Accidentes en la ruta 229: "La situación ya es insostenible"

Redacción de La Nueva.

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La UCR y el Ari planteó en el Concejo Deliberante un proyecto que busca proteger la vida y la integridad física de los vecinos de Coronel Rosales, frente a una situación que se ha vuelto insostenible: la alta siniestralidad registrada en los tramos urbanos de la ruta nacional 229.

“Hablamos de un corredor que atraviesa zonas plenamente urbanizadas, con accesos a barrios, comercios y tránsito peatonal constante. Sin embargo, no cuenta con radares, cámaras ni controles de velocidad, y esta ausencia de medidas preventivas se traduce en accidentes recurrentes, heridos y víctimas fatales”, dijo la concejal radical Liliana Taboada.

En este contexto, sostuvo que el propio informe de Vialidad Nacional, obrante en el expediente municipal, reconoce que el tramo entre el kilómetro 21,8 y el 25,3 se encuentra altamente urbanizado, con construcciones de frentistas y uso cotidiano como avenida principal de acceso a Punta Alta y sus barrios periféricos.

“Pero, pese a ese reconocimiento, la declaración formal de 'travesía urbana' sigue pendiente, y el Estado nacional no ha instalado medidas de control ni de seguridad vial”, añadió.

“Esa inacción administrativa -ese 'no hacer'- no puede prevalecer sobre el deber de prevención y protección de la vida humana que imponen el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente N.º 25.675”, remarcó la edil.

Y agregó: “Nuestra Carta Magna consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, y la Ley 25.675 establece el principio precautorio, que obliga a actuar aún cuando no exista certeza científica, si hay riesgo de daño grave o irreversible”.

Por eso, continuó, en este caso el municipio no solo puede, sino que debe intervenir preventivamente, porque el riesgo está demostrado: 18 accidentes con heridos en un año, y varios de ellos con víctimas fatales.

Manifestó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido clara al reconocer que los municipios poseen poder de policía concurrente y originario en materias que afecten directamente la salud, la seguridad y el ambiente de su población, incluso cuando existan competencias nacionales o provinciales.

“La Provincia de Buenos Aires no puede ser ajena a este reclamo: tiene la responsabilidad institucional de acompañar al Municipio de Coronel Rosales en las gestiones ante el Estado nacional, como expresamente establece este proyecto en su Artículo 4”.

“No estamos discutiendo jurisdicciones, sino defendiendo derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la seguridad y a un ambiente sano. Y frente a la omisión del Estado nacional, el Municipio de Coronel Rosales -con el respaldo de la Provincia- tiene no solo legitimidad, sino obligación moral y jurídica de actuar”.

Por todo esto, “pedimos que el Municipio de Coronel Rosales, con el apoyo de la Provincia de Buenos Aires, pueda actuar con legitimidad, respaldo jurídico y decisión, en defensa de la seguridad vial, del ambiente urbano y de la vida de su gente”.

Líneas de acción

Taboada, acompañada por su par Néstor Martínez y Mariano Dello Russo (Ari), dijo que este proyecto propone tres líneas concretas de acción:

* Gestionar ante el Ministerio de Economía y Vialidad Nacional la declaración del tramo urbano de la ruta 229 como “travesía urbana”, tal como ya reconocen los propios informes técnicos.

* Solicitar la firma de un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial o el organismo que la reemplace, para instalar radares, cámaras y señalización preventiva.

* Adoptar medidas locales inmediatas, sin esperar la finalización de los trámites nacionales: colocar carteles, reducir la velocidad y realizar controles de tránsito, en ejercicio del poder de policía municipal y conforme al principio precautorio.

“Y, además, pedimos que la Provincia de Buenos Aires acompañe institucionalmente al intendente en estas gestiones, porque la seguridad vial no es un tema local aislado: es un problema provincial y nacional que requiere coordinación y voluntad política conjunta”.

“No se trata de invadir competencias, sino de llenar un vacío de gestión que hoy se traduce en muertes evitables. Porque cada accidente evitable nos interpela. Porque la demora administrativa no puede ser excusa ante el peligro cierto. Y porque, en definitiva, la vida de nuestros vecinos vale más que cualquier formalidad burocrática”, dijo Taboada.