Narco: otra polémica absolución bajo el "efecto Vidal Ríos"

Redacción de La Nueva.

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Audionota: Marina López

En Bahía Blanca se viene repitiendo una preocupante situación judicial: la liberación de personas vinculadas con el narcotráfico porque las investigaciones, a criterio de la Justicia, se inician de manera irregular. 

Sucedió hace algunos meses con el clan de los hermanos Vidal Ríos y ahora pasa lo mismo con otro acusado: Franco Javier Gil, quien afrontaba un pedido de pena de 5 años y medio de cárcel por la venta o intermediación en el comercio de drogas en Monte Hermoso.

Esta situación oscila entre la postura de un tribunal, que apunta a graves fallas de origen que afectan garantías constitucionales de los imputados, y la postura de los acusadores que creen que se trata de excesivos tecnicismos que dejan sin condena hechos graves.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal -como pasó con los Vidal Ríos- absolvió y liberó a Gil, quien hasta fines de septiembre cumplía prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza.

De todas maneras, el fallo no está firme porque el fiscal de juicio Gabriel González Da Silva acaba de apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal, organismo que también debe revisar el veredicto en el caso de los hermanos liberados.

Gil, de 31 años, nacido en Coronel Dorrego, de ocupación maestro pizzero y con domicilio en el barrio Fonavi de Monte Hermoso, estaba detenido desde febrero de 2022.

Su causa se inició como derivación de otra relacionada con el mismo delito.

El problema se originó en que la investigación tuvo inicio en un testigo de identidad reservada, llamado "W", quien se autoincriminó en algunos delitos pero continuó su declaración bajo juramento de ley (como testigo).

"W" dijo que estaba amenazado por el supuesto robo de droga y aportó la línea de teléfono a nombre de Gil, que luego fue intervenida para descubrir las conversaciones vinculadas al narcotráfico, que derivaron en los allanamientos.

Para la defensa oficial del acusado, a cargo de Guillermo Pazos Crocitto, se trató  de una novela kafkiana, porque el protagonista (Gil) no conoció a los testigos ni las pruebas que lo incriminaban e igualmente el proceso avanzó.

En consecuencia, pidió la nulidad de todo lo actuado y la absolución del hombre, medida a la que adhirió el juez Sebastián Foglia.

Testigo-imputado

El tribunal informó que los primeros 9 renglones de la declaración de "W", cuando dijo que era consumidor de cocaína desde los 14 años, eran legales, pero que después se desvirtuó.

Desde el momento que reconoció haber prestado servicios a cambio de drogas, que le encomendaron vigilar un galpón con 23 kilos de marihuana y 5 de cocaína y que obtuvo dinero ilegal por esas acciones es que, según el Foglia, se autoincriminó y en ese punto la declaración testimonial debió haber cesado.

"En efecto, de la declaración surge claramente que 'W' era partícipe de vendedores de estupefacientes, ayudándolos en los quehaceres cotidianos del tráfico desde hacer depósitos y transferencias, transportar dólares, hasta custodiar droga y armas, etc. por lo que no podía recibírsele declaración testimonial", remarcó el juez.

Calificó de "incomprensible" el tratamiento que le dieron a la instrucción de la causa y señaló que se dio una situación similar a la de los Vidal Ríos, donde el tribunal, en ese caso en forma colegiada, declaró la nulidad de todo.

Insistió con que la declaración de "W" se convirtió en indagatoria, pero debió prohibirse por realizarse bajo juramento de ley, ya que nadie está obligado a declarar en su contra (artículo 18 de la Constitución Nacional), y debió contar con asesoramiento de un abogado defensor.

En todo caso se podría haber aplicado la figura de "imputado colaborador", prevista por ley, que tiene por objeto que personas acusadas en causas penales aporten información de valor, bajo concretos recaudos, para luego recibir una reducción de pena, pero tampoco se hizo.

De hecho, durante el juicio a Gil el fiscal en el debate, Gabriel González Da Silva, consultó por oficio al juez federal Walter López Da Silva y le confirmaron que "W" nunca fue imputado, pese a su confesión.

"El Estado debe asumir la pérdida de esa información para evitar la extensión de prácticas ilícitas.Hay límites constitucionales al descubrimiento de la verdad procesal", sentenció Foglia al declarar la nulidad de lo instruido.

"'La verdad' no representa un valor absoluto alcanzable a cualquier precio ni de cualquier modo", cerró, antes de decretar la absolución de Gil.

Con este resultado, González Da Silva fue más allá y reclamó "una profunda revisión" de todas las causas que ingresaron al tribunal para evaluar si hay otras que se iniciaron de este modo, a fin de evitar el juicio y que directamente se resuelva la nulidad.