Absoluciones y polémicas atravesaron los juicios durante 2023

Redacción de La Nueva.

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El año que acaba de terminar dejó mucha tela para cortar en el ámbito tribunalicio. La resolución de distintas causas resonantes, en particular en el ámbito federal, abrió polémicas que hoy siguen latentes porque la Cámara de Casación revisa distintos fallos.

Las absoluciones -por razones técnicas- de los hermanos Vidal Ríos y la organización que encabezarían para vender drogas, así como la del exfiscal Alejandro Salvador Cantaro, acusado de encubrir a narcos, provocaron fuerte rechazo social.

Tampoco conformó la condena, después de más de 10 años de un cambiante y agotante proceso judicial, a Juan Ignacio Suris, quien hoy está detenido, tanto por la comercialización de drogas como por comandar una asociación ilícita dedicada a la venta de facturas truchas.

Todos esos debates tuvieron por escenario el Tribunal en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, en Chiclana 402, y resaltaron en la nutrida agenda de 2023 en materia penal.

En el ámbito provincial -Estomba 34-, la mayoría de los juicios de notoriedad pública se resolvieron a través de jurados populares. Y casi todos con fuertes condenas.

Según el orden cronológico, en junio se produjo la absolución del exfiscal Cantaro, a partir de la nulidad que declararon los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Silva y Simón Bracco.

El tribunal entendió que la acusación -representada por el fiscal Gabriel González Da Silva- había agravado la calificación legal en el juicio, hecho que motivó una violación del principio de congruencia procesal y del derecho de defensa en juicio.

La fiscalía pedía 7 años por considerarlo no encubridor sino partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravado por su condición de funcionario público. Ese cambio es el que advirtió el tribunal para disponer la nulidad y la absolución de Cantaro.

Los defensores, Juan Pablo Alonso y Andrés Bouzat, habían alegado que, efectivamente, se violó el principio de congruencia, a raíz de un cambio "radical" en la imputación durante las distintas etapas del proceso.

Según la investigación, Cantaro colaboró con su sobrino Sebastián Gauna San Millán y Facundo Texido, uno de los 8 condenados en 2020 por formar parte de una organización para la venta de drogas sintéticas en fiestas electrónicas y boliches de esta ciudad y Punta Alta.

En la causa consta que, entre marzo de 2017 y abril de 2018, Cantaro "ayudó" a los jóvenes a "eludir la investigación por infracción a la ley 23.737 (drogas)", informándoles sobre su existencia, y no denunció los ilícitos al tomar conocimiento de ellos.

Mientras se espera el dictamen de instancia superior de Casación, Cantaro se jubiló y ahora se dedica a la función particular como abogado penalista.

Sin efecto

En agosto se incrementó el malestar porque pasó algo similar con otro juicio: el de los hermanos Vidal Ríos y otros 12 procesados.

El TOCF -en ese caso integrado por los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José María Triputti- absolvió a la organización que aparentemente comercializaba drogas, tras considerarse nula la investigación por irregularidades "graves", según el fallo.

Todo comenzó por la declaración de un testigo de identidad reservada, que para las defensas se reveló recién antes del juicio, siendo Adrián Vidal, hijo de Adrián Ángel Ariel Vidal Ríos, uno de los principales sospechosos.

Consideró que se vulneró la prohibición de declarar contra su padre (artículo 242 del Código Procesal Penal de la Nación), pero que a su vez se dieron otras serias falencias en la instrucción.

En principio marcó la primera declaración "secreta" de Vidal hijo, que supuestamente fue el 9 de junio de 2020 en la comisaría Séptima, pero que quedó asentada en una fotocopia, sin firma alguna ni certificación.

El tribunal consideró que eso es nulo y que no pueden excusarse con la cuestión de la pandemia porque el joven se dirigió personalmente a la seccional.

En ese momento, Adrián Vidal dijo que su padre y su tío eran líderes de una organización dedicada a la venta de drogas y que a él lo utilizaban como "dealer".

