Preocupa la liberación de condenados por narcotráfico en medio de un contrapunto jurídico

Redacción de La Nueva.

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   En 2017, como continuidad de la política criminal de las llamadas "Leyes Blumberg", el Congreso de la Nación modificó el artículo 14 del Código Penal para impedir  las salidas anticipadas a los condenados por delitos graves, como homicidios calificados o en ocasión de robo, asaltos con armas, violaciones, trata de personas y narcotráfico, entre otros.

   Quiere decir que con la ley 27.375, creada a tal efecto, se prohibió los beneficios para esos casos y los sentenciados deben cumplir hasta el último día de la pena.

   Sin embargo, con el correr del tiempo surgieron voces judiciales disidentes, que consideraban "inconstitucional" la norma, por afectar principios como la reinserción social y la progresividad del sistema penitenciario.

   Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, por caso, tienen esa postura, que se fue cimentando con el avance de la pandemia.

   Sin embargo, en los últimos días la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que mantiene una postura contraria, anuló al menos 5 fallos en ese sentido y ordenó nuevas resoluciones, que en la práctica sería volver a detener a aquellos que habían recibido beneficios excarcelatorios, con el riesgo y el dispendio de recursos que esto provoca.

Fijar una doctrina

   Estas situaciones se van a repetir en la medida que no haya de parte de tribunales superiores una doctrina concreta para definir si es constitucional o no mantener a los autores de delitos graves privados de la libertad durante toda la sanción.

   Las resoluciones de Casación, en el caso de Bahía, alcanzaron a Virginia Guillarmenc, Silvia Úrsula Rodas, Rodrigo Fernando Poblete, Danilo Sebastián Chavez y César Mc Coubrey (en este caso porque no le habían colocado tobillera electrónica), todos condenados a penas de entre 3 años y medio y 4 años y medio de cárcel, por comercio o tráfico de drogas en diferentes procedimientos.

   Los jueces del tribunal porteño, Diego Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa, también pusieron de resalto que el Estado argentino tiene compromisos asumidos en la lucha contra el narcotráfico y que está obligado a extremar los recaudos. Eso incluye no soltar a los delincuentes antes de tiempo.

   Barroetaveña, al citar un fallo de Corte, explicó que la inconstitucionalidad de una ley solo debe declararse en casos extremos y que el rol de los jueces debe mantenerse en el ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar funciones de otros poderes.

"Estoy preocupado"

   El fiscal subrogante ante el tribunal bahiense, doctor Gabriel González Da Silva, reconoció su inquietud por la problemática y anunció que ya formalizó dos presentaciones, una ante el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y otra en Casación Federal, más allá de las apelaciones de rigor en las que obtuvo resultado favorable.

El sistema carcelario suma presos, dramas y no avizora una salida

   "Esto se incrementó durante la pandemia. Y desde hace un año empecé a presentar recursos en Casación. Como representante de la sociedad, estoy preocupado", dijo.

   Según González Da Silva, el artículo 14 del Código Penal es "plenamente aplicable" por tratarse de una política que diseñó el legislador, que considera peligrosos a este tipo de delincuentes.

   De hecho -agregó- la mayoría de los jueces de Casación está en contra de declarar la inconstitucionalidad.

   Y también remarcó el fiscal que existen pactos internacionales que cumplir en materia de narcotráfico y que, al liberar antes de agotar la pena a los condenados por ese tipo de delitos, se ponen a "sujetos peligrosos circulando por la calle".

   Por ese motivo el funcionario elevó un escrito a su jefe Casal para que analice la posibilidad de dar una instrucción general a los fiscales sobre esta postura, ya que hay algunos (como Javier De Luca, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal) que, pese a ser acusadores, consideran inconstitucional las limitaciones a la libertad condicional.

   González Da Silva, por otro lado, le pidió a Casación un fallo plenario que sirva para uniformar la opinión del cuerpo, aunque en este caso es improbable que su planteo sea aceptado, teniendo en cuenta que son excepcionales las resoluciones de ese tipo desde que funciona el órgano casatorio.

"Urgente decisión y alta prioridad"

Persecución. La jueza Ana María Figueroa, de Casación, destacó -en el marco de estas resoluciones- "el compromiso internacional asumido por el Estado Argentino en la persecución del tráfico internacional de estupefacientes, mediante la Convención de la Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

Colectivo. Los Estados partes reconocieron que la erradicación del tráfico ilícito es responsabilidad colectiva de "urgente atención y la más alta prioridad".

Compromiso. "En casos así está comprometida la intervención estatal en el cumplimiento de obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico, uno de los delitos más graves que el Estado debe combatir", dijo la jueza.