y fue ratificado y convertido en ley en diciembre de 1946, al inicio del primer mandato de Juan Domingo Perón.
La normativa definió desde entonces las condiciones de trabajo, derechos, obligaciones y parámetros profesionales para el ejercicio del periodismo.
La ley establecía un régimen propio para la actividad, que incluía categorías profesionales, condiciones de ingreso, contratos, licencias y reglas específicas para despidos e indemnizaciones. También contemplaba garantías vinculadas a la práctica periodística, entre ellas la protección frente a sanciones o desvinculaciones arbitrarias y la referencia explícita a la libertad de expresión y pensamiento.
De aprobarse la derogación, todo ese esquema dejaría de tener vigencia y los trabajadores de prensa pasarían a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo general, sin un marco diferenciado para el sector.
Alcance de la propuesta oficial
La incorporación de este artículo al proyecto de reforma laboral marca un cambio estructural en la regulación del trabajo periodístico. Según el texto enviado al Congreso, la derogación abarca no solo el estatuto original sino también las normas complementarias sancionadas en décadas posteriores.
De prosperar la reforma, quedarían sin efecto regulaciones históricas como las indemnizaciones agravadas, el sistema de preaviso diferencial y las restricciones a suspensiones y despidos. También desaparecerían las pautas de estabilidad diseñadas para situaciones excepcionales y los criterios profesionales que estructuraban la actividad dentro de las empresas periodísticas.
Asociaciones de prensa y sindicatos advirtieron que la derogación podría traducirse en menor estabilidad laboral y en la pérdida de protecciones específicas para una actividad considerada de interés público. El Poder Ejecutivo, por su parte, enmarcó la iniciativa dentro de un proceso de revisión y simplificación de la normativa laboral.