Bahía Blanca | Sabado, 25 de octubre

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Los puentes y cierta miseria

Politizar el manejo de los puentes Bailey colocados sobre el Maldonado es una postura completamente inadecuada e inconveniente.

No fue a través de un comunicado oficial sino mediante una entrevista, que el secretario de Obras Públicas del municipio, Gustavo Trankels, dio a conocer la decisión del ejército de cobrar un alquiler por el uso de los puentes metálicos que montó sobre el canal Maldonado luego de la inundación del 7 de marzo.

En aquel momento la municipalidad firmó un convenio para hacer uso de esas estructuras por 90 días, vencido ese plazo, la prestación sería renovada.

Trankels afirmó que se debe pagar un alquiler “millonario” por mantener su uso o, caso contrario, el Ministerio de Defensa procederá a su retiro (afirmación luego negada por funcionarios de ese ministerio)

Se trata de una situación que exige la reacción de todos los sectores políticos, de todos los representantes de la comunidad que es quien aporta los recursos.

Conocer si ese cobro responde a una necesidad de cuidado o mantenimiento y considerar, si corresponde, llegar a un acuerdo razonable.

Lo inconcebible es que en lugar de eso la cuestión termine en una pulseada política, donde muchos protagonistas que debieran tomar intervención hacen silencio de radio.

La primera respuesta del Ministerio de Defensa de la Nación también fue una respuesta política, desde el momento en que puso énfasis en que el convenio se realizó “a pedido del intendente kirchnerista Federico Susbielles”, una pertenencia partidaria que no hace a la cuestión y que, en el mejor de los casos, es el intendente elegido por la mayoría.

El Ministerio remarcó además que las Fuerzas Armadas invirtieron1.000 millones de pesos durante el montaje, sumando efectivos, botes, helicópteros y aviones.

Es importante analizar la situación, sí por los puentes se paga un seguro, si hay tareas de mantenimiento que realizar, si se justifica el pago, si no se pueden hacer puentes propios y reemplazarlos.

Pero se trata de una cuestión que atañe a la ciudad en su conjunto y que, de acuerdo a lo que los mismos legisladores se cansan de pregonar, todos deberían estar defendiendo los intereses del pueblo en su conjunto.