El acta del 10 de noviembre de 2020 tampoco tenía firma y solo tenía inserto un cargo rubricado por un funcionario de la Fiscalía Federal N° 2, sin sello aclaratorio.

A veces declaró bajo juramento de ley y otras veces no.

Por otra parte, el tribunal destacó que en 2016 se derogó (ley 27.319) la figura del testigo de identidad reservada para casos de narcotráfico y que solo se mantuvo para los de terrorismo.

Sí puede darse una excepción en caso de denunciantes anónimos pero no en situaciones como las que se analizan ahora, de un hijo a un padre.

La absolución a los Vidal Ríos incluso motivó reacciones desde el arco político: el actual intendente Federico Susbielles, aún en su condición de candidato, remarcó su sensación de impunidad y desprotección. 

Largo periplo

La polémica en el ámbito federal volvió a instalarse en noviembre, cuando el mismo tribunal condenó a Juan Ignacio Suris a 8 años de prisión, al unificarse dos penas por asociación ilícita fiscal (5 años) y narcotráfico (6), hecho que para algunos sectores significó una sanción que no era proporcional para el tipo de delitos y el daño que generaron.

Por otro lado, la AFIP se opuso al acuerdo alcanzado para que devuelva 85 millones de pesos por la estafa fiscal, ya que considera que el perjuicio al fisco fue superior a los 500 millones de pesos.

Las dos causas contra Suris llevaron más de una década de desarrollo y también tuvieron fuertes vaivenes -en el caso de la droga lo habían absuelto pero Casación anuló ese fallo y ordenó nuevo debate-, aunque finalmente el 23 de noviembre se lo detuvo en Santa Fe.

En los fundamentos del fallo se dio otro aspecto llamativo, porque el juez Sebastián consideró que la condena a Suris brindaba paz social.

A la espera de ser trasladado a una cárcel federal, para cumplir la pena, permanece preso en una comisaría de esa capital provincial.

En Estomba 34

En el ámbito provincial, la Justicia -en la mayoría de los casos a través de jurados populares- logró condenas en 2023 por hechos que fueron resonantes.

Por ejemplo, la perpetua a Carlos San Román, por el femicidio de Fabiana Suita en Tres Arroyos y las condenas en suspenso a Ángel Matelica y Sergio Ferreti, por el derrumbe de una zanja en la calle Soler, que en 2016 provocó el deceso del operario Eduardo Burgos Melo y lesiones a tres de sus compañeros.

También recibieron perpetua Juan Gerling Kees y Cesar Ezequiel Pereyra, por el asalto a un campo de Coronel Suárez que terminó con la muerte de José Alberto Baier; Mario Alberto Barroz, por agredir sexualmente hasta provocarle la muerte a Alaia, la hija de su pareja, de apenas 2 años, en Punta Alta y Daniel Alexis Blanco, por el crimen del remisero Diego Guerra, también en la vecina ciudad.

En septiembre, a su vez, se resolvió el homicidio de Natalí Rodríguez, registrado el 15 de marzo de 2002 en Oriente.

Su marido, Sebastián Calvo, recibió una pena de 23 años de prisión tras ser declarado culpable por un jurado. Al no acreditarse el femicidio, el acusado zafó de la perpetua.

Lo que viene 

Abril. Este año, entre el 15 y el 19 de abril, un jurado popular juzgará el homicidio en ocasión de robo de Omar Kittler, vecino del barrio Patagonia. Son 4 los imputados: Franco Javier Lenci, Paulo Oscar González y Damián Alejandro Lara e Ignacio Gabriel Nievas.

De terror. Otro juicio por jurados que tendrá lugar este año (posiblemente en agosto) será el de la causa por "la casa del horror", en Punta Alta. Se trata de 4 integrantes de una familia que al parecer drogaban a dos niñas, desde que tenían 6 y 8 años, para prostituirlas a cambio de dinero.

Soldado. Entre el 26 y el 30 de agosto juzgarán a Jorge Rubén Rojas, por el femicidio de la soldado voluntaria mendocina Yoselie Agustina Herrera Nadal. El crimen se produjo en noviembre de 2022.