Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

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La castración química, la polémica propuesta para enfrentar las violaciones de menores en Perú

Si el Congreso aprueba un proyecto de ley que le presentará hoy el Gobierno en medio del escándalo por el secuestro y ultraje de una niña de tres años.

   Perú podría convertirse en el primer país latinoamericano y octavo del mundo en aplicar la castración química a los violadores de menores si el Congreso aprueba un proyecto de ley que le presentará hoy el Gobierno en medio del escándalo por el secuestro y ultraje de una niña de tres años.

   El ministro de Justicia, Félix Chero, anunció ayer que el gabinete ministerial dejó listo el proyecto para imponer la castración química a los condenados a entre 15 y 25 años de cárcel por violación, con lo que el tema quedará en manos del Congreso, controlado por la oposición.

   Chero aclaró que el castigo, cuestionado desde diversos sectores, no incluirá a los condenados a cadena perpetua por violar a menores de 14 años, pues estos ya no podrán causar más daño a niños, sino a quienes vayan a recuperar la libertad tras pagar sus penas.

   El tema, que eclipsó a los demás temas de agenda en el convulsionado Perú, estalló la semana pasada, tras conocerse lo ocurrido en la ciudad norteña de Chiclayo, donde un comerciante de cartones de 48 años secuestró a su víctima de tres años en un mercado y la llevó a su casa, donde la sometió a torturas y abusos durante horas.

   El hombre, que grabó su acto con el móvil, fue capturado in fraganti tras ser identificado por cámaras de seguridad. Lo confesó todo y aseguró que lo hizo bajo efectos del alcohol. Ahora está en prisión preventiva por nueve meses.

   El caso volvió a poner en el ojo público al tema de la violencia sexual, en un país donde al menos 15 niños sufren abusos cada día y en el que en los últimos cuatro años se han denunciado más de 21.000 violaciones de menores de edad, de acuerdo con estadísticas oficiales

   El presidente Pedro Castillo, quien se sumó al dolor y la indignación popular, retomó la idea de la castración química, que ya había sido debatida anteriormente, pero no había encontrado condiciones para su aplicación.

   “Basta ya. Los crímenes de violencia sexual contra niños y niñas no serán tolerados por este Gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es nuestro”, dijo Castillo antes de dar instrucciones al Ministerio de Justicia para que avance con el proyecto.

   La castración química, que consiste en controlar mediante procesos químicos la producción de testosterona, solo es usada como castigo en Corea del Sur, Estonia, India, Indonesia, Moldavia, Polonia, Rusia y en siete estados de Estados Unidos.

   En países latinoamericanos como Bolivia, Chile, Colombia o Panamá ha habido proyectos al respecto, mientras que en otros, como Argentina, el procedimiento se puede usar si es solicitado en forma voluntaria.

   En medio de reacciones adversas en Perú contra ese castigo por parte de abogados, médicos, psicólogos, sociólogos y farmacólogos, expertos como el reputado urólogo Alberto Tejada, especialista en Medicina Sexual y magíster en Políticas Públicas, advirtieron que el Gobierno y el Congreso pueden usar el tema con fines políticos.

   Concretamente, Tejada, exministro de Salud, se refirió a que el Ejecutivo y el Legislativo, afectados según las encuestas por una fuerte impopularidad, podrían buscar congraciarse con una población que presumiblemente está a favor de medidas duras ante la gravedad del problema.

   Los congresistas hasta ahora se han mostrado cautos, aunque algunos, como el derechista radical José Cueto, dijeron que lo que se necesita es la pena de muerte, que en Perú solo se acepta para traición a la patria o determinados actos de terrorismo, aunque en la práctica no se aplica.

   Para la socióloga Liz Meléndez, directora de la ONG feminista Flora Tristán, la propuesta de la castración química demuestra desconocimiento de la violencia sexual, pues lo que hay en esas agresiones es “la apropiación del cuerpo de una persona a la que se desprecia y a la que se percibe vulnerable”.

   Varios psicólogos y psiquiatras han coincidido en que esos ataques, más que una expresión sexual, son un ejercicio de poder, y por eso las víctimas suelen ser sujetos vulnerables, como mujeres, niños o personas con discapacidad.

   En ese marco, la psicóloga Jimena Herrera le explicó a Télam que un agresor sexual, incluso con la libido reducida o sin posibilidades físicas de tener una erección –que es a lo que finalmente apunta la castración química- puede violar usando otras partes de su cuerpo o algún objeto.

   Para Meléndez, lo que realmente se necesita en ese marco es una política de largo plazo con la que, a través de la educación temprana, se cambie "el imaginario de discriminación y de cómo se conceptualiza a la mujer”.

   La abogada Beatriz Ramírez, también crítica de la castración química, estima que lo que debe hacer el Estado, además de lo educativo, es poner en práctica mecanismos que están vigentes pero no se usan, como el Registro Nacional de Condenados o la circulación de denuncias policiales.

   Con el Registro Nacional de Condenados, destacó Ramírez, se pueden saber los antecedentes judiciales de una persona para que, por ejemplo, un pederasta no pueda estar cerca de niños. Según la abogada, el Poder Judicial lleva años intentado sin éxito que se le asignen recursos para una web en ese sentido, pero sin éxito.

   Las denuncias policiales, por un decreto de emergencia de 2020, pueden quedar a disposición de los ciudadanos que la soliciten. Sin embargo, la letrada señaló que los policías desconocen la norma y no entregan esa información.

   Para los expertos, esas medidas podrían financiarse con lo que se deje de gastar en la castración, un procedimiento que presumiblemente le costará una importante cantidad al erario. Las inyecciones son bimensuales y permanentes, pues si se dejan de aplicar el procedimiento pierde efecto.

   Perú es considerado un país extremadamente difícil para mujeres y niños por la violencia sexual y de género. Casos como el de Chiclayo se dan con frecuencia, aunque no siempre tienen repercusión mediática.

   Desde hace años se aplica en la educación el llamado Enfoque de Género, que busca concientizar sobre temas de género, pero que ha sufrido ataques reiterados de sectores religiosos y de políticos conservadores tanto de la derecha radical como de la izquierda radical. (Télam)