Los infractores y la cuarentena

Redacción de La Nueva.

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   En nuestra ciudad las cosas se tomaron con la suficiente seriedad y severidad a la hora de ejercer controles durante la decisión del gobierno de establecer la cuarentena y el aislamiento obligatorio frente a la pandemia del coronavirus.

   La situación era, claro está, completamente inédita para propios y ajenos. El mundo entero debió tomar medidas nunca antes ensayadas frente a una enfermedad que tenía enormes enigmas sobre sus efectos y sus maneras de contagio.

   Pero como sucede e decisiones que se adoptan en el marco de una situación de urgencia y desconocida, a veces es imposible medir el alcance de sus consecuencias, con las cuales hay que lidiar más adelante.

   Una de esas cuestiones es la cantidad e infracciones realizadas a quienes violaron la cuarentena y el aislamiento, que ubica a Bahía Blanca en el segundo escalón a nivel nacional, con más de 11 mil expedientes iniciados en 2020 y parte de 2021.

   Cada infracción conforma un delito a la salud pública y tiene establecido una pena de prisión de entre seis meses y dos años, además de generar un antecedente penal a la persona sancionada.

   Pero lo cierto es que la justicia federal, encargada de resolver estos casos, no tiene ni cerca la capacidad necesaria para dar una respuesta a cada situación, ni llevarlos a juicios, ni pactar audiencias ni nada que permita acercarse a una resolución.

   Porque además de manera simultánea con este delito se suman otros considerados muchos más graves, relacionados con cuestiones de drogas por ejemplo, que exigen una atención más inmediata.

   Sería razonable que la justicia local estableciera algún mecanismo similar al de otras comunas y provincias, de exigir a cada infractor el aporte de un bien de utilidad a hospitales o instituciones benéficas a cambio de cerrar cada causa. De no tomar una medida de ese tipo todas dejarán de existir por el simple paso del tiempo.