Bahía Blanca | Martes, 09 de agosto

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Contaminación en la ría: exdirectivo de PBB deberá pagar 500 mil pesos

Jorge Bornemann, procesado por afectación ambiental en una causa iniciada en 1998, acordó la suspensión de juicio a prueba. Tendrá que aportar el dinero a una ONG de La Plata y a un organismo del Estado dedicados a la materia. 

   La Justicia Federal de Bahía Blanca le otorgó la suspensión de juicio a prueba a un exdirector gerente de una empresa del Polo Petroquímico, a partir de una denuncia de Greenpeace por contaminación del estuario.

   La medida alcanza al ingeniero Jorge Alberto Bornemann, a quien le habían rechazado el sobreseimiento a fines de 2021, pese a haber pasado más de 20 años del inicio de la causa (1998).

   El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, a través de su juez Ernesto Sebastián, resolvió el caso.

   Fue en medio de una audiencia, vía Zoom, de la cual tomaron parte el doctor Sebatián; la secretaria de la Fiscalía General, María Kairuz; los defensores Nicolás Durreieu y Rafael Gentili y el propio acusado, que actualmente tiene domicilio en la ciudad de Rosario.

   La probation se definió luego de que todos aceptaran los términos y condiciones, entre ellos la acusación.

   En vez de hacer trabajo no remunerado (artículo 27 bis, inciso 8, del Código Penal), Bornemann donará 200 mil pesos a la Fundación Biósfera, una ONG ambientalista que tiene asiento en La Plata y, a modo de resarcimiento del daño, pagará 300 mil pesos a la Dirección Nacional de Parques Nacionales, órgano dependiente del Ministerio de Ambientes y Desarrollo Sostenible.

   Para ambos aportes tendrá un plazo de depósito de un mes.

   Por otra parte, el exdirectivo empresarial deberá fijar domicilio durante 2 años, del cual no podrá mudarse salvo notificación al tribunal y tendrá que someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y abstenerse de consumir drogas o abusar de bebidas alcohólicas.

   Bornemann está acusado de violar el artículo 55 -en función del 57- de la ley 24.051 (residuos peligrosos) que prevé penas de entre 3 y 10 años de prisión y alcanza a quien "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".

   Al habilitar el acuerdo, el juez Sebastián destacó que, según el el informe del 25 de febrero pasado del Registro Nacional de Reincidencia, el imputado no cuenta con antecedentes penales, con lo cual resultaría posible la eventual aplicación de una pena en suspenso, bajo los principios de "racionalidad y proporcionalidad".

   En caso de cometer un nuevo delito o no cumplir con las reglas impuestas, sí será sometido a juicio oral.

Camino sinuoso

   En diciembre de 1998, la organización ecologista Greenpeace presentó una denuncia penal contra Dow Chemical y Solvay-Indupa, por arrojar líquidos contaminantes en la ría, a escasos kilómetros de la plaza Rivadavia y a dos del balneario Maldonado.

   Señalaron que las muestras de agua y sedimentos analizados dieron como resultado altas concentraciones de metales pesados como mercurio, cadmio y plomo, junto con clorobencenos e hidrocarburos aromáticos; algunos de ellos, cancerígenos, según argumentaron.

   "Las informaciones divulgadas por Greenpeace distorsionan la realidad", expresó de inmediato un comunicado de prensa del grupo Solvay-Indupa SAIC, quien por entonces aseguró que sus efluentes industriales respondían a los valores previstos por la ley.

   En ese momento Bornemann (PBB-Polisur) remarcó que la denuncia aludía a "una simple enunciación de elementos contaminantes, sin precisar en qué concentraciones se hallaron" y que "siempre respetamos las reglas más estrictas".

   El trámite judicial se hizo excesivamente lento, se prolongó por más de 20 años e incluso a Bornemann lo sobreseyeron en 2001, le revocaron la medida en 2005 y lo volvieron a sobreseer, aunque finalmente la Cámara Federal modificó ese beneficio y quedó procesado sin prisión preventiva hasta hoy, que se dio la suspensión de juicio a prueba.

   A fines de 2021 su defensa había vuelto a pedir el sobreseimiento, por prescripción de la acción penal al no ser juzgado en un plazo razonable.

   Los abogados aseguraron que el plazo de trámite era dos veces más extenso que el monto de la pena máxima prevista en el delito (10 años).

   Sin embargo, el tribunal bahiense lo rechazó, atento la complejidad de la causa, la multiplicidad de derechos afectados y la sucesiva presentación de jueces subrogantes.

   Explicaron que si bien toda persona tiene derecho a librarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, también lo tiene los integrantes de la sociedad para ver protegidos sus derechos y, tomando en cuenta el valor del ambiente como un bien intergeneracional, avalan el impulso para avanzar hacia el juicio.

Otra causa que avanza con lentitud

Advertencia. El año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca advirtió "un estancamiento" en otra investigación por la contaminación en la ría de nuestra ciudad, a más de 10 años de iniciada la causa judicial.

Convenio. La opinión se dio en el marco de una resolución por la cual se dejó sin efecto un convenio que tiempo atrás habían homologado la Fiscalía Federal N° 2 y la empresa Profertil, para minimizar el impacto ambiental en el estuario.

Apelación. Los camaristas aceptaron una apelación de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca y de la propia Fiscalía Federal ante el tribunal superior y así frustraron el convenio.

Preocupante. Un informe de la UBA, incorporado a la causa, recomendó la prohibición de captura y consumo de peces y otras especies del estuario bahiense, por la alta presencia de metales pesados.

Ejemplo. Los metales se encontraron en especies de importancia comercial como “la corvina rubia, langostinos, mejillones, camarones y ostras en valores que superan 10 y 40 veces lo permitido”